La RIS, un debate “de calado” pendiente
El Parlamento de Navarra aprobó el pasado 26 de febrero un nuevo cambio en los trámites de la Renta de Inclusión Social (RIS). Otro cambio más, a sumarse a los realizados en 2012, con el PSN todavía en el co-gobierno con UPN, y que supuso el paso de la Renta Básica a la actual Renta de Inclusión Social, siendo más exigente en los requisitos. Este cambio fue polémico, y desde la oposición se criticó que entre 2.500 y 3.500 familias habían quedado fuera de esta prestación (la condición clave era que las personas solicitantes estuvieran empadronadas en Navarra durante 24 meses), dejando sin ayuda a personas en situación administrativa irregular. Esta situación motivó una iniciativa de la red de lucha contra la pobreza, que pidió volver al espíritu de la Renta Básica, un guante recogido por grupos como Bildu, Aralar, Izquierda-Ezkerra y Geroa Bai. UPN y PPN, mientras, se posicionaron en contra, entre otras cuestiones alegando el coste que tendría esa ampliación de posibles beneficiarios (los regionalistas hablaron de 32,3 millones) y el PSN optó por una posición intermedia, manteniendo algunos requisitos pero extendiendo los posibles beneficiarios. Al final, nadie concluyó que el debate estuviera cerrado, sino que más bien pesó la sensación de que se había alcanzado un pacto para salir del paso, con las elecciones forales entonces a la vuelta de la esquina.
Unos y otros se acusaron de electoralismo y de recortes dramáticos. Precisamente estas cuestiones, pero sobre todo de la necesidad de un debate de fondo, son de las que se hace eco un grupo de trabajadoras y trabajadores sociales, principalmente del Ayuntamiento de Pamplona pero también de algún otro consistorio, que se preguntan por qué en este tema no se ha contado ni con los y las profesionales de los servicios sociales ni con los usuarios y usuarias. A través de un artículo de opinión, cuestionan por qué una prestación surgida en torno a 1990 y con miles de posibles familias beneficiarias ha afrontado tantos cambios y nunca un debate “de calado”.
“Desde nuestra óptica profesional, estas modificaciones, que afectan de manera significativa a las familias perceptoras, para bien o para mal en función de los vaivenes de la legislatura del momento, nos preocupan. Pero también nos desconciertan. Y además, no las entendemos más allá de su oportunidad política, su utilización como estrategia electoral o el reconocido valor mediático desplegado alrededor de la pobreza y la exclusión”, apuntan.
Ahora que, precisamente, cada partido marca sus posiciones de cara a las elecciones forales sobre este tema, este grupo de trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos han querido pedir un debate más sosegado y, alejado de “idas y venidas”, y ser tenidos en cuenta. Porque, hasta ahora, se sienten “invisibles”.
Recuerdan que la RIS, una prestación para personas en situación de necesidad, se concede a través de los servicios sociales de base y de las unidades de barrio y, así, defienden que tienen contacto directo con las personas que la solicitan. Por ello, quieren sentirse parte de ese debate pendiente sobre su posible diseño, si debería ser más cercano a la RIS o a la Renta Básica, si favorece las políticas sociales y qué exigencias deben plantearse, porque en la actualidad, según puntualizan estas fuentes, quien la solicita debe probar “sobradamente” que la merece.
Un debate contra la “confusión”
Afirmaciones como estas hacen referencia a la cuestión de fondo, a menudo también planteada a pie de calle, sobre si este tipo de rentas deben ser universales, su cuantía y su coste para las arcas forales. Su posición es la apuesta por una prestación económica que salga de los servicios sociales, universal y garantista, similar, por ejemplo, a la que “puedes percibir si te quedas en el paro”. Pero también recuerdan que, hasta ahora, el Gobierno Foral se ha planteado la inversión en este tema más bien como “un derroche” e insisten en que esa visión economicista también forma parte del debate. Pero defienden que, además de un gasto en esta materia, también hay un retorno con estas prestaciones.
En general, consideran que entre la ciudadanía pesa la “confusión” en torno a la RIS, entre los argumentos del Gobierno, las acusaciones de la oposición y las reivindicaciones del mundo asociativo; entre las críticas a los ajustes y las posiciones populistas. Un tema de calado, pendiente y en el que piden ser escuchados: “No vamos en contra de nadie, pero queremos abrir el debate”.
