El Parlamento aprueba la Ley de Transparencia por unanimidad salvo en la parte que crea el Consejo regional

El Pleno del Parlamento ha aprobado de forma definitiva este lunes la Ley de Transparencia de la Actividad Pública de Cantabria, que prevé su entrada en vigor en el plazo de seis meses. El texto, que el Gobierno remitió a la Cámara a finales de 2016, hace un año y tres meses, se ha aprobado por unanimidad salvo los artículos y disposiciones relativas a la creación del Consejo de Transparencia de Cantabria, en los que el PP ha votado en contra.

Por parte del Gobierno ha defendido el texto el consejero de Presidencia y Justicia, el regionalista Rafael de la Sierra, quien ha considerado que “estamos ante una buena ley en términos generales, que garantiza mejor el derecho de los ciudadanos a conocer la gestión pública” y “cumple de sobra el objetivo de desarrollar la transparencia y hacer que sea una realidad en Cantabria en la actividad pública”.

Durante la tramitación del proyecto de ley se han incorporado al mismo más de la mitad de las enmiendas presentadas por los grupos, 70 de un total de 137, y todas las que han llegado vivas al Pleno han sido rechazadas. Durante el debate, el PRC y el PP se han cruzado reproches por el “retraso de tres años” que sitúa a Cantabria “en el vagón de cola” de las comunidades autónomas en la aprobación de leyes autonómicas de transparencia.

De la Sierra ha comenzado su intervención destacando que la norma ha sido impulsada por el Gobierno de Cantabria “por convicción política” y por considerarla un “requisito imprescindible de la acción de gobierno”. El consejero ha defendido en el debate la necesidad de una norma propia para Cantabria para adaptar la Ley nacional a la realidad de la región y mejorar su efectividad.

Al mismo tiempo, ha destacado que la legislación de Cantabria es un “avance” sobre la norma estatal, tal y como ha subrayado la Agencia Española de Protección de Datos, al clarificar cuestiones en el acceso a la información pública, el marco de reclamaciones ante el Consejo de Transparencia y resolver las obligaciones de publicidad activa con determinados supuestos no incluidos a nivel nacional, respecto a los saldos bancarios y las agendas institucionales de los gobiernos autonómico y local.

Ha afirmado que la Ley somete a las obligaciones de transparencia no solo a la administración pública y sus entes, sino también a los prestadores de servicios públicos y a las personas que ejerzan potestades administrativas, los adjudicatarios de contratos del sector público, los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales, así como las asociaciones y fundaciones privadas que se financien con fondos públicos, a partir de ciertos umbrales -25.000 euros o cuando el 40% de su financiación sea dinero público-.

Incluye, además, la creación del Consejo de Transparencia de Cantabria como órgano que actuaría con independencia orgánica y funcional, aunque “se deja en suspenso” y no se contempla a corto plazo; y establece los mecanismos adecuados para que “la nueva cultura de la transparencia no quede en una mera declaración de intenciones”. Por eso, ha apuntado, se establece un régimen sancionador, que persigue “garantizar y hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a la transparencia pública”.

La entrada en vigor será a los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), de manera que, toda la información que se prevé publicar, esté disponible en formatos accesibles y reutilizables y dé tiempo a realizar los oportunos cursos de formación, tanto a los sujetos obligados como a los empleados públicos. En su caso también permitirá hacer las oportunas campañas de promoción.

El consejero ha opinado que las enmiendas de los grupos han mejorado el texto y que las que han llegado al Pleno, “legítimas y lógicas”, “en pocos aspectos ponen en cuestión la ley”. Tanto De la Sierra como el portavoz parlamentario del PRC, Pedro Hernando, han expresado su agradecimiento a Podemos, que accedió a retirar la proposición de ley que presentó al principio de la legislatura ante la intención del Gobierno de tramitar un proyecto de ley con “amplia participación pública”.

Podemos: “Lo sentimos como propio”

“Es tan nuestro que lo sentimos como propio”, ha dicho al respecto el portavoz de Podemos, Alberto Bolado, quien ha asegurado que “en un 80% es la ley que en su día redactó y presentó” su partido. Aunque “llega tarde y hay cuestiones francamente mejorables”, ha hecho un “balance positivo” porque “es una ley de las que cambian Cantabria”, y ha advertido que Podemos estará “vigilante para que sea eficaz en su aplicación práctica y no quede en papel mojado”, especialmente en lo que se refiere al régimen sancionador.

La portavoz del PP, Isabel Urrutia, ha criticado que “no es el proyecto de ley de todos, ni tan siquiera del Gobierno, sino que es de el proyecto de ley de un grupo de la oposición -Podemos- y de un grupo de los dos que apoyan al Gobierno -el PRC-”.

Además, ha acusado a los regionalistas de “retrasar y entorpecer” la tramitación de la ley, en lo que ha calificado como “una estrategia de demora” para que el Gobierno no tenga que cumplirla en esta legislatura. Urrutia ha opinado que “no es la Ley de Transparencia que Cantabria necesita” y ha exigido una rápida publicación de la misma.