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Podemos llevará a la Fiscalía el contrato público-privado de Valdecilla "si el Gobierno no lo hace"

La consejera de Sanidad, María Luisa del Real, afirmó esta semana que existen "indicios claros" de que el anterior gerente de Valdecilla, César Pascual, "pudo beneficiar" a la empresa adjudicataria del Contrato Público Privado

Los responsables del SCS afirman en el Parlamento que "en el contrato de colaboración público privada de Valdecilla están las verdaderas ilegalidades"

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Podemos Cantabria llevará ante la Fiscalía el contrato de colaboración público privada (CPP) del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla "si el Gobierno de Cantabria no lo hace".

Así lo ha declarado este viernes el diputado de la formación morada Alberto Bolado, después de que el director gerente del Servicio Cántabro de Salud, Julián Pérez Gil, afirmara esta semana en la Comisión de Sanidad del Parlamento que "las verdaderas ilegalidades" están en el CPP de Valdecilla.

En el transcurso de la comparecencia de la consejera de Sanidad, María Luisa del Real, en la misma comisión, para tratar de esclarecer las irregularidades denunciadas por la jefa de Contratación del Servicio Cántabro de Salud, Bolado ha afirmado que existen "indicios claros" de que el anterior gerente de Valdecilla, César Pascual, "pudo beneficiar" a la empresa adjudicataria del CPP.

"¿Qué más necesita señora consejera?: La recepción de la obra sin finalizar, las ilegalidades que ha puesto de manifiesto el gerente del SCS el pasado miércoles, el gerente responsable de poner en marcha ese contrato (César Pascual) imputado por favorecer a la empresa adjudicataria (Ferrovial), la hija de este señor, menos de un año después de adjudicar el contrato, trabajando para Ferrovial, la atipicidad del propio contrato... Hay indicios más que suficientes", ha afirmado.

Bolado ha hecho estas afirmaciones después de que esta misma semana, Pascual haya sido cesado por el nuevo presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, del cargo de director general de Coordinación para la Asistencia Sanitaria que ha ocupado durante el gobierno de Cristina Cifuentes.

Pascual, secretario de Sanidad en la Ejecutiva del PP de Cantabria, está imputado junto a otros altos cargos por un presunto delito de prevaricación administrativa por la contratación del servicio de ambulancias de la Comunidad de Madrid, adjudicado al mismo grupo empresarial que el CPP de Valdecilla.

El diputado de Podemos ha animado al Gobierno de Cantabria a trasladar las irregularidades ante la Justicia "porque tienen los medios y recursos para destaparlo", pero si no lo hacen "lo haremos nosotros", ha dicho.

"Este es un camino en el que creemos que es mejor colaborar que ser los primeros, por lo que cuando quieran estamos a su disposición para trabajar en esta línea, ha dicho Bolado, quien ha citado el caso del hospital de Alzira (Valencia), "cuya privatización fue revertida por la colaboración entre PSOE, Compromís y Podemos".

Y ha tendido la mano al Ejecutivo para "acabar con las políticas de recortes, privatización y corrupción" que, a su juicio, encarnan César Pascual y María José de Buruaga, presidenta del PP que impulsó el CPP de Valdecilla en la anterior legislatura durante su mandato como consejera de Sanidad y vicepresidenta del Gobierno.

La consejera de Sanidad ha replicado al diputado de Podemos que el Gobierno PRC-PSOE ya ha llevado a los tribunales, y también al Consejo de Estado, las "irregularidades" que ha detectado en el CPP, entre ellas la resolución del exgerente César Pascual que impedía hacer deducciones a la adjudicataria por incumplimiento de los estándares de calidad de los servicios, que está en el juzgado pendiente de sentencia.

"Cuando haya sentencia actuaremos en consecuencia", ha dicho Real, quien ha recordado que el Gobierno ha ganado a la adjudicataria del CPP dos pleitos que la obligan a hacerse cargo del transporte sanitario y el mantenimiento del robot Da Vinci, con un coste de 150.000 y dos millones de euros anuales.

Por otro lado, la consejera de Sanidad ha reprochado al PP que "presuma" de un contrato que supone "una hipoteca de 900 millones de euros durante 20 años", y le ha pedido que "reflexione" sobre el hecho de que la nueva Ley de Contratos "prohíbe este tipo de contratos".

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