Deniegan la residencia humanitaria a dos extranjeros con trasplante renal y de corazón

Dos ciudadanos africanos con graves problemas de salud están a punto de perder su permiso de residencia que obtuvieron por razones humanitarias el año pasado. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) recurrirá las dos resoluciones de la Subdelegación de Gobierno en Bizkaia, notificadas el pasado 7 de mayo, en las que se deniega la renovación de la autorización de residencia, en favor del ciudadano nigeriano J.O., que sufrió un trasplante de riñón en junio de 2013, y del senegalés M.M.F., que tiene colocada una válvula aórtica como consecuencia de una grave dolencia cardiaca, en espera de un trasplante de corazón.

Ambos obtuvieron el año pasado una primera Autorización de Residencia por Circunstancias Excepcionales y Razones Humanitarias, “reconociendo entonces el Subdelegado del Gobierno en Bizkaia, Ignacio Erice, que los dos africanos estaban imposibilitados para trabajar por sus graves dolencias”.

Sin embargo, CEAR ha denunciado que “pese a que ambos siguen precisando tratamiento médico y farmacológico”, la Subdelegación de Gobierno en Bizkaia “considera ahora que no procede la renovación de sus tarjetas porque ambos se encuentran 'curados' de sus respectivas dolencias, que además ya 'no son graves', por lo que pueden ser atendidos en sus países de origen”.

CEAR ha explicado que, si quieren quedarse en España recibiendo asistencia sanitaria y manteniendo situación de legalidad, deben justificar que disponen de unos ingresos mensuales mínimos de 2.130 euros, suma equivalente a 400 euros del I.P.R.E.M. (Indicador Renta Efectos Múltiples) que asciende a 532,51 euros al mes.

“Inmediatamente recurridas”

Las dos resoluciones administrativas, “absolutamente inéditas e incomprensibles”, van a ser “inmediatamente recurridas” en vía judicial ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao, con solicitud para la adopción de medidas cautelares en su caso, ha avanzado CEAR.

Al mismo tiempo, la comisión elevará queja ante el Defensor de Pueblo y otras instancias por lo que supone de “salto cualitativo en la política de extranjería que se está llevando a cabo por parte de nuestras autoridades”.

CEAR ha advertido de que los dos ciudadanos africanos, “al dejar de recibir la asistencia sanitaria que precisan, pueden sufrir serias consecuencias en su salud y se puede poner en peligro sus vidas”. Recordamos la reciente advertencia realizada al Gobierno español.