La Fiscalía secunda a la víctima de abusos en Gaztelueta y pide al Supremo que ratifique la condena al profesor
La Fiscalía del Tribunal Supremo, en un contundente escrito de 16 folios al que ha tenido acceso eldiarionorte.es, secunda plenamente a la familia del joven que denunció abusos sexuales continuados por parte de su tutor en el colegio masculino del Opus Dei Gaztelueta, ubicado en la localidad vizcaína de Leioa. El ministerio fiscal, al igual que la abogada de la víctima, Leticia de la Hoz, solicita al alto tribunal que desestime el recurso de casación presentado por el abogado del docente, Eduardo Ruiz de Erenchun, en el que pedía una revisión total de la condena de 11 años de cárcel impuesta por la Audiencia Provincial de Bizkaia contra su cliente al dar por probados los hechos, que se produjeron entre 2008 y 2010, cuando la víctima apenas tenía apenas 12-13 años.
En su apelación, Ruiz de Erenchun, penalista navarro que representó también al asesino de la joven guipuzcoana Nagore Laffage, acusaba abiertamente al tribunal, presidido por el magistrado Alfonso González Guija, de haber condenado a su cliente, José María Martínez Sanz, sin que existieran pruebas directas. Es más, el propio colegio Gaztelueta, conocida la sentencia, se permitió dar una rueda de prensa para cargar contra la Justicia y para defender la inocencia de su antiguo profesor. El actual director del colegio del Opus Dei, Imanol Goyarrolla, llegó a mostrar el despacho en que se produjeron los abusos sexuales para insistir en que era imposible que allí hubiese ocurrido nada semejante.
La fiscal del Supremo asignada al caso, Isabel Rodríguez Mateo, no sólo remarca que la declaración de la víctima es absolutamente creíble, sino que hay que tener en cuenta el ambiente del Opus Dei para valorar que, en un inicio, no contará todo lo que sufrió. “En primer lugar, y para analizar el parámetro ahora cuestionado, hemos de partir no sólo de la edad que tenía [la víctima] cuando sucedieron los hechos, 12/13 años, sino del entorno en que tales hechos se desarrollaron, un colegio del Opus Dei de fuerte raigambre religiosa, y más concretamente en el despacho de un profesor/preceptor encargado de 'guiar su proceso formativo a través de una formación humana en valores'. Por lo tanto, el hecho de que la víctima no narrara desde el inicio de su periplo, que podríamos considerar como un auténtico 'via crucis', un relato unívoco, sino que, según ha ido madurando o simplemente encontrándose psicológicamente más preparado, haya encontrado fuerzas para contar los actos de agresión del profesor, no podemos entenderlo como una falta de persistencia en la incriminación”, se puede leer en el documento de la Fiscalía.
Los expertos de la defensa no trataron a la víctima
Rodríguez Mateo afea también a la defensa del profesor que alegue que no son fiables las valoraciones profesionales de los psicólogos y psiquiatras que trataron a la víctima a lo largo de los años mientras, por el contrario, plantea que sí lo son las teorías de otros expertos contratados por la defensa que nunca pasaron consulta con el joven. Llegaron a sostener que la denuncia era una fabulación, como también que su familia indujo el testimonio o que tenía problemas mentales previos. “Todos los profesionales que depusieron en el juicio oral convergieron en tres puntos, a saber, la credibilidad de [la víctima] en cuanto al relato de los abusos, la existencia de un trastorno de estrés postraumático derivado de los abusos y la inexistencia de una previa enfermedad psicótica. Todos ellos trataron [a la víctima], y llegaron a la conclusión de que no fabulaba al contar lo sucedido ni que se tratase de un falso recuerdo. Por su parte, la psiquiatra María José Martínez Arévalo y el doctor Manzanero y la doctora Vallet [los contratados por el profesor] también convergen en un punto: ninguno de los tres ha explorado [a la víctima], proviniendo sus fuentes de conocimiento de los informes que obran en el procedimiento judicial”.
El abogado Ruiz de Erenchun y el entorno del Opus Dei también hicieron ver que la condena de 11 años no se ajustaba a derecho porque la petición máxima de las acusaciones, en este caso la de la familia, era de 10 años. Este periódico ya explicó que, en verdad, la letrada De la Hoz planteaba penas por dos delitos, uno de 10 años y otro más de 4, 14 en total. Así lo destaca también la Fiscalía en un giro respecto a su propio posicionamiento en el juicio, que inició con una petición de 3 años de prisión y acabó con una “alternativa” aún más favorable, 20 meses, que no supondrían la entrada efectiva en la cárcel al carecer el acusado de antecedentes penales.
El Opus Dei apela al precedente de Otegi
Finalmente, el ministerio fiscal también desecha la última bala de la defensa: acusar de parcialidad al tribunal por el tono de sus preguntas durante la vista, que se celebró en Bilbao en octubre. Ruiz de Erenchun se agarró a la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que dio la razón a Arnaldo Otegi frente a la juez de la Audiencia Nacional Ángel Murillo, que realizó varios comentarios durante el juicio contra el todavía hoy dirigente de la izquierda abertzale. La fiscal remarca que ambos casos nada tienen que ver y que las preguntas del presidente de la sala, González Guija, eran simplemente complementarias o aclaratorias.
Tras este escrito, que sigue al de la familia en el mismo sentido, la pelota queda ahora en manos de la sala segunda del Tribunal Supremo, que deberá determinar si ratifica la condena de 11 años contra Martínez Sanz. La familia de la víctima entiende que no cabe otra opción tras el espaldarazo del ministerio fiscal y se muestra confiada en que el denominado 'caso Gaztelueta' quede al fin finiquitado para que la víctima pueda rehacer su vida. Por el momento, el docente se halla en libertad provisional hasta que la sentencia sea firme.
