Gipuzkoa se plantea la supresión de una ayuda social por su 'efecto llamada'
La Ayuda de Garantía de Ingresos (AGI), que solo existe en Gipuzkoa, no cumple el objetivo de inserción y genera “nuevas necesidades” debido a su “efecto llamada” de extranjeros, ya que al ser exclusiva de este territorio se genera una especie de “isla”. Estas son las conclusiones de un informe elaborado por la Diputación sobre la eficiencia de esta ayuda, puesta en marcha en julio de 2012 por el Ejecutivo foral, entonces gobernado por EH Bildu. En ese momento, EH Bildu justificó su creación por el endurecimiento que habían experimentado los requisitos para acceder a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), la ayuda que cubre a toda Euskadi. Es decir, que la AGI nació para los guipuzcoanos que no podían acceder a la RGI porque, a pesar de tener el perfil para cobrar esta prestación, no cumplíann con el requisito de llevar tres años empadronados en el territorio. En la nueva ayuda foral, en cambio, solo se pedía un año de empadronamiento, además del resto de requisitos de la RGI.
La diputada de Políticas Sociales, Maite Peña, acompañada por el jefe de servicio de planificación, concertaciones y prestaciones económicas de su departamento, Jon Iribar, han presentado en las Juntas Generales un informe sobre la evolución y deriva de la ayuda. Iribar, autor del estudio, ha cuantificado en 1.400 el número de perceptores que mensualmente cobran esta ayuda. Cada perceptor de AGI cobra de media 706,6 euros mensuales –el coste total es de 11 millones anuales–. La ayuda se percibe hasta que el solicitante puede optar ya a la RGI. “El principal problema de la AGI es el carácter singular y exclusivo de Gipuzkoa, lo que dota de un carácter de isla a nuestro territorio”.
“La AGI es una ayuda para extranjeros”, ha sentenciado Iribar, quien ha puesto de relieve que la fotografía de sus perceptores no se corresponde con la inmigración real en Gipuzkoa, ya que la mayoría de los que reciben este dinero procede de África (50%) y Asia (32%). El perfil de los perceptores de la AGI en su inmensa mayoría se corresponde con el de varones jóvenes de entre 23 y 35 años, sin cargas familiares.
Sin AGI, más exclusión
Iribar ha reconocido que si no hubiera AGI habría más exclusión en Gipuzkoa, pero se ha preguntado “qué parte de esa exclusión” está en el territorio porque ha venido para cobrar esa ayuda. Además, ha remarcado es una cuantía económica que no viene acompañada de otros recursos que podrían facilitar la inserción.
Entre las ventajas, ha destacado que es una alternativa para las personas o familias que no dispongan de ningún otro recurso y que “hasta puede ser una herramienta a disponibilidad de los ayuntamientos, para ofrecer algo a quien viene en situación de necesidad”. Además de ayuntamientos, la Diputación ha consultado para realizar su estudio con tres entidades representativas del tercer sector. Las tres coinciden en que, en mayor o menor medida, la AGI tiene un “efecto llamada” y que la ayuda exclusivamente económica debería dotarse de otros recursos que faciliten la inserción.
EH Bildu recuerda a los refugiados
EH Bildu recuerda a los refugiadosLas conclusiones del informe de la Diputación han despertado el rechazo de los grupos de la oposición, que temen por la supervivencia de la ayuda. El portavoz de EH Bildu, Ernesto Merino, ha acusado a la Diputación de actuar con “hipocresía”, ya que critica la AGI mientras defiende “con la boca pequeña” la llegada de refugiados. Para Merino, se trata de una “decisión política” que ya está tomada y que la Diputación impulsa ahora una “campaña de desprestigio”. Y ha alertado que la eliminación de la AGI podría provocar, por ejemplo, que “500 niños se queden debajo de un puente”.
Mónica Mora, de Podemos, ha criticado que se utilice la expresión “efecto llamada” en un informe técnico y ha advertido de que la modificación o eliminación de la AGI provocaría una extensión de la pobreza. Los grupos junteros del PSE, PNV y PP han apelado a la ronda de contactos que la Diputación iniciará con el objetivo analizar esta cuestión, optimizar los recursos públicos y evitar que se «cronifiquen» las situaciones de pobreza.
