El Supremo confirma la prisión para el expresidente de Anesvad
Una apropiación indebida de 7,5 millones de euros. Aportaciones que llegaban a la Fundación Anesvad de los socios y que tenían una “reconocida utilidad social”. Un dinero destinado a las campañas genéricas de la Fundación Anesvad, o para proyectos sociales y humanitarios: los leprosos de la famosa isla de Culión, en Filipinas, o para Misión China o para el proyecto Ulcera de Buruli. Pero el presidente de esta fundación hasta 2007, José Luis Gamarra, prefirió meter la mano en el saco común de la organización que presidía. Y con el dinero apropiado hizo un poco de todo: comprar un coche a su sobrina, pagar parte de su vivienda habitual, invertir, dar gratificaciones y, como si de un banquero se tratara, concedió incluso créditos sin interés a algunos empleados en Anesvad. Llegó también a quedarse con una donación de una persona que se la había dejado a Anesvad y que estaba en una cuenta en Suiza.
Tras descubrise esta conducta delictiva, fue juzgado y la Audiencia de Bizkaia le condenó en abril de 2012 a seis años de prisión por apropiación indebida de más de 7,5 millones de euros entre 1996 y 2006 y por traspasar esa cantidades a diferentes cuentas opacas que llevaban su nombre. Además, fue condenado a devolver a Anesvad los 3,2 millones que no había retornado a la fundación una vez destapado el escándalo. Ahora, el Tribunal Supremo ha confirmado punto por punto la sentencia de la Audiencia vizcaína. El ponente de la resolución judicial del Alto Tribunal es Manuel Marchena. Y con el resto de la Sala -formada por Carlos Granados, Andrés Martínez Arrieta, José Manuel Maza y Miguel Colmenero- ha rechazado el recurso de Gamarra contra la resolución de la Audiencia de Bizkaia.
La Audiencia consideró probado que Gamarra, presidente de Anesvad desde su fundación hasta 2007 y cónsul honorario de Filipinas (1995-2007), se apropió de una cantidad superior a 7,5 millones de la fundación. Una cantidad que pasó a cuentas “opacas” que él gestionaba y que no figuraban en la contabilidad de la fundación. Los fondos provenían de aportaciones de socios y colaboradores de Anesvad.
El letrado del expresidente de Anesvad argumentó en su recurso que se habían vulnerado los derechos fundamentales de su cliente, entre otras cosas, porque la denuncia inicial que destapó el caso fue anónima. El Supremo no lo ve así. Y explica que aunque una denuncia proceda de una fuente anónima, no impide que los hechos se investiguen y que tanto el fiscal como el juez los valoren y contrasten.
La sentencia que ahora ha confirmado el Supremo fijó que Gamarra, junto a otras personas también condenadas, dispuso de fondos propiedad de Anesvad para “fines particulares propios o ajenos”, desviándolos de los “fines sociales para los cuales se recibían los donativos”, señalaba la resolución del pasado año. El resto de los condenados son José Miguel Sustacha Olabe, director general de Anesvad, y José Francisco Martínez Fernández, director financiero, hasta que fueron despedidos en 2005.
Tras el escándalo, Gamarra fue apartado y la fundación Anesvad, con sede en Bilbao, renovó casi toda su direccion. La asociación remontó poco a poco la mala imagen que dejó su presidente y siguió con los proyectos que le han situado en el mapa de la solidaridad y la acción social.
