Un año después del destape del caso más grande de abuso clerical en Ecuador, ¿qué ha pasado?
Una mañana de agosto de 2017, escurrido en un sillón de un hotel en Guayaquil, un joven veinteañero me contó que había sido víctima de abuso sexual, y que su abusador era un sacerdote: Luis Fernando Intriago.
Dijo que había vivido con el cura hasta enero de ese año, que había sido su asistente personal y había pasado por la dinámica del pecado. “La famosa dinámica”, dijo. Fue la primera de cientas de veces que escucharíamos esa frase.
Intriago, quien a inicios de los 2000 había ayudado a traer de Lima a Guayaquil al Sodalicio de Vida Cristiana —fundado por el hoy perseguido por la justicia peruana por abuso sexual, Luis Fernando Figari—, dirigía grupos de jóvenes en la casa parroquial, donde vivía en el norte de Guayaquil.
Allí mantenía reuniones grupales y luego personales con algunos (“los ungidos”), en su cuarto, y les hacía la dinámica: les pedía que se quitasen poco a poco la ropa, les vendaba los ojos, las manos, los pies, y luego los golpeaba con objetos, los raspaba con su barba, y finalmente se acostaba junto a ellos en su cama —él, también, con el pecho descubierto. El ritual ocurría mientras Intriago les decía que era un sacrificio para dios y los retaba para ver “hasta dónde podían llegar”.
El 9 de mayo de 2018 GK público lo que halló durante 8 meses de investigación. Era la historia de la “dinámica del pecado”, una forma de tortura física y sexual enmascarada como un ritual de expiación que había sido aplicada a, por lo menos, una decena de adolescentes de entre 15 y 18 años por el sacerdote Intriago. Además de los testimonios de los jóvenes, el reportaje revelaba que había un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe —la oficina del Vaticano encargada de los delitos sexuales— en la que expulsaba a Intriago del sacerdocio, dándole la oportunidad de apelar. Intriago lo había hecho. Habían pasado casi dos años hasta entonces, sin resolución alguna.
La historia golpeó con fuerza a un país en el que ocho de cada diez habitantes se consideran católicos.
Al día siguiente de la publicación, la Arquidiócesis de Guayaquil —la más poderosa del país— dio una rueda de prensa explicando que conocía de los casos de Intriago, que él estaba suspendido y que estaba pendiente la resolución final del Vaticano. Dos meses más tarde, se hizo pública la expulsión de Intriago definitivamente del sacerdocio.
La celeridad que el proceso canónico adquirió tras la investigación, no fue replicada por el sistema judicial estatal del Ecuador.
La Fiscalía reactivó la investigación que había abierto en septiembre de 2017 en contra de Intriago, en la que otro joven, Juan José Bayas, aparecía como víctima. La denuncia se desprendía de otra presentada un año antes por Kevin Rivas, otro de los jóvenes que sufrió la dinámica, y que había sido archivada porque el delito estaba prescrito.
Parecía que el caso dejaría el letargo, pero un año y medio después, en enero de 2019, la fiscal que tenía a cargo la investigación lo archivó. En 18 meses, apenas llamó a declarar a Bayas y a Intriago, que justificó su inocencia diciendo que la iglesia no lo había declarado culpable —algo que cambiaría tan sólo dos meses más tarde de su testimonio. La Fiscalía hizo reconocimiento del lugar de los hechos, una valoración psicológica y entorno social de Bayas, y recibió a dos personas más: un joven que testificó a favor de Intriago y en contra de Bayas, acusándolo de mentiroso y extorsionista, y el exvicario de la Arquidiócesis de Guayaquil, quien habló de la causa canónica en contra de Intriago. No llamó a testificar a los otros hombres víctimas de la dinámica del pecado, tampoco pidió la documentación del caso eclesiástico, ni a todos los obispos que conocían lo que pasaba. Dejó que el tiempo pasara y, en enero de 2019, dijo no tener evidencia suficiente.
En el Ecuador, cuando un fiscal ordena el archivo de una investigación, un juez penal debe aprobar o desechar esa decisión. En una columna publicada la semana de enero en que la Fiscalía pidió el archivo, me preguntaba qué haría el Juez con la solicitud. Si ignoraría la evidencia que demostraba que la Fiscalía no investigó lo suficiente o si sepultaría para siempre el caso.
El 23 de abril de 2019, un juez negó la solicitud. Un juez que parece haber entendido lo que la Fiscalía no: que hay aún una serie de evidencias que deben ser revisadas y un número de testimonios que deben ser recogidos, que hay al menos una decena de sobrevivientes que esperan reparación y justicia. Hoy, a un año de la publicación, nos preguntamos cuánto más debe esperar y qué harán los fiscales y jueces que, en el futuro, tenga en sus manos este caso.
