11 días, ocho muertos y más de 1.000 detenidos para tumbar el decreto que llenó las calles de Ecuador
El lunes 14 de octubre, Quito amaneció con atascos, con sus avenidas llenas de basura, con intersecciones llenas de ceniza, con paradas de buses rotas, con señales de tráfico arrancadas. Pero amaneció con paz. La noche anterior, el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, y el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Jaime Vargas, habían llegado a un acuerdo. Después de once días de paro nacional, ocho fallecidos, más de 1.000 detenidos, y 127 periodistas agredidos, las manifestaciones terminaron. Moreno, en un diálogo moderado por las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal, se comprometió a derogar el decreto 883 que había emitido el 1 de octubre y eliminaba el subsidio a los combustibles.
Esa noche fría de domingo, un grupo de dirigentes indígenas “de base”–como se llama a los líderes de asociaciones de cada localidad– veían el diálogo, transmitido por la Secretaría de Comunicación, proyectado en una pared de un salón, a pocos metros de donde se daba esa conversación que buscaba la paz. Cuando Moreno anunció la derogación, los indígenas –algunos con ponchos rojos, otros con sombreros, otras con sus rostros pintados– gritaron, aplaudieron, se abrazaron, y lloraron frente a la pantalla que ellos y varios periodistas observamos expectantes durante más de tres horas.
El anuncio no significaba solamente recuperar la tranquilidad y las rutinas de Quito y el resto del país, sino el regreso de miles de indígenas a sus casas. La mañana y la tarde del lunes decenas de carros, camionetas y buses salieron de la capital por las diferentes autopistas que la conectan con el resto del país. En los vehículos iban indígenas de provincias de la Sierra y de la Amazonía quienes, durante los días que duró el paro nacional, se asentaron en la Casa de la Cultura y el parque El Arbolito, en la entrada del centro de la ciudad. Durante ese mismo lunes, mientras los servicios de transporte en Quito se normalizaban y sus habitantes salían a las calles ya sin militares y policías resguardándolas, Moreno emitió un nuevo decreto, el 894.
Además de derogar el 883 y de reestablecer los precios a los combustibles, el 894 instó a proceder “de manera inmediata” la elaboración de un nuevo decreto que permita una política de subsidios de combustibles “con un enfoque integral, con criterios de racionalización, focalización y sectorialización”.
El decreto, que fue anunciado por Moreno en una cadena nacional, fue el cierre de casi dos semanas de caos y violencia. Aunque el paro nacional fue convocado por los transportistas y empezó el 3 de octubre, dos días después de que Moreno anunciara la eliminación del subsidio a los combustibles, fue el movimiento indígena quien lideró marchas el resto de los días. Además de los indígenas, otros grupos que se sumaron al paro fueron los sindicatos, y varias organizaciones y colectivos de mujeres. Más allá de estos, hubo manifestantes que no pertenecían a ninguna organización pero han sido señalados como los autores de los peores desmanes que dejó el paro nacional.
El comportamiento fue similar nueve de los once días: la mañana amanecía tranquila pero con la tarde llegaba también la violencia y los enfrentamientos entre los policías y los protestantes. El sábado 12 de octubre fue quizás el día con más ataques perpetrados por ese grupo que muchos medios de comunicación, para identificarlos, llamaron vándalos. Entre la mañana y la tarde, quemaron el edificio de la Contraloría General del Estado –destruyendo equipos y documentos–, lanzaron una bomba e irrumpieron al canal de televisión Teleamazonas, e intentaron atacar a diario El Comercio.
Ese día, varios barrios de Quito fueron invadidos por estos manifestantes, quienes bloquearon intersecciones de calles, avenidas e incluso carreteras, rompieron vidrios de autos y amenazaron a las personas que circulaban por las calles, obligando a centros comerciales, supermercados y todo tipo de negocios a cerrar. Esa tarde, se decretó un toque de queda que apenas se levantó al día siguiente a las 11:30 horas.
Ese domingo, mientras ambas partes se preparaban para el diálogo, los enfrentamientos entre los policías y manifestantes continuaron durante la mañana y la tarde.
Dos días después del diálogo, es aún difícil calcular los daños que dejó el paro. El gerente del metro de Quito, Edison Yánez, dijo que se habían registrado saqueos en el campamento y bodegas. “Sustrajeron computadoras, equipos topográficos, herramientas y material de construcción”, aseguró. La Secretaría de Ambiente de Quito calculó que se perdieron 5.000 árboles durante la protesta (que fueron utilizados para las fogatas). La Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador estimó 1.457 millones de dólares en pérdidas económicas. Y los números negativos son muchos más.
Mientras el Gobierno escribe un nuevo decreto para determinar una nueva política de subsidios, algunos indígenas celebran la decisión pero otros insisten en una recomendación que no fue incluida dentro del diálogo: la renuncia de los ministros de Gobierno y Defensa, María Paula Romo y Oswaldo Jarrín. Durante la noche de este martes, circulaba en redes sociales un mensaje con los hashtags #RenunciaRomoyJarrín #RomoCriminal #JarrínCriminal. La Conaie utilizó en un tuit los dos últimos. Cuando el domingo Jaime Vargas de la Conaie le sugirió a Moreno destituir a ambos funcionarios, el presidente le respondió que esa era su decisión.
Lenín Moreno ha resuelto su más importante crisis social y política, pero aún no queda claro qué hará para enfrentar la económica, para la que decretó medidas que tuvo que revertir para devolverle la paz a un país que ha quedado herido.
