Disparan contra la democracia

La frase que se contiene en el título, podría ser utilizada como figura retórica propia del debate o el comentario político, pero se ha convertido en un hecho real con un significado inquietante. Un sujeto, vanagloriándose de haber exhibido los instintos más primarios del ser humano, ha materializado, junto con una manada de amigos, una macabra escena. Seguramente actuó creyendo interpretar las directrices de los mensajes de odio, inimaginables en un sistema democrático sano, que se escuchan en la Tribuna del Congreso de los Diputados y se pueden leer en los editoriales y artículos de los columnistas de algunos medios de comunicación. Proclaman con lenguaje tronante que estamos regidos por un Gobierno ilegítimo y tachan a su Presidente ni más ni menos que de asesino. A nadie puede extrañar que estos mensajes hayan calado en cabezas huecas, carentes de capacidad crítica y movidas únicamente por las pasiones irracionales la emprendan a tiros, eso sí, certeros, contra las figuras con fotos del Presidente y otros miembros del Gobierno. Estoy seguro de que esta “hazaña bélica” la habrán rematado, por todo lo alto, con una suculenta comilona.

No sé lo que es más grave, si el hecho en sí o su repercusión y valoración por alguno de los partidos políticos del arco parlamentario. Creo que a todos nos ha producido una alarma justificada por el respaldo, directo o indirecto, que pueda tener en la sociedad española. De momento el partido de ultraderecha Vox no ha condenado, en el sentido de rechazo total, la esperpéntica acción y por el contrario se muestra comprensivo achacándola al odio que ha sembrado el Gobierno de coalición social-comunista.

En contra de la doctrina oficial, vengo sosteniendo que el huevo de la serpiente de nuestro pasado fascista y dictatorial está incubado en una masa preocupante de la sociedad española. Hemos desperdiciado, después del fallido Golpe de Estado del 23 de Febrero de 1981, la oportunidad de asentar una cultura democrática que va mucho más allá de votar cada cierto tiempo. Como se ha dicho y lo suscribo, el problema es que en España el fascismo está tan arraigado y tan blanqueado, que Merkel podría pasar por alguien de izquierdas. Ese es el nivel. No tenemos derecha, solo ultraderecha. A veces parece que hasta el PNV es de izquierdas al lado de los otros.

Comparemos lo que sucede en nuestro Congreso de los Diputados y lo que acabamos de escuchar en el Parlamento alemán. La canciller Angela Merkel en un reciente discurso apeló a la memoria histórica de la ciudadanía: “No hay que ser ingenuos: las fuerzas antidemocráticas y los movimientos radicales autoritarios están esperando una crisis económica para explotarla políticamente”. Según los cronistas, la Cámara estalló en aplausos salvo la bancada de los miembros de Alternativa para Alemania (AfD), en la que se escucharon rumores y murmullos (aquí se escucharían groseros insultos): “Parece que algunos se dan por aludidos...”, sentenció la canciller, levantando la vista hacia los miembros de la ultraderecha alemana.

Los que nos movemos en el mundo del derecho hemos sido interpelados por algunos medios de comunicación para manifestar nuestra posición sobre lo que todos hemos presenciado y de qué manera se podría encajar en alguno de los delitos que se contienen en el Código Penal. Anticipo que siempre he mantenido que el Código Penal no está previsto para solucionar conflictos de tan hondo calado. Repasando su articulado sostengo que la figura delictiva más adecuada para esta conducta es la de un delito contra las Instituciones del Estado. El artículo 504 del Código Penal castiga, con la pena de multa, a los que calumnian, injurien o amenacen gravemente al Gobierno de la nación. No deja de llamar la atención que las amenazas personales puedan estar castigadas con pena de prisión de hasta cinco años y las amenazas contra las instituciones del Estado y la división de poderes solamente merezcan el reproche de una multa cuyo máximo alcanzaría a la cifra de 216.000 euros. Cantidad que estoy seguro de que no tardaría de recaudar en una colecta entre sus seguidores e incluso admiradores.

En un debate maniqueo como sostienen los partidarios de las ideas de los vencedores en la Guerra Civil, contraatacan argumentando qué hubiera pasado si se dispara contra la bandera y la figura del rey que como hemos visto ha sido quemada en efigie y en fotografías. Sin perjuicio de analizar políticamente la argumentación, quiero anticipar mi reprobación frente a los que no sepan expresar sus ideas y su disidencia, de manera diferente y más civilizada, estas conductas no tienen encaje en el derecho penal y cuando han sido castigadas, en el caso de las fotos del rey, forzando el derecho penal, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha rectificado la sentencia manifestando que se trata de una forma de expresar la disidencia que tiene la cobertura del derecho a la libertad de expresión.

En 1989, el Tribunal Supremo de EEUU ya había sentenciado que castigar penalmente la quema de la bandera, cuando se realiza con una finalidad política o para expresar opiniones u opciones políticas, contradice la libertad de expresión. La bandera es precisamente el símbolo de un sistema constitucional, basado en la prevalencia de los derechos y libertades. No creo que los disparos expresen ideas. Son una muestra de la intolerancia y del odio. Solo merecen el rechazo ético, político y posiblemente, el castigo previsto en el Código Penal.

Que los partidos políticos que, según el artículo 6 de nuestra Constitución son la expresión del pluralismo político que concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular no hayan salido en tromba a rechazar esta conducta me parece un síntoma preocupante. Tampoco he visto demasiado entusiasmo y toma de conciencia de la gravedad simbólica que encierra un acto que va más allá de la anécdota de un ejercicio de puntería en una galería de tiro. También demuestra que todavía no están suficientemente asentados los principios y las formas de una democracia, tal como se la concibe en los países europeos.

Visto nuestro pasado reciente, los mimbres con los que se ha tejido la llamada transición modélica y el ejercicio de los valores democráticos por los partidos que han ostentado el poder o han participado en la oposición democrática, a nadie debe extrañar que existan por lo menos, 3.500.000 personas que hayan votado a un partido cuyo un único ideario es imponer, una nueva versión, adaptada a nuestros tiempos, de los Principios Fundamentales que regían la forma de actuar de nuestra precedente dictadura. No se les puede negar que son coherentes y se aprovechan de la falta de firmeza democrática de nuestra sociedad y de nuestras instituciones. Insisten en reclamar expresas condenas, a ideas o movimientos políticos que rechazan y tratan de ilegalizar, pero les cuesta trabajo o se niegan directamente a reprobar el régimen dictatorial fascista que según la Declaración de las Naciones Unidas fue aupado al poder por la Alemania nazi y la Italia fascista.

Me parece que todavía faltan años y es tarea de las futuras generaciones sentar, dentro de la disidencia y del pluralismo, las bases de un sistema democrático, incompatible con restos o vestigios de una dictadura incrustados en sus instituciones constitucionales. La realidad incuestionable es que la democracia arribó a este país de la mano de los que lucharon, en la oposición democrática, contra los sanguinarios excesos de una Dictadura, exteriorizados no solamente durante la guerra civil sino también en la posguerra y hasta la muerte del Dictador.

En contra de lo que dice el parte del final de la Guerra Civil, la batalla no la perdió el Ejército rojo, al que se declara cautivo, sino la Democracia y la República. Merece la pena reflexionar sobre esta afirmación y sacar conclusiones para el futuro.