Enseñanzas artísticas superiores, ¿por fin?

De nuevo, las enseñanzas artísticas superiores pasan por un momento crucial, parecido al que, en 2004, dio lugar a su transición hacia al Espacio Europeo de Educación Superior, mediante la LOE (2006). Obligó a ese atajo la rigidez de la norma universitaria, la LOU (2001), que no admitía las condiciones requeridas por estas enseñanzas -los cinco puntos de su “ecosistema imprescindible”-, resultando aún prematura cualquier reforma de la ley. Ello dio lugar al laborioso proceso que alumbró el esquema hoy vigente. El de unas enseñanzas que son sujeto de pleno derecho del Espacio Europeo, que pueden ofrecer Grados y Másteres, pero que deben concertar el Doctorado con alguna universidad. Cuyo profesorado está fuera de los estándares académicos y laborales de la educación superior. Y cuyo alumnado está excluido de las ayudas y servicios de que gozan el resto de enseñanzas superiores. Hay que añadir a ello una vinculación administrativa que no se corresponde con la autonomía que es inherente a toda enseñanza superior. 

Entretanto, el buen hacer de la administración educativa de algunas comunidades ha resuelto problemas importantes (por ejemplo, la acreditación de los Grados-LOE por las agencias de calidad universitarias) y está en camino de resolver otros. Con ello, algunos han albergado la idea de orientarse hacia el modelo francés, de carácter extrauniversitario, distinto del más común en Europa. Para ello, sin embargo, habría sido fundamental desarrollar el instrumento oportuno, capaz de ganar autonomía, articular al conjunto y adquirir las ventajas universitarias, sin caer en sus inconvenientes. Me refiero al Instituto Superior de las Artes (ISA), esa idea inicial que alguna comunidad ensayó, aunque solo a medias, y que, en otras, quedó relegada al saco de las buenas intenciones. Faltó audacia política. Aunque está por ver si el invento hubiera bastado para alcanzar los objetivos deseados.

En cualquier caso, el año 2022 trae abiertas todas las posibilidades. La LOMLOE estableció que, a los dos años -en diciembre de 2022-, debería aprobarse una norma específica para las enseñanzas artísticas, incluyendo las enseñanzas superiores no universitarias (una ley orgánica, según los mentideros). Por otro lado, se destapaba sorpresivamente la olla de la LOU y aparecía en el telar la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), al parecer también para 2022, y con ella la posible superación de las rigideces universitarias para con las artes. No es ningún milagro. La saga Manuel Castells-Joan Subirats no podía pasar por el Ministerio de Universidades sin abordar los problemas que precisan de la actualización normativa. A su vez, detrás de la LOMLOE, junto a la impronta de Isabel Celaá, no dejaba de notarse la mano de Alejandro Tiana, que ya desbrozó el camino de las enseñanzas artísticas en 2004. 

Ahora, ambos proyectos legislativos deben encontrarse sin demora, en el seno del gobierno, para alumbrar una solución definitiva. Una solución que libere a las enseñanzas artísticas superiores de la paradoja del asno de Buridán, que las ha tenido paralizadas, no por causa de dos anhelos simétrico, sino por causa de dos angustias simétricas: calzarse el corsé de la LOU y renunciar a aspectos fundamentales de su propia naturaleza o resignarse a ser enseñanzas superiores de segunda, con un brazo atado a la espalda.

Algunos piensan, como ideal, en la Universidad de las Artes austríaca. Otros apuntan a la creación de facultades de las artes dentro de una o de varias universidades. En ambos casos, se superaría la fractura que dio lugar a las Facultades de Bellas Artes. Y quedaría atrás también la “adscripción universitaria”, ese sucedáneo que ensayaron ciertas escuelas superiores, tratando de paliar algunas de las limitaciones del entretanto. Por otro lado, quienes siguen pensando en la conveniencia de un marco específico, por temor a las sacudidas del gigante universitario, seguro que se avendrían a un acuerdo legislativo garantista respecto del “ecosistema” a preservar. Existen, por otro lado, fórmulas consorciales para articular las responsabilidades (económicas, contractuales, etc) de las administraciones de origen, titulares de las escuelas superiores, con el marco de destino que determine la nueva legislación, mediante los acuerdos pertinentes.     

Parece, pues, que por fin va a cerrarse, de un modo u otro, el proceso abierto en 2004 con la LOE, fruto a su vez de procesos anteriores no culminados, alternados con severos contratiempos. Fue, en un principio, la pionera Ley Moyano de 1857, seguida de un desierto interminable, con la separación de las Bellas Artes en 1970. Vendría luego, en 1990, el nuevo comienzo de la LOGSE, seguido del “Informe Embid”, en 1997 y del dictamen de la Conferencia Sectorial de Educación, en 1999. Pero, en seguida, llegaría el parón de 1999-2004, incluida la regresión que supuso la LOCE, en 2002. Hasta 2004, no se retomaría el camino interrumpido, dando lugar, finalmente, a la LOE, en 2006, a la “ponencia Lemes” de ordenación y al subsiguiente real decreto de 2009 y, con ellos, al definitivo ingreso en el Espacio Europeo de Educación Superior. En 2012, sin embargo, llegaría aún la sentencia que suspendería la denominación de Grado, por causa de un defecto administrativo, situación disparatada que el ministro Wert perpetuó, negándose a resolverla mediante la LOMCE en 2013, y que no se subsanaría hasta 2020 con la LOMLOE. 

Un trayecto ciertamente largo y tortuoso, que nos aporta experiencia suficiente para ahorrarnos nuevas provisionalidades y para culminar de una vez tan larga andadura, de manera que las enseñanzas artísticas superiores, libres de constreñimientos absurdos, alcancen por fin la normalidad plena que se les debe.