Ante la estanflación, no volvamos a la fracasada austeridad

Después de tantas guerras perdidas por Estados Unidos (Corea, Vietnam, Afganistán, Irak), la guerra de Irán, desencadenada por Trump y Netanyahu -o mejor por Netanyahu y Trump- tiene toda la probabilidad de traernos una profunda y global crisis económica. Con dos ingredientes seguros: la inflación y la recesión. Es lo que se ha dado en llamar “estanflación”, término que reúne dos fenómenos aparentemente contradictorios: congelación del crecimiento (0.8% en la eurozona) y, a la vez, alza importante de precios (la OCDE prevé que la tasa media de precios de los países del G-20 se dispare este año al 4%).

La causa inmediata de la crisis que ya sufrimos en el área de la Unión Europea está, como es sabido, en la subida de los costes energéticos y su traslado al transporte, la industria y la alimentación. Los orígenes mediatos están en el persistente bloqueo en el estrecho de Ormuz y la resiliencia militar y económica del régimen iraní. Algo con lo que no contaban los que, sin amenazas previas, ni objetivos políticos identificables o coherentes, decidieron, de forma a todas luces irresponsable, atacar Irán. Ahora no saben -particularmente Donald Trump- cómo terminar con la guerra.

La gravedad de la situación en las vulnerables economías europeas, tan dependientes de las cadenas de suministros y de las fuentes de energía, obliga a plantearse las políticas que puedan afrontar la crisis de modo menos dañino para las y los ciudadanos. Y surge un dilema: o restricción en la política monetaria y fiscal o estímulo a la demanda y la producción.

La primera de las dos opciones fue la escogida por la Unión Europea en la crisis de naturaleza financiera que estalló a partir de la caída de Lehman Brothers en 2008. Su epicentro era Wall Street, pero se extendió -con un presidente Bush más “pato cojo” que nunca- estruendosamente por las economías de los países desarrollados, contagiando particularmente a los países europeos. Entre otras cosas porque el Banco Central (BCE) de Trichet no percibió la crisis y actuó inicialmente subiendo el tipo de interés cuando Estados Unidos y la eurozona estaban ya en recesión. Contribuyó así a la escalada del euribor y a la caída de las bolsas europeas.

La diferencia con la política adoptada por la Reserva Federal (FED) fue abismal. La FED redujo sin contemplaciones el precio del dinero, del 5,25% al 1% en pocos meses, llegando después hasta cerca del 0%. Sin embargo, el BCE en noviembre de 2008 todavía estaba en el 3,25%. Hubo que esperar a abril de 2009 para que dejara los tipos en el 1,25%. El BCE siempre por detrás de la Reserva Federal. 

Esto en cuanto a la política monetaria, muy volcada en solucionar la situación dramática del sistema financiero. La política fiscal -gastos e ingresos públicos- competencia de los gobiernos y los parlamentos, tardó en llegar. La única medida de política fiscal de estímulo que la Unión, en cuanto tal, lanzó contra la Gran Crisis fue el Plan Europeo de Recuperación Económica (diciembre de 2018). Con directrices nada concretas, a pesar del desastre económico en términos de paro o producción. 

Esas medidas duraron poco. Una austeridad simplona, de inspiración alemana, se convirtió entre 2010 y 2013 en la madre de todas las soluciones, poniendo fin a los efímeros estímulos.

La Unión se alejó así de unos Estados Unidos reticentes a abandonar las políticas económicas de estímulos hasta ver clara la recuperación del sector público. Europa neoclásica y América keynesiana. Vivir para ver. Los ministros de economía del euro no dejaron de aludir al mantra de la “sostenibilidad fiscal” y de las “reformas estructurales”. En el Reino Unido, el gobierno de David Cameron mostró su creencia en las capacidades taumatúrgicas de la austeridad. El Fondo Monetario Internacional también prefería recortar gastos a subir impuestos. El “consenso de Bruselas”, o sea, la doctrina de la austeridad y la restricción presupuestaria, se impuso a los países europeos más afectados por la crisis, discriminados por la imposibilidad legal del BCE de actuar como prestamista de última instancia.

El efecto de la austeridad fue contundente. La Unión Europea -y en especial la eurozona- entró en 2012, por segunda vez, en recesión. Fue un año perdido para el empleo, y para las cuentas públicas. La situación se prolongó en 2013. Europa fue la única región significativa del mundo en la que creció el desempleo. Como contraste, en los Estados Unidos de Obama y Bernanke sus políticas expansivas fiscales de gasto tuvieron resultados positivos de crecimiento y en políticas sociales y de infraestructuras.

En primavera de 2013 cambió la orientación de la insostenible política de austeridad por su evidente fracaso, hacia una línea de estímulos hasta entonces solo defendida por fuerzas de carácter progresista. El paso definitivo lo dio la importante reunión del Consejo Europeo de 27 y 28 de junio de 2013 y la del G-20 de 19 y 20 de julio.

En momentos críticos posteriores a lo que se denominó como Gran Crisis, la Unión no ha repetido los errores de 2010-2013. No lo hizo durante la pandemia de la Covid 19 o en la crisis inflacionista resultante de la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, ante los efectos en los precios de la guerra contra Irán, se ha abierto una dialéctica política y académica bipolar. O a favor de establecer medidas expansivas de reducir los tipos o a subirlos si la confrontación bélica se convierte en crónica. Todo parece indicar que la guerra continuará con Europa sufriendo las peores consecuencias, dada la naturaleza comercial de su estructura económica. 

A mi juicio -a diferencia de lo que parece desprenderse de recientes declaraciones de Lagarde- no tendría sentido subir los tipos como forma inmediata de combatir la inflación, porque ésta se producirá con independencia de la política monetaria, ya que su origen está en un conflicto militar y no en decisiones empresariales. En cuanto a una hipotética paralización de la economía, el encarecimiento del dinero no haría más que ahondar la crisis. De ahí la conveniencia de una política expansiva que impida que se reproduzcan los negativos efectos de una ya experimentada austeridad hace una década y media.

Tengamos en cuenta las señales que nacen de la FED, que piensa en recortar los tipos de interés en junio de este año un cuarto de punto. A diferencia del BCE, la Reserva Federal tiene como mandato no solo contener la inflación sino ayudar a mantener un alto nivel de empleo. 

En todo caso, el problema esencial es el bajo crecimiento de la economía. Para fortalecerla, los gobiernos han de tomar medidas de estímulo a través del gasto público y la fiscalidad, y el BCE no obstaculizarlas y, para ello, rebajar el precio del dinero.

Para afrontar la presente crisis energética, Europa (y España) debe practicar una política económica de defensa del Estado de Bienestar y de robustecimiento del poder adquisitivo de los hogares. Una política inversora de fondos públicos, en parte con deuda mutualizada, en parte con impuestos directos sobre las grandes fortunas y corporaciones. Y abordando la gigantesca evasión fiscal que se sustenta en los paraísos fiscales.

Como gran política de fondo, después de la crisis regional en Oriente Medio, no queda sino acelerar la transición ecológica hacia energías renovables, ante lo que Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, ha llamado “la mayor amenaza para la seguridad energética mundial de toda la historia”. España está bien situada para profundizar en esa apuesta imprescindible.