Por una Ley de sentido común sobre la eutanasia
Hay derechos que hoy damos tan por sentados, tan extendidos, que cuesta acordarse de lo mucho que costó conquistarlos. Ni siquiera nos produce ya la más leve mueca, cuando vemos ejercer esos mismos derechos a aquellos que, a la hora de la verdad, cuando tocó reivindicarlos, se pusieron del otro lado. A esos mismos que un día anunciaron, desde sus medios y desde sus púlpitos, el fin de la familia y el advenimiento de mil plagas, y hoy les vemos divorciarse, o asistir a la boda de un amigo gay –incluso de un diputado–, con la normalidad con la que el resto de la sociedad recurre a estas herramientas civiles; en absoluto garantes de ninguna felicidad personal, pero al menos disponibles como opciones tan válidas como cualquier otra para buscarla.
Y es que, al final, siempre ocurre que las nuevas realidades nos ponen a todas y a todos en nuestro sitio, y debemos aceptar que gente de nuestro entorno, gente a la que queremos –acaso nosotrxs mismxs– tenemos derecho a vivir como nos dé la real gana. Por eso, y en muchos sentidos, el debate de la eutanasia hoy, es el debate de la ley del divorcio de hace más de treinta años, o del matrimonio homosexual de hace algo más de diez. Quizá algún día nuestrxs nietxs no sepan decir muy bien cuál de estos derechos se conquistó primero, porque todos ellos les parecerán igual de obvios.
Pero lo cierto es que hoy en España se sufre innecesariamente al morir. Según los últimos estudios, unas 130 personas mueren al día con sufrimiento en nuestro país. Hace años, las personas morían en sus casas, rodeadas de su gente, sin paliar los sufrimientos provocados por las distintas patologías. Hoy lxs pacientes mueren sobre todo en los hospitales, en muchas ocasiones, con padecimientos que son fruto de la obstinación diagnóstica y terapéutica de una sociedad hiper-medicalizada. Sin embargo, la población ha ido solicitando más información sobre su situación clínica, y ahora demanda más poder para decidir.
Desde la aprobación de la Ley 41/2002 (básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica), sin duda se ha reforzado el derecho a la autonomía del paciente. Se han registrado avances, como los cuidados paliativos, actualmente recogidos en la cartera de servicios. En algunas autonomías se han aprobado normativas en este sentido. Sin embargo, quedan otros muchos casos por cubrir, ya que existen personas que, no encontrándose próximas a la muerte, pueden presentar sufrimiento irreversible, y desean poner fin a su padecimiento.
Por otro lado, y según las principales encuestas de opinión pública, la inmensa mayoría de la sociedad española contemporánea está a favor de regular el derecho a morir dignamente. Desde hace años, la labor de varias organizaciones de la sociedad civil como Derecho a Morir Dignamente ha ido sembrando este nuevo sentido común. En otros países como Bélgica, Suiza u Holanda, este derecho ya existe desde hace años. Hace apenas un mes, en Portugal, el Bloco de Esquerda presentó un anteproyecto de ley de la eutanasia, muy similar a la que estamos promoviendo desde el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea.
En España, el clamor por llevar adelante esta medida ha surgido tradicionalmente desde la izquierda. Desde varios parlamentos autonómicos, los partidos progresistas –incluido el PSOE– han votado a favor o han promovido mociones instando al Gobierno a regular la eutanasia. Parecía razonable pensar, por tanto, que el PSOE se sumaría a esta iniciativa que ahora proponemos, para poner a consideración de la Cámara el desarrollo de una Ley de la Eutanasia. Desarrollo en el que, posteriormente, este y el resto de partidos tendrían la oportunidad de proponer y negociar sus puntos de vista.
Sin embargo, ahora el PSOE no se suma. Y, al no hacerlo, ha tumbado la posibilidad de iniciar este trámite. Con ello, se pospone sine die el debate. ¿Por qué? Argumentan que ya han registrado la tramitación de una ley de muerte digna. Sin embargo, la misma pretende apenas armonizar los avances que ya se han realizado en algunas autonomías, y muy poco más. Quizá este cambio repentino de posición tenga que ver con que esta iniciativa ha sido discutida con Ciudadanos, socio preferente de la actual cúpula socialista, para cambiar aquello que no cambia nada. Quizá se deba más bien a esa práctica, tan propia de esta cúpula, que consiste en incendiar el verbo, para luego enfriar la letra. O, sencillamente, quizá prefieren paralizarlo todo, hasta que aclaren si quieren ser útiles al Ibex o a la ciudadanía.
Mientras tanto, la gente deberá seguir esperando a que sus instituciones respondan.
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Amparo Botejara es portavoz del Grupo Parlamentario Confederal UP-ECP-EM en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados.
Txema Guijarro es secretario general del Grupo Parlamentario Confederal UP-ECP-EM.
