No votes a quien te baje los impuestos

Isabel Díaz Ayuso y la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño

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Las Comunidades Autónomas han iniciado una subasta electoral utilizando los impuestos transferidos como arma electoral, bajo el señuelo de que, a menores impuestos, mayor bienestar. Esta carrera a ver quién recauda menos se puede hacer, básicamente, porque la parte fiscal transferida es tan pequeña que apenas tiene impacto real, dada la imperfección de nuestro esquema pseudo federal. Dado que la mayor parte del pastel fiscal lo recauda el Estado, y luego lo transfiere, ningún presidente/a autonómico corre con el desgaste real de explicar el deterioro de los servicios públicos que conlleva una menor recaudación, máxime en un contexto como el actual.

Tras décadas de propaganda contra los impuestos, llevada a cabo por el frente académico, político y mediático más conservador, ahora se han subido al carro el resto de fuerzas social liberales, quedando solo un reducto de valientes defendiendo niveles de imposición suficientes para sufragar todas las necesidades de gasto presentes y futuras, máxime cuando estamos muy retrasados en protección social a familias, a colectivos vulnerables y en acceso a la vivienda, por poner algunos ejemplos. 

Esta carrera irracional ha alcanzado ya la sede de Ferraz y la Moncloa, y por extensión las sedes regionales del PSOE, con Ximo Puig a la cabeza, quien ha decidido, también, jugar en el terreno de la demagogia fiscal. Tras ellos, el gobierno ya ha empezado a calibrar la bajada selectiva de impuestos, tras subvencionar a ricos y pobres la gasolina y reducir el IVA de la luz y el gas sin que ello haya aliviado en exceso la factura. No parece de recibo reducir la imposición en este momento, y sí elevar la renta disponible por otros medios, como subvenciones directas, aumentar el ingreso mínimo vital o facilitar de verdad el acceso a una vivienda a precio razonable.   

Por poner algunos ejemplos. Una familia de Madrid, en el quintil 1 y 2 de renta, si tuviese garantizado los servicios públicos de salud, educación en todas sus etapas obligatorias y pudiera acceder a una vivienda que no consumiese más del 30% de su renta, tendría una renta adicional para gastar al año de 2300 euros, esto comparado con el supuesto ahorro de alrededor de 60 o 70 euros por las bajadas fiscales, parecería una broma. En Valencia, este mismo cálculo, nos aportaría 1145 euros más, también muy superior al ahorro en estos percentiles. No hay que olvidar que en Valencia el ahorro fiscal se ha extendido hasta los 60.000 euros, algo absolutamente contrario a la lógica de equidad fiscal. En Murcia, la provisión pública de todos estos bienes, permitiría un sobresueldo de 765 euros al año. 

En esencia, el mensaje de que te bajo un poco los impuestos para que compres bienes privados que debería proveer yo es muy peligroso para conseguir mejorar los niveles de equidad en renta y riqueza.  

Todo esto se produce en un contexto de elevada inflación, cuyo exceso de recaudación bien se podría destinar a cerrar los enormes déficits en materia social y de vivienda, y no a rebajar deuda o déficit, como proponen algunos. Pero además, resulta contra intuitivo reducir la fiscalidad y alimentar la demanda interna en un contexto de alta inflación, algo que los más ortodoxos deberían tener en cuenta, si es que no han cambiado de manual de economía. 

El desprecio por los impuestos ha calado en la sociedad, no solo entre las rentas más altas, cuya presión fiscal efectiva (no la que marca la norma) es muy inferior a las de los grandes países de nuestro entorno, en parte porque la conciencia fiscal en España es anormalmente baja en relación a la de nuestros socios, sino que también ha calado entre las rentas medias y bajas. Esto es explicable porque son los que realmente soportan mayor carga fiscal relativa, dado el enorme agujero fiscal existente entre las rentas más altas, por no hablar del impuesto de sociedades, cuyas fugas han dejado sin apenas capacidad recaudatoria a la Hacienda estatal. 

Con este apriorismo, el falso federalismo en España nos lleva a tener una estructura de gasto completamente transferido, con el dinero de la caja única, pero un sistema de ingresos cuasi centralizado en el Estado, por lo que si hay un déficit de prestaciones, como el actual en muchas CCAA, se recurrirá al Estado como causante del problema, al no tener un sistema de financiación autonómico actualizado. Esta rémora, al igual que otras instituciones del Estado sin renovar, muestra la deslealtad y egoísmo, que raya en lo delictivo, por parte de las instituciones autonómicas que utilizan el sufrimiento social, para desgastar políticamente al gobierno, especialmente a los de izquierdas. Esta falta de armonización fiscal se está dejando notar estos días, al albur de las rebajas o eliminación de tributos transferidos, sin que los ciudadanos tengamos la opción, ex ante, de manifestar si lo compartimos o no. 

Con esta carrera, tan demagógica como ineficiente, las CCAA están lanzando a los ciudadanos un mensaje muy peligroso, como se está viendo estos días en el Reino Unido, ya que se está dejando de prestar servicios, como el caso de Madrid con la sanidad y educación, para que contrates servicios privados que serán subvencionados por muchas CCAA, facilitando el trasvase de los servicios públicos a servicios privados financiados por el gasto público. Este proceso, facilitado por leyes como la sanitaria de 1997 que permite la externalización de servicios, y que el PSOE se niega a derogar, están dibujando un panorama desolador para grandes capas de la población que tienen que recurrir a pagar por bienes públicos que otrora se proveían por el Estado, gracias a las sucesivas bajadas de impuestos autonómicos.

Con esta práctica desaparece algo esencial en modelos federales, como es la corresponsabilidad fiscal, pensando que los votantes, única ambición de políticos irresponsables, van a premiar por igual a quien le reduzcan algunos tributos de forma generalizada, como llevan a cabo CCAA como Madrid, sin tener en cuenta las necesidades de su población. 

Madrid es un ejemplo de cómo las familias, especialmente las de menor renta, tienen que hacer un sobresfuerzo presupuestario para cubrir necesidades básicas. Por ejemplo, una familia en Madrid en el quintil 1 y 2 de renta pagó al año en sanidad (básicamente seguros privados) 300 y 412 euros, con una media nacional en 2018 (antes de la pandemia), alcanzando en 2021, 400 y 716 euros respectivamente. En el caso de educación, donde se incluye el impuesto revolucionario de los colegios concertados, esta cantidad asciende a 200 y 250 euros, respectivamente en el año 2021. Si nos vamos a vivienda, Madrid también lidera el gasto medio por hogar, 10.097 euros en 2021, pero también en términos distributivos un hogar de renta baja, pagó en 2021, 6.339 euros (incluyendo suministros). Un ejemplo palmario es cómo no se construyen más escuelas infantiles en los barrios más pobres de Madrid (Puente Vallecas), donde el déficit es enorme. Allí, los habitantes con menor renta que no accedan a una plaza pública, tendrán que acceder a una plaza privada (cuyo precio mensual no baja de 500 euros), contando con una ayuda de 100. Por tanto, la Comunidad subvenciona negocios privados por falta deliberada de planificación. Conviene señalar que Madrid, a pesar de ser la región más rica, ocupa el cuarto lugar en el ranking de presión fiscal regional una vez contabilizado el Fondo de Suficiencia, lo que da idea del progresivo abandono de la fiscalidad, especialmente en los segmentos más altos de renta. 

El mensaje es claro. La externalización de servicios públicos nos lleva a un mayor esfuerzo presupuestario por parte de los hogares con menor renta, que buscan igualarse al resto de la sociedad, utilizando servicios de pago, tanto en sanidad, como en educación. Este efecto espejo también se debe al deterioro sistemático de los servicios públicos, fruto de la presión de los grandes lobbies sanitarios y educativos, cuyo melón abierto a la privatización cuasi total será una realidad en algunas CCAA en breve, fundamentalmente en las más ricas. En Madrid, un 38% de la población ya tiene un seguro médico privado, creciendo a un ritmo de casi dos dígitos por año, acelerando este proceso desde que llegó Ayuso. Esta supuesta libertad de elección está disfrazada de demanda cautiva al haber cerrado los SUAPS y no permitir la atención personalizada de médicos de familia, incluso después de la pandemia. 

Con una presión fiscal efectiva muy por debajo de la europea, y unos niveles de inequidad groseros, parece un contrasentido esta subasta a la baja de impuestos cedidos, desoyendo las recomendaciones de los otrora enemigos de la fiscalidad para rentas más altas, como el FMI, la OCDE o el propio Banco Central Europeo, que abogan por ayudar a los más vulnerables y no reducir la fiscalidad de forma generalizada, tanto en renta como en riqueza. 

En conclusión, las grandes élites extractivas, políticas y mercantiles, están logrando su propósito. Hacernos creer que bajan los impuestos por nuestro bien, para que luego tengamos que repagar la sanidad, educación y servicios sociales ante la incapacidad de prestar servicios dignos. Cuando la idea de que todos debemos tener un seguro médico privado, llevar a nuestros hijos a guarderías privadas y a un concertado para parecernos a los que viven en los barrios acomodados, como se recomienda en Madrid, haya calado para siempre, las democracias acabarán encumbrando a personajes como Ayuso o Meloni. Será nuestro fin.

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