Los años de mordaza

La historia está llena de capítulos que demuestran que los derechos nunca han caído del cielo: han tenido que ser demandados, peleados, conquistados. La jornada de ocho horas, la libranza de dos días a la semana o el avance en los derechos de las mujeres son solo algunos ejemplos de avances logrados a través de la movilización social. Como cuenta el sociólogo alemán Wolfgang Streeck en su libro Comprando tiempo, en países como Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Suecia, Japón o Alemania, en las épocas de mayor concentración de huelgas mejoraron las condiciones laborales; en los periodos de menor movilización, estas empeoraron hasta llegar a niveles de precariedad y desprotección preocupantes.

Por eso es tan importante que una democracia cuente con la protección adecuada al derecho de protesta, a la libertad de expresión y de manifestación. Es aquí donde entra en escena el debate que se retomará la próxima semana -tras muchos retrasos, prórrogas y vacilaciones- en la comisión de Interior del Congreso en torno a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza. Dicha norma ha definido y condicionado -para mal- los últimos años en nuestro país desde su aprobación por el Gobierno de Rajoy en 2015 y su entrada en vigor. Diversos organismos internacionales han criticado la normativa, Naciones Unidas ha exigido su retirada en varias ocasiones y el Consejo de Europa instó el pasado año a España a reformarla “por su potencial represivo”.

Pero de momento, ahí sigue. El debate sobre la misma se ha ido postergando, hasta ahora. No va a haber derogación, como prometió Pedro Sánchez en alguna ocasión, sino reforma. En este contexto, decenas de colectivos y organizaciones civiles -algunas bajo el paraguas del colectivo No somos delito- han impulsado una campaña de movilización en varias ciudades para este próximo domingo día 13 en defensa de la recuperación de esos derechos y libertades recortados.

El texto base, la proposición de la que parte el debate parlamentario, fue presentado por el PNV hace cuatro años. Posteriormente, el pasado mes de octubre, PSOE y Unidas Podemos llegaron a un acuerdo en el que incluyeron mejoras y nuevas propuestas pero que sigue siendo, en opinión de las organizaciones civiles y de derechos humanos movilizadas, “insuficiente”. La Ley Mordaza fue diseñada para desmovilizar a la sociedad en un contexto de gran compromiso y activación civil. Sus efectos han contribuido de forma notable al retroceso que sufrimos actualmente. Desde su entrada en vigor se han registrado abusos y daños a derechos fundamentales, desde la estigmatización y encarcelamiento de los titiriteros hasta multas y maltrato a periodistas, pasando por agresiones y atentados contra la libertad de expresión y de manifestación.

Desde 2015 hasta diciembre de 2019 se impusieron en nuestro país cerca de 140.000 sanciones en base solamente a dos artículos, que han supuesto el 70% del total de sanciones en materia de seguridad ciudadana: “resistencia, desobediencia o negativa a identificarse” y “falta de respeto a la autoridad”. Ambos han sido interpretados en numerosas ocasiones de una forma arbitraria y perjudicial para la libertad de protesta, con multas a manifestantes que se limitaron a preguntar a los agentes por qué les pedían la identificación, a activistas por protestar contra un desahucio o a periodistas por publicar vídeos de intervenciones policiales. Organizaciones como Amnistía Internacional lamentan que estos dos artículos no sean eliminados en el acuerdo alcanzado en octubre para la reforma de la ley. Por ello es tan importante la negociación que se retoma la próxima semana, con enmiendas presentadas por los socios parlamentarios por la izquierda del Gobierno que reclaman más control sobre las actuaciones policiales y que podrían mejorar algo ese texto de momento insuficiente.

La propuesta de reforma sí contempla la eliminación de sanciones a las manifestaciones espontáneas que se produzcan sin comunicación previa, siempre que sean pacíficas. Hasta ahora la ley del PP preveía sanciones de hasta 30.000 euros. También defiende que las multas impuestas puedan fraccionarse y pagarse en función de la capacidad económica de la persona afectada o que el tiempo de identificación en una comisaría no supere las dos horas, entre otras mejoras. Pero no prohíbe el uso de pelotas de goma -que tanto daño han provocado, con pérdidas oculares incluidas- ni establece mecanismos de control y rendición de cuentas adecuados, dejando la puerta abierta a actuaciones policiales arbitrarias. Tampoco plantea eliminar la aparente cobertura legal dada por la ley a las llamadas devoluciones en caliente ni prohibir las identificaciones policiales por perfil étnico-racial.

Por todo ello es clave este debate, en el que aún se pueden introducir mejoras para eliminar algunos de los aspectos más lesivos de la ley y modificar un contexto que facilita los abusos. En 2015 The New York Times señaló en un contundente editorial que “la nueva Ley Mordaza española es un retroceso preocupante a los oscuros días del régimen franquista”. No es aceptable asumir que si una democracia retrocede veinte pasos después tengamos que conformarnos con avanzar tan solo la mitad de lo perdido. Ahora que se habla tanto de la geometría variable, llega una excelente oportunidad para que el Gobierno busque un acercamiento a sus socios de investidura, aceptando las enmiendas de mejora, en sólida defensa de la libertad de expresión y el derecho a la protesta. Frente a las mordazas.