La austeridad contra los derechos civiles
«El borrador de la Ley de Seguridad Ciudadana, tal como está ahora, parece imponer restricciones desproporcionadas sobre el derecho humano a la libertad de reunión y la libertad de expresión, que son las piedras angulares de la democracia», señala el comisario de Derechos Humanos europeo.
Imaginen por un momento que el comisario de Economía y Finanzas de la Unión Europea dijera en un foro internacional, y repitiera después a cuantos le preguntaran su opinión, que la reforma laboral del Gobierno de Rajoy es desproporcionada e injusta y que en Europa están muy preocupados por el desarrollo de esa ley. ¿No se tomarían esas declaraciones como bandera por parte de quienes en la ciudadanía española estuvieran en contra de esa ley? ¿No trataría el propio Gobierno de matizar su ley para adecuarla a las expectativas y exigencias de Bruselas?
Pues bien, no ha sido el comisario de Economía, sino el comisario Nils Muiznieks, representante de la defensa de los Derechos Humanos en Europa quien ha tachado de desproporcionada e injusta una ley del Gobierno popular de España. Lo ha hecho refiriéndose a la Ley de Seguridad Ciudadana o 'ley mordaza'. Sus palabras en una entrevista concedida a eldiario.es fueron: “El borrador de la ley, tal como está ahora, parece imponer restricciones desproporcionadas sobre el derecho humano a la libertad de reunión y la libertad de expresión, que son las piedras angulares de la democracia”.
No es el comisario Muiznieks el único preocupado fuera de nuestras fronteras, desde luego. Judith Sunderland, actual subdirectora de Human Rights Watch para Europa, señala: “Nos preocupa que la ley de seguridad permitirá a las autoridades eludir los tribunales para castigar la disidencia. [...] Es particularmente preocupante que el proyecto de ley señale a los organizadores y los defina vagamente como inspiradores, responsabilizándolos de los actos ilegales que puedan cometer los participantes”.
Recientemente, Joaquím Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, se expresó en términos parecidos al preguntarle por esta cuestión: “El Gobierno quiere regular unas conductas que según los tribunales no son delito ni faltas. Las cuantías de multa que proponen son absolutamente desproporcionadas”. Y sobre el encaje constitucional de la ley, añadió: “Algunas sanciones de la nueva ley vulneran la Constitución”.
Restricciones desproporcionadas sobre el derecho humano a la libertad de reunión y de expresión, control extrajudicial de la disidencia, anticonstitucionalidad. ¿Hablamos de una democracia europea o de una dictadura centroafricana? ¿Ha pasado algo en España? ¿Le preocupan al Gobierno declaraciones como éstas?
La única respuesta del Gobierno la hemos recibido de su ministro de Interior, Fernández Díaz, quien la pasada semana aseguró, refiriéndose al comisario europeo de Derechos Humanos: “No se ha leído el anteproyecto de ley porque las afirmaciones que ha hecho no se compadecen con lo que dice el anteproyecto de ley. Y yo, con todo respeto, creo que ese señor comisario del Consejo de Europa, antes de criticar una iniciativa legislativa que está en un estado embrionario, lo menos que podría hacer es habérsela leído porque ha hecho afirmaciones que no están contenidas en la ley”.
Es decir, aquí no pasada nada, salvo que el comisario no ha hecho su trabajo.
¿Y la ciudadanía? ¿Ha reaccionado? Cuando se lanzó un primer globo sonda de la ley, hace unos meses, varias recogidas de firmas en portales como Change.org alcanzaron las decenas de miles de firmas. Las protestas en la calle han sido, sin embargo, muy minoritarias. Quizás, porque la ley ha comenzado ya a hacer efecto. O tal vez porque la defensa de los derechos humanos (de nuestros derechos humanos) no preocupa en exceso a los españoles.
En las encuestas del CIS sobre los principales problemas que preocupan a los españoles, los derechos humanos no aparecen como una de nuestras principales preocupaciones. Claro que tampoco aparece la inseguridad en las calles. De hecho, de acuerdo con el último estudio, sólo para un 1,7% de la población la seguridad es un problema preocupante. En octubre el porcentaje era del 2,6%. El porcentaje más alto es de julio del 2012, con un 4%. Desde entonces, la preocupación de los españoles por la seguridad no ha hecho más que descender y, sin embargo, el Gobierno cree necesario aprobar una nueva ley.
De acuerdo con el CIS, hay más gente preocupada por la labor de los bancos o por la subida del IVA que por la seguridad. Pero sobre esos temas no parece urgente legislar.
En cualquier caso, la nueva Ley de Seguridad Ciudadana sólo es una piedra más a sumar al montón de ellas que se apilan en nuestro país sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos. La primera la arrojó, al comienzo de la legislatura, la ministra Ana Mato cuando retiró el derecho a la sanidad gratuita a los inmigrantes. Entonces, el director de Estrategia, Políticas y Gestión de Recursos de Acciones de Salud en Crisis de la OMS, Daniel López-Acuña, advirtió: “Si no se garantiza el acceso de la población migrante a los sistemas sanitarios, se puede producir un serio deterioro de la salud en los países de acogida”.
Pero tampoco en este caso el aviso desde el exterior sirvió para rectificar la política del Gobierno, poco preocupado de hacer Marca España cuando se trata de derechos fundamentales. Tampoco las cuchillas de la valla de Melilla son una excepción. Para el comisario europeo de Derechos Humanos: “La construcción de muros para detener los flujos migratorios es ineficaz y muy costoso. El proyecto de reintroducción de cuchillas afiladas sólo pondrá en peligro a los migrantes y causará más desesperación, pero no detendrá a la gente desesperada de intentar su oportunidad”.
Según Human Rights Watch: “Todos los países tienen el derecho de proteger sus fronteras, pero no pueden hacer esto de una manera tal que ponga activamente en peligro a las personas [lo de activamente parece un recado al ministro del Interior, que suele emplear el eufemístico ”elemento pasivo de disuasión“ para referirse a las cuchillas], o de una manera que impida a los solicitantes de asilo y a otras personas necesitadas de protección acceder a su territorio. Desde una perspectiva política, las vallas como las de Melilla no sirven realmente para lograr su objetivo, porque la gente o intentara saltarlas o buscará otros caminos potencialmente más peligrosos. El poner una alambrada con cuchillas en las vallas sólo hace más probable que la gente se haga daño. Así que no es ni eficaz ni humano”.
Pero ¿por qué se ponen en marcha justo ahora todas estas políticas restrictivas, autoritarias? ¿Qué ha cambiado, aparte del Gobierno? ¿Tienen algo que ver los recortes, la austeridad, en todo esto? “Sí”, dice el comisario Muiznieks: “Las medidas de austeridad en toda Europa han socavado los derechos humanos.
Muchos Gobiernos de Europa que han adoptado medidas de austeridad se han olvidado de sus obligaciones en materia de derechos humanos, especialmente en lo referente a los derechos sociales y económicos de los más vulnerables, la necesidad de garantizar el acceso a la justicia y el derecho a la igualdad de trato“.
En la misma línea se manifiesta Judith Sunderland, quien apunta que, en todo caso, medidas como la Ley de Seguridad Ciudadana o 'ley mordaza' buscan, ante todo, silenciar las protestas para poder seguir adelante con las políticas de recortes: “Los escraches a principios de este año por la Plataforma de Víctimas de la Hipoteca parecían irritar especialmente al Gobierno, dando lugar a multas y demandas contra los participantes, y los funcionarios electos llamaron a los activistas de la PAH y a sus miembros de todo, desde terroristas a nazis”.
Quizás, comportamientos como los señalados por Judith Sunderland llevaron al conservador The Wall Street Journal a preguntarse en un artículo reciente si el franquismo había vuelto a España. Reportaje ilustrado, por cierto, con fotos de varios miembros de Nuevas Generaciones sosteniendo banderas franquistas.
Sobre ese reportaje tampoco ha hablado el Gobierno, que parece fiarlo todo a la (supuesta) recuperación económica. Pero ¿no perjudican estos escándalos a la Marca España? Parece ser que no. Al menos, no tanto como las manifestaciones.
