La bofetada que la democracia no se puede comer

El líder del PP, Pablo Casado, interviene durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso

44

Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder

Montesquieu

Están exultantes porque dicen haberle dado una bofetada al Gobierno en pleno papo del ministro Campos. Lo cuentan a todos los que gustan de escucharles, periodistas y acólitos, y nadie les pone mala cara y les pregunta indignado si los miembros del órgano de gobierno de los jueces pueden chulear con tal suerte de macarreo institucional. En serio, los vocales triunfantes por haber sellado el Tribunal Supremo con sus nombramientos realizados desde la deslegitimación por decaimiento de mandato, están jugando a la política con tan poca fortuna que creen que pueden ganarle una mano democrática al Gobierno y al Parlamento de este país. Veremos si la famosa bofetada, que en realidad es ya la tercera en este asunto, no culmina con una guantada que los saque de la poltrona, porque es evidente que las cosas no pueden continuar así. Las palabras de Sánchez del viernes parecen apuntar a que la paciencia se ha terminado.

La cuestión constitucional de la renovación debida de los órganos constitucionales con mandato caducado se ha convertido ya en un reto a pecho descubierto que ningún demócrata puede respaldar. Los desplantes de los de Marqués de la Ensenada, comandados por Lesmes, han cruzado todos los rubicones. Mandar parar los nombramientos, reanudarlos después, todo sin ningún respaldo legal, y montar un cirio institucional mezclando al propio jefe del Estado es algo que supera todo lo imaginable. Irte jactando de que le has dado una bofetada al Gobierno emanado de las urnas es la guinda.

Desde Bruselas el presidente del Gobierno confirmaba que el pulso del PP por seguir controlando el CGPJ saltándose las órdenes constitucionales ha tocado fondo. "Mi voluntad es hacerlo", dijo, y abrió así la espita para que todos los estudios legislativos y las negociaciones, que se llevan haciendo desde agosto, se desbloqueen para presentar una proposición de ley que reforme la LOPJ para que el Consejo quede en funciones y con atribuciones limitadas en el momento en el que venza su mandato, haya acuerdo o no para su renovación. Exactamente lo mismo, por otra parte, que sucede con los otros dos poderes del Estado. Ni el Gobierno en funciones tiene las mismas capacidades ni el Parlamento disuelto tampoco. Esta reforma se aplicaría de forma retroactiva y dejaría fuera de juego a los actuales miembros del Consejo y, según se estudia, exigiría del nuevo órgano legítimamente renovado la ratificación de los nombramientos realizados en ese extraño limbo por voluntad de Lesmes. También se baraja la posibilidad de que las competencias de gestión que no sean diferibles pasen al Ministerio de Justicia mientras no se produzca la renovación prevista en los plazos legales.

Este puñetazo de los representantes de la soberanía popular se viene gestando desde hace algún tiempo y el manifiesto firmado por 187 diputados en el que se afirma que esta situación no puede continuar es una muestra de ello. Esos 187 votos, que pueden llegar a ser más, aseguran una mayoría suficiente para hacer efectiva esta reforma que se aplicaría ya de forma retroactiva al Consejo caducado al que Casado y Lesmes se aferran.

Sería una reforma de mínimos y consensuada en la que una amplísima mayoría parlamentaria respaldaría el fin del obstruccionismo constitucional practicado por Casado. A fin de cuentas en democracia el poder emana del pueblo y no de las gónadas de Génova. Tampoco tendrán mucho de qué quejarse, dado que Rajoy usó su propia mayoría parlamentaria para aplicarle al CGPJ la reforma Gallardón, que propició este presidencialismo de Lesmes y el clientelismo del resto de los vocales que le respaldan.

El pulso para desestabilizar al Gobierno y hacerlo caer se juega cada vez más en el campo de las togas. Creían los populares a principios de año que tenían enfrente a un Gobierno débil y que se disgregaría pronto. Durante la pandemia se han dado cuenta de que no es así, lo que ha destrozado toda su estrategia cortoplacista. El pacto gubernamental no ha caído con la gestión de la pandemia, los Presupuestos van a salir y los fondos europeos terminan de augurar el fin de la legislatura. Nadie cree ya en serio que el Gobierno vaya a caer mañana. Los socios que consideraban más proclives a la espantada han demostrado que con mejor o peor ánimo van a aguantar carros y carretas para asegurar la estabilidad. El Gobierno no va a fracturarse y creo que ahora Casado ya lo tiene claro.

Por eso la guerra se ha dirigido hacia otros frentes. Ahí tenemos a fiscales afines presionando para conseguir que se apoyen las querellas al Gobierno –que imputado estaría muerto–, o los intentos de jueces de la Audiencia Nacional y de Plaza de Castilla por poner en tela de juicio a otros miembros del Ejecutivo. La apuesta de la Comunidad de Madrid de judicializar todo el proceso de control de la epidemia –después de haber pedido expresamente ayuda– es otra trinchera de esta batalla. Reparen en cómo ahora ven más al muñidor judicial del PP, Enrique López, en su versión consejero que a la propia presidenta. Todo vale para desgajar la coalición, incluido usar de forma sucia y prohibida la figura del Rey.

El Partido Popular juega la baza de la usurpación de un poder del Estado y no sé si ingenuamente creen que después de haber roto un primer pacto filtrando un mensaje y un segundo pacto de mala manera en agosto, van a conseguir mantener esta situación hasta que lleguen ellos al poder. No va a ser así. Hace meses que entre los partidos del Gobierno se pasan un proyecto de reforma del Poder Judicial que en el caso de las propuestas de Podemos va mucho más allá de lo que los socialistas de momento ven factible. La propuesta de máximos de Podemos toca otros muchos puntos como la reforma del acceso a la función judicial o la intervención mediante el voto directo de la ciudadanía para algunos cargos, aunque no es previsible que hagan cuestión de todas ellas a la hora de acabar de una vez con la situación anómala a la que está forzando el Partido Popular.

"Humillar al Gobierno, al Parlamento y secuestrar un poder del Estado no es una posibilidad", se asegura desde el cogollo de las negociaciones. Una mayoría muy amplia de representantes del pueblo está presta a terminar con esta situación.

Hay bofetadas que sientan muy bien cuando las das pero que acabas por comerte.

Etiquetas
Publicado el
3 de octubre de 2020 - 21:07 h

Descubre nuestras apps

stats