La derecha, el rey y las togas

Habrá que ver cómo se entiende en las sociedades y prensas europeas la inhabilitación del president de Catalunya, designado por un parlamento democráticamente elegido, porque no quiso descolgar una pancarta y unos lazos amarillos. Muy democrática no parece la medida. 

El Tribunal Supremo lo justifica porque interpreta la decisión de Torra sobre la pancarta y los lazos como una “contundente, reiterada, contumaz y obstinada resistencia a acatar un mandato”. Sigue sin sonar del todo bien.

La política se judicializa cuando no encuentra otros modos de mantener su dominio. Ya lo decía este lunes la Fundación de José María Aznar, la FAES, que aventura “la ocupación indefinida del poder” de la izquierda y el nacionalismo por la “impugnación de la Transición” del PSOE. Quienes quieren justificar medidas poco democráticas, necesitan antes un diagnóstico que pinte un escenario cuasi golpista. 

Y algo así están haciendo desde la derecha, inoculando el mensaje de que el Gobierno español acumula intentos de golpe desde el inicio: el estado de alarma, las restricciones, el empeño en que Madrid tome más precauciones, el anuncio de ayudas sociales y económicas descritas de tal modo por la derecha que parecían conatos de expropiación, y ahora el diagnóstico de FAES: la izquierda viene a quedarse indefinidamente a no ser que hagamos algo para remediarlo…

Con todo ello justifican posiciones de dudoso carácter democrático. Por ejemplo, la obstaculización de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con un mandato caducado desde hace más de un año y medio. Pablo Casado anunció a Sánchez que no quiere su renovación si Unidas Podemos tiene cualquier papel en ella. La excusa de “que vienen los comunistas” es empleada para burlar los mecanismos habituales y perpetuar así el control conservador en el único órgano que puede abrir una investigación penal contra un diputado, ministro o senador, la Sala de lo Penal del Supremo, cuyos miembros, vitalicios, son elegidos por el CGPJ. 

Y es este Poder Judicial el que se dispone a votar en los próximos días, si nada cambia, la renovación de diez cargos discrecionales de la cúpula judicial, seis de ellos en el Tribunal Supremo, sin haber sido antes renovado, es decir, desde un mandato caducado. Cuánto nos preocupan las jugarretas en el Poder Judicial estadounidense, ahora que Trump se aventura, justo antes de las elecciones, a impulsar para la vacante en el Supremo a su candidata Amy Coney Barrett, y qué poco aparecen en determinados espacios informativos las cuestiones judiciales españolas. 

Este lunes el Supremo se vino arriba y, además de la inhabilitación a Torra, abrió causa penal contra el diputado y secretario de Organización de Podemos Alberto Rodríguez por presunta agresión a un policía en una manifestación de 2014. También anunció una rebaja de once a dos años la pena del profesor de Gaztelueta a pesar de considerar probados los abusos sexuales “continuados” a uno de sus estudiantes. 

Cuando la derecha pierde poder, lo busca por otras vías y si tiene que intentar usar al rey, pues viva el rey. El poder judicial conservador puso el grito en el cielo porque el Gobierno pidió a Felipe VI que no fuera a la entrega de despachos a una nueva promoción de juezas y jueces. El rey había aceptado previamente la invitación sin haberlo consultado con el presidente Pedro Sánchez. 

Si hubiera ido, temían desde el Ejecutivo, podría haberse aprovechado la situación para darse a conocer la inhabilitación de Torra. El escenario era perfecto en todo caso: si el rey asistía, se anunciaba la decisión judicial con su presencia, lo que habría sido presentado como una toma de partido por parte del monarca, en un intento de instrumentalizarlo. Si no iba, se pataleaba durante días acusando a los de Pedro Sánchez de imponer y secuestrar a Felipe VI. 

Que en ciertos ámbitos del Poder Judicial hay ganas de impartir justicia en nombre del rey ha quedado claro. Cuando los votos no te facilitan el poder ejecutivo ni el legislativo, en España siempre te puede quedar el judicial, dispuesto a expandirse más allá de sus límites. 

También puede quedarte el delirio y, en un intento desesperado por cambiar la realidad, clamar con convicción que dos miembros del Gobierno y diputados elegidos democráticamente -Iglesias y Garzón- no han sido votados por los españoles pero que el rey sí. La afirmación, emitida por Pablo Casado, es un hermoso lapsus freudiano que muestra cuán grande es su deseo de que el rey sea suyo y de que los votos que ha perdido la derecha regresen. Si para ello Casado tiene que deformar la realidad, la deforma, convencido, con deseo. Con un deseo que denota cierta desesperación. No debería parecernos patética esa desesperación, sino más bien preocupante. 

Nada se entiende sin su contexto. Todo esto ocurre con un Partido Popular pendiente de varias causas judiciales y mientras se negocian los presupuestos del Estado, con los que se decidirá en qué se emplea el dinero. La derecha teme que sean unos presupuestos de izquierdas, con políticas de protección social y refuerzo de lo público y muestra escándalo ante ese posible pacto de las fuerzas que permitieron la investidura: Esquerra Republicana, PNV, Más Madrid, Compromís, EH Bildu, entre otras.

El presidente Pedro Sánchez pretende que Ciudadanos no se descuelgue de los presupuestos, y de momento lo ha conseguido manteniendo a la vez a ERC dentro del posible pacto. En función de cuál sea la configuración final de los apoyos a los presupuestos, el tablero y los contenidos de los mismos variarán. Como dicen los estadounidenses, follow the money. En torno al dinero y a cómo va a ser gestionado gira mucho de lo que ocurre estos días.