¿Error, amenazas o corrupción judicial?
La absolución del culpable es la condena del juez.
Me pasma ver como una de las noticias más graves de esta semana, publicada en este mismo diario por Lucas Marco, ha pasado sin pena ni gloria por la escena democrática mientras nos entreteníamos con los juegos de luces del viaje de Reyners o con las penas de la Falcó, cada uno según sus gustos. De modo que nos dicen que un error judicial, cometido por la jueza Elena Zabalza Sánchez, del Juzgado de Instrucción 1 de Benidorm, ha obligado a exonerar mediante sobreseimiento libre -o sea, ¡chimpún!, igual que absueltos- a los acusados de la segunda operación en importancia en España contra la mafia rusa y aquí no se abre un mal informativo ni un periódico con ello. ¿Se han equivocado y ya está?
La gravedad del asunto merece una reflexión. En un año marcado por las sanciones a Rusia y a sus oligarcas -hasta la fiscal general ordenó a Anticorrupción hacer un listado de rusos implicados en causas y números de diligencias-, aquí se malogra una operación realizada con apoyo de Europol porque una jueza de pueblo se olvida de prorrogar la instrucción del caso, como es preceptivo por una miserable reforma del Partido Popular. Luego hablaremos de qué hacía una causa de este nivel de complejidad y riesgo en un juzgado como ese. La cuestión es que un “olvido” de ese tipo sólo puede deberse a tres cosas: error profesional gravísimo, prevaricación por extorsión y miedo o prevaricación por cohecho. O la has cagado pero bien o tienes miedo por alguna amenaza o te han untado para que te olvides. No veo más opciones y ninguna es buena, siendo que la más favorable es la de un fallo que debería dar lugar, como poco, a una investigación disciplinaria por falta grave del artículo 417.9 de la LOPJ.
El fin del caso se ha explicado por un error relacionado con la reforma del artículo 324 de la LeCrim -realizada por el PP con el ministro Catalá- por la que las instrucciones penales debían durar como mucho seis meses y, si por su complejidad era necesario continuarlas, el juez debía prorrogarlas expresamente “de oficio o a instancia de parte”. Ya nos cansamos de decir en su día que esa reforma pepera no venía para agilizar la Justicia sino para permitir impunidades, por ejemplo de miembros del PP encausados por corrupción. Por cierto, Alexei Shirokov, el principal imputado ruso de la trama, era militante del PP y del error han salido beneficiados al menos otros cargos públicos y excargos de ese partido, además de policías, guardias civiles y demás. Al llegar el Gobierno socialista se enmendó ese asunto del 324 de forma chapucera, pues se aumentó el plazo para pedir la prórroga a un año pero no se eliminó. Les cuento un secreto: la mejor forma de salir de rositas de un procedimiento prolijo y grave sigue siendo que el juez se olvide de hacer la prórroga porque todo lo que haga a continuación será nulo y la exoneración deviene obligada. Algo un poco más sofisticado que aquella cosa antigua de los procedimientos que por mano negra o untada quedaban olvidados en lo alto de un armario del juzgado, ya me siguen.
Así las cosas la jueza Zabalza se pudo olvidar de hacer la prórroga, aunque ¿cuántos asuntos de esta envergadura tiene sobre su mesa en Benidorm? Era “la mayor causa contra la mafia rusa en España en una década”. ¿Dos? ¿Uno? La magistrada intentó rebotar la instrucción hacia arriba, a la Audiencia Nacional, mediante un auto de inhibición en abril de 2021, a los cinco meses de tenerlo. En él hablaba de un “entramado empresarial y societario cuyo fin era el enriquecimiento ilícito mediante vías fraudulentas… con repercusión en la economía nacional”. Fue la Audiencia de Alicante, Sección Segunda, la que oyendo un recurso de las defensas le impidió enviarlo a Madrid. No termino de entender por qué los fiscales especialistas José Grinda y Juan José Rosa reventaron en un juzgado de Benidorm el asunto en el que acusaban de organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad en documentos, cohecho de funcionarios a 23 personas “vinculadas directa o indirectamente a la criminalidad organizada rusa” y en el que hablaban del dinero que fluía en efectivo de Rusia a España, de los vor v zakone y de los organigramas de estas organizaciones según Europol y no consideraron que esta era cosa de la Audiencia Nacional. ¿Para qué está la AN entonces, para los titiriteros, los CDR y los de Alsasua? Quiero decir que atraer la competencia cuando interesa no es tan difícil, al menos cuando interesa políticamente, y no entiendo que cuando es totalmente necesario no se haga. Recuerden que la AN basa su existencia, entre otras cosas, en que es más fácil proteger y blindar una sede y a 40 personas que a todos los jueces del país, en que está especializada en estos grandes casos y tiene medios, y en que está lejos de la zona de influencia local de los imputados. Todo lo que no pasa en un juzgado de Benidorm. Además de esa respuesta, es completamente necesario aclarar si, desde Anticorrupción, Grinda y Rosa no pidieron a la jueza esa prórroga de la instrucción. Si también se les pasó. No sería comprensible que no se investigara desde la Fiscalía General del Estado .
La actuación y la omisión de la magistrada Zabalza tienen que ser investigadas y el resultado de esa investigación debe hacerse público. Los ciudadanos tenemos que saber si no somos capaces de luchar contra la implantación de las peligrosísimas mafias del este por negligencia, por saturación y falta de medios, por incapacidad personal o si hay otras consideraciones. Hay muchas incógnitas por despejar. Otra de ellas es por qué la jueza no llama para tomar declaración a los imputados hasta febrero de 2022, cuando la operación, las entradas y registros y las detenciones se produjeron en diciembre de 2020. Recordemos que se trata de una trama que presuntamente regalaba jamones de lujo, vinos de altísima gama y hasta joyas y que indiciariamente corrompía a funcionarios de policía, de la Guardia Civil y a concejales de seguridad del PP. Una operación sobre gentes peligrosas: recordemos que los propios fiscales especialistas en mafia rusa llegaron a pedir amparo al Consejo Fiscal por los manejos contra ellos que llevaban a cabo rusos implicados en investigaciones. No hablamos de cosas menores ni poco peligrosas. Sin ir más lejos, el oligarca Ilya Ilyach Traber, amigo de Putin y absuelto por al Audiencia Nacional, declaraba en enero de ese año en el portal ruso Fontanka: “Su apellido es Grinda. Es un hombre sucio. Si logro hundir a ese fiscal canalla espero traer algún beneficio a mi país”. ¿Amenazas? ¿Juzgados de pueblo?¿Errores y olvidos? Es una partida demasiado fuerte y demasiado peligrosa para permitirnos no ser capaces de ganarla.
Un Estado de derecho no puede pasar de puntillas por un asunto como este. No saben hasta qué punto los jueces son remisos a reconocer en público que la actuación de uno de los suyos es grave y debe ser analizada. Mucho poder debe implicar mucha responsabilidad y mucho control de la misma. Hay que exigir responsabilidad a los jueces por sus fallos. El llamado Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPj debe abrir un expediente. La salud de un Estado de Derecho está en riesgo si estos controles no se producen. Muchas veces nos dicen que creamos en la integridad masiva de los jueces porque no hay apenas causas contra ellos, pero, a veces, que se detecten tan pocas disfunciones (corrupción, negligencia, problemas de salud mental) lleva más a pensar en una laxitud inadmisible en los contrapesos del sistema que en una excelencia y una perfección superior a la de otros países.
Mis felicitaciones al compañero Marco, porque el control informal ejercido por la prensa consiste en lo que él ha hecho y no en lo que vociferan otros.
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