Es odio a la democracia

Vivimos un momento verdaderamente conflictivo en el que se consolidan algunas certezas que lo explican. El clima de crispación y de violencia se ha incrementado de forma aplastante. Fijo cuando la derecha no gobierna todo, ha ido a más con la incorporación a órganos de poder de las tendencias ultras radicales y, en ese espiral de crecimiento, con la potente irrupción del submundo mediático de los bulos del mismo sesgo que también alcanza puestos de cierta capacidad decisoria. No olvidemos nunca que su actividad es con ánimo de lucro porque es un factor importante en la expansión de toda la cadena.

El diagnóstico no deja lugar a dudas: estamos mucho peor que hace un tiempo; de no revertirse la tendencia, puede acabar incluso en tragedia y las soluciones son complejas. Precisamente por cómo los problemas se expanden y se entrecruzan.

El delito principal, si se le puede llamar así, es odio a la democracia. Odio a la soberanía popular, a las diferencias entre los seres humanos, a sus derechos, a la justicia real, a la empatía, a la verdad, sobre todo. Tiene nombre: es ultraderecha, fascismo con más propiedad.

Su instrumento principal para crecer y expandirse han sido los medios que acogen de forma acrítica sus mentiras y postulados en el mejor de los casos, porque en otros hay una plena sintonía ideológica. Juntos han sabido encauzar el descontento social para llenar ciertas cabezas de las falsas soluciones que truncan todo lo que, en verdad, sustenta la convivencia. Sin olvidar la vocación fascista per se.

Es innegable que la xenofobia y la mentira dispararon los violentos disturbios del Reino Unido. Y que en España se intenta hacer lo mismo. Y lo niegan. O lo tergiversan. No solo los alborotadores declarados, sino directamente la derecha cuando justifica la xenofobia, como hizo Cuca Gamarra, portavoz del PP, “comprendiendo” a su colega García Albiol y encima con esos sujetos mayestáticos que engloban a “todos”.

Recopilo: el problema existe, es cierto, va a más, lo niegan o le cambian el signo desde el lado de los agresores, no es nada fácil pararlo en este contexto y, a la vez, es absolutamente imprescindible hacerlo.

Estoy en completo acuerdo con este razonado artículo de Miguel Ramos, periodista experto y víctima de la ultraderecha. “Existen herramientas suficientes para sancionar el odio y la desinformación, pero todo está en manos de quien tienen capacidad para llevarlo a cabo”, dice y lo argumenta. Y aquí nos topamos con la justicia española, cuyos males parecen muy lejos de solucionarse. Al menos con el Poder Judicial pactado entre PSOE y PP, incapaz hasta de elegir una presidencia, dado que se niegan incluso a que sea una presidenta.

Claro que plantean dudas las medidas anunciadas. Leyes nuevas serían instrumento represor en manos de la derecha, se plantea. Ya lo son las que existen. Resulta clamoroso que se encarcele a músicos o a unos titiriteros y se deje en completa impunidad a los propagadores de salvajes bulos que promueven acciones violentas o a la presidenta de la única comunidad que dejó morir sin asistencia medica a 7.291 ancianos al establecer un “Protocolo de la Vergüenza” que les dejó hasta sin asistencia médica. 

“Estos mismos discursos tienen hoy altavoz en las principales tertulias, medios de comunicación y en prácticamente todas las instituciones”, escribía Miguel Ramos. Y así es. Todo lo contrario a una crítica que se hace ya más que necesaria. Que nadie desde las instituciones, desde la Jefatura del Estado incluso, diga ni palabra sobre los ataques a la democracia, el odio a la democracia que se perpetra es lamentable. Y al uso escandaloso de la justicia. Paradigmático ejemplo el juez Peinado y las interpretaciones de los silencios que practica o la difusión que parece buscar de todo un presidente de gobierno interrogado por un juez en el curso de una querellas de la ultraderecha contra su esposa basadas principalmente en bulos de la fachosfera. Llamativa, en efecto, su “prosa jurídica”. Expertos juristas alucinan pero la asociación mayoritaria de los jueces apoyó expresamente a su colega Peinado. Esto ha ido demasiado lejos y con presumible intención de llegar mucho más allá.

Algo hay que hacer, sin embargo. El Reino Unido paró los disturbios racistas con juicios rápidos y sentencias duras en dinero y cárcel. La justicia francesa retira a una web difusora de bulos su estatus como medio digital. France-Soir podrá seguir existiendo, pero perderá derechos y ventajas fiscales propios de la prensa al ser considerado “un peligro para la salud pública”. Subvenciones del erario, parece ser, también. Salud pública es vivir en democracia, aunque sea imperfecta. Ustedes verán.

Ahí les duele. Es sabido que las comunidades del PP, Madrid en particular, riegan profusamente la fachosfera con nuestro dinero. Y ya se revuelven quienes velan por estos medios. Esperanza Aguirre. por ejemplo. Llama a recopilar bulos y odio de la izquierda, que ya se sabe lo que es en su caso: más de lo mismo.

Porque es inaudito. El surtido de insultos, mentiras y exageraciones que prodigan a diario medios de toda la escala de la cloaca mediática daría para un instructivo volumen gráfico. Quizás se reconocieran ahí quienes se han dejado envenenar con sus mentiras para no discernir qué hubiera sido de los ciudadanos si por ejemplo hubiera estado en el gobierno el PP durante la pandemia, o que sería hoy de la sanidad pública, las pensiones, el salario mínimo y tantos otros derechos que, aun insuficientes, están a años luz de lo que hace en realidad el PP.

El terreno ganado por la involución democrática es inmenso ya, hubo de pararse antes, sobre todo en las fuentes que la alimentan. Pero la experiencia demuestra a qué conduce dejarlo fluir sin más en aras a respetar la libertad de extorsión o de expandir el odio: no se extingue, va a más.

Tienen tantos puntos en común los fundamentalismos. Se cumplen tres años de la entrega de Afganistán a los Talibanes por acuerdo de Donald Trump, que culminó Joe Biden con la retirada de tropas el 30 de agosto. Junto a EEUU, la llamada Comunidad Internacional dejó solos a los afganos, sobre todo a las afganas. Pues bien, el gobierno fundamentalista acaba de aprobar nuevas leyes: prohíben por ley el sonido de la voz de mujer en público, hablar, cantar, recitar, y marcan el hiyab como innegociable. En su continuo borrado, las mujeres no son ya referentes de nada. Se sabe cómo empiezan los fundamentalismos y se sabe cómo acaban: destruyendo cuanto desprecian.