El PP ni se inmuta

¿Serán insensibles los votantes potenciales de izquierda ahora desmovilizados a los daños terribles que puede producir la entrada de Vox en los gobiernos de ayuntamientos y comunidades y también en el de España? No se sabe y tampoco se pueden hacer pronósticos al respecto. Aunque de la respuesta a esa pregunta depende el resultado de las elecciones del 23 de julio.

La izquierda, y en particular el PSOE, centran desde hace días su campaña en denunciar esos riesgos, seguramente convencidos de que en ese punto residen sus reducidas posibilidades de dar la vuelta a las encuestas que unánimemente pronostican una victoria de la derecha. La más inquietante ha sido la encargada por el diario El País y la SER, entidades poco sospechosas de desear ese resultado y que concluían que en estos momentos la suma probable de escaños del PP y de Vox está cerca de la mayoría absoluta.

Tras la obtención de datos para la elaboración de ese sondeo, o coincidiendo con ese proceso, se ha producido una serie de noticias que no han hecho sino confirmar la gravedad de los riesgos que para la convivencia y para algunos derechos sociales fundamentales tiene la entrada de Vox en los gobiernos institucionales.

Algunas de esas novedades han sido el anuncio por parte de unos cuantos ayuntamientos importantes gobernados por la coalición PP-Vox de que van a suprimir los departamentos dedicados a la igualdad y las partidas presupuestarias correspondientes, la prohibición por parte de otros de las manifestaciones del colectivo LGTBI, el anuncio por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid de que va a reformar la ley trans, el aplauso cerrado de los dirigentes de Vox al más que reaccionario discurso de Isabel Díaz Ayuso esta semana en la Asamblea de Madrid, o el nombramiento de un personaje retrógrado que recuerda los peores tiempos del nacional-catolicismo franquista como presidente del parlamento balear.

Pero, con todo, lo más grave ha sido la aprobación del programa de gobierno de la coalición PP-Vox en la Comunidad Valenciana. Porque, entre otras cosas, pretende derogar la ley de memoria histórica y recortar drásticamente las ayudas a inmigrantes, así como, sin rubor alguno, desecha el concepto de violencia de género y lo sustituye por el de violencia intrafamiliar, en línea con una de las demandas que más insistentemente viene haciendo Vox desde hace tiempo. Sí, el partido de Abascal se avino a que su presidente valenciano Carlos Flores no entrara en el gobierno por tener una condena por violencia machista. Pero a cambio ha conseguido que buena parte de su programa haya sido asumido sin rechistar por el PP regional.

Alberto Núñez Feijoo viene a decir que con él no va la cosa cuando los periodistas le preguntan por esas cuestiones. O trata de quitar hierro a los delitos de Carlos Flores argumentando que lo suyo fue culpa de un “divorcio duro”. Tal vez lo de menos sea la barbaridad conceptual, y moral, que esa afirmación contiene. Porque lo importante en estos momentos es su sentido político: el de que debe creer que los votantes potenciales del PP no van a cambiar de opción por estas cosas y que el que más o el que menos se agarrarán a cualquier justificación, como la que ofrece Feijoo, para mirar hacia otro lado.

Y ahí está la gravedad de la cosa. En que millones y millones de ciudadanos, muchos de ellos no precisamente ultraderechistas, estén dispuestos a tragar con actitudes incívicas y reaccionarias que hace diez o quince años no habrían aceptado. Por el mismo giro hacia el conservadurismo que se está produciendo en todos los países occidentales o por motivos más españoles como el rechazo a cualquier concesión al independentismo catalán o vasco, muchas de esas personas han vuelto a las posturas más tradicionales en materias como los derechos de las mujeres o del colectivo LGTBI. Vox les está esperando. Y la jerarquía católica, frotándose las manos.

Para muchas de esas gentes todo vale con tal de echar a Pedro Sánchez del Gobierno. El PP les viene machacando con ese lema desde hace años. Despreciando, si no criticando abiertamente, el buen trabajo que Sánchez y el gobierno de coalición han hecho durante la pandemia o para propiciar la recuperación de la economía. Para los medios de la derecha esas cosas no existen. Para sus seguidores, tampoco.

¿Y por qué muchos votantes potenciales de izquierda dicen que se van a abstener o que incluso van a votar al PP, hasta un millón según algunas encuestas, o a otros partidos? Seguramente por motivos no muy lejanos de los que los electores del PP esgrimen para querer echar a Sánchez. Por su actitud en el conflicto catalán, por sus pactos con Bildu y también por lo que ellos consideran cesiones intolerables a las exigencias de Podemos durante los cuatro años de gobierno.

El hecho de que, a menos que se produzca un vuelco electoral impensable, el PSOE sólo podría gobernar si renovara el pacto con los mismos partidos con los que ha legislado hasta ahora no hace abrigar muchas esperanzas de que ese voto potencial de izquierdas vuelva a casa. Alberto Núñez Feijóo debe creer que eso no es posible. Por eso ni se inmuta con la polémica que están generando sus pactos con Vox. Extremadura es la excepción en este sentido. Pero todo hace pensar que también ese PP volverá a la regla.