Seguimos donde estábamos
El Gobierno sigue confiando en que a través de los tribunales puede conseguir mantener el statu quo en lo que a la integración de Catalunya en España se refiere. La legalidad, en este caso el bloque de la constitucionalidad, Constitución+Estatuto de Autonomía, sigue en pie y únicamente dentro de dicho bloque cabe recuperar el ejercicio del derecho a la autonomía en Catalunya y dejar atrás el 155 CE. Tarde o temprano, más bien temprano que tarde, el nacionalismo catalán tendrá que aceptar que las cosas son como son y que no hay más ejercicio de autonomía que el previsto en la Constitución y el Estatuto.
El nacionalismo catalán confía en burlar la acción del Gobierno, moviéndose simultáneamente dentro y fuera del marco constitucional-estatutario. O, mejor dicho, fuera y dentro de dicho marco. Fuera mediante la activación de una Asamblea de electos, municipales, provinciales y autonómicos, que darían “legitimidad” a Carles Puigdemont como President de Catalunya, aunque residiera en Bruselas. Y dentro, presentando un candidato para la investidura por el Parlament que fuera jurídicamente inobjetable. El nacionalismo dispondría así de un Gobierno “legítimo” en el exilio y un Gobierno “legal” en Catalunya.
Esta tensión entre legalidad y legitimidad es la que ha estado presente a lo largo de todo el procés. El Gobierno de la Nación ha sostenido que en un Estado democráticamente constituido no puede admitirse que exista dicha tensión, ya que sólo el ejercicio del poder dentro de la legalidad puede considerarse legítimo. En Democracia, la legalidad es la premisa de la legitimidad. No hay legitimidad fuera de la ley.
El nacionalismo catalán, por el contrario, considera que hay un problema de legitimidad en la relación entre Catalunya y el Estado, en la medida en que la fórmula de integración de la primera en el segundo, el Pacto entre el Parlament y las Cortes Generales ratificado por los ciudadanos en referéndum, fue desautorizado por el Tribunal Constitucional, que impuso con su sentencia una fórmula de integración distinta a la pactada y refrendada.
En consecuencia, el “bloque de constitucionalidad”, en lo que ha Catalunya se refiere, carece de legitimidad. Para que pudiera considerárselo legítimo, hubiera sido preciso que el texto del Estatuto, tras la sentencia del STC 31/2010, hubiera sido sometido a referéndum, que es algo que únicamente el Gobierno de la Nación puede hacer. Un Estatuto sin refrendo ciudadano carece de legitimidad. Con una norma impuesta desde fuera no se puede considerar que lo que se ejerce es el derecho a la autonomía, pues derecho de autonomía e imposición desde el exterior son términos que se excluyen.
En esas estamos. El Gobierno de la Nación y el nacionalismo catalán siguen situados en planos distintos, entre los que no existe ningún punto de conexión y, en consecuencia, es imposible que se entable un diálogo genuino.
Con la entrada en acción del Tribunal Supremo menos todavía. En la querella que está siendo instruida por el juez Pablo Llanera figuran, por el momento, 28 dirigentes nacionalistas, 19 de los cuales son parlamentarios electos. Con seguridad, todos ellos van a quedar inhabilitados, como mínimo, para ocupar cargo público. Esta inhabilitación de los nacionalistas que están en Catalunya potencia la legitimidad de los nacionalistas que está fuera o que, estando dentro, hacen uso de la Asamblea de Electos como plataforma para dirigirse a la sociedad catalana.
Seguimos como estábamos antes de la aplicación del 155 CE y antes de que el Tribunal Supremo admitiera a trámite las querellas contra los miembros del Govern y de la Mesa del Parlament, contra los “Jordis” y contra algunos parlamentarios electos y altos cargos de la Generalitat presidida por Carles Puigdemont. Ni el nacionalismo avanza un milímetro hacia la independencia, ni el Gobierno consigue avanzar un milímetro en que el nacionalismo catalán esté dispuesto a aceptar el statu quo de la integración de Catalunya en el Estado.
Doy por supuesto que el lector sabe que, en Política, seguir donde se estaba, es retroceder, porque el tiempo no se detiene y porque cada paso que se da en cada una de las dos direcciones aleja la solución del problema.
Por mucho que se empeñe el Gobierno, ni con el 155 CE ni con la ayuda del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, se puede resolver el problema de la integración de Catalunya en el Estado.
Por mucho que se empeñe el nacionalismo catalán y por muchos que sean los artilugios que se le ocurran, no se va a producir la independencia de Catalunya.
La realidad no es como la pinta el nacionalismo catalán, pero tampoco como la pinta el Gobierno de la Nación. Mientras no se reconozca así, seguiremos donde estábamos, esto es, retrocediendo.
