¿Será este el verano en que empezamos a dejar de estar cara al sol?

Han tenido que pasar 43 años desde la muerte de Franco para que un Gobierno se comprometa en sede parlamentaria a dar la espalda seriamente a los herederos de la dictadura y a ponerse realmente del lado de las víctimas. Todas y cada una de las medidas planteadas este miércoles en el Congreso de los Diputados por la ministra de Justicia son lógicas, justas y necesarias. Tan lógicas, justas y necesarias que estoy absolutamente convencido de que si hubiera asistido a la sesión un periodista, un político, un historiador o un simple ciudadano extranjero que no conozca a fondo cómo es el día a día en nuestro país, su reacción habría sido esta: “Pero todo esto… ¿todavía no lo habíais hecho?”.

Solo en este país puede generar polémica que el Ejecutivo vaya a asumir la búsqueda y exhumación de los más de 100.000 demócratas que fueron asesinados por el franquismo y que hoy continúan enterrados como perros en las cunetas. Solo en España se puede cuestionar que se vayan a buscar las fórmulas para ilegalizar fundaciones que llevan el nombre de asesinos de masas y fascistas como Francisco Franco, José Antonio Primo de Rivera o Ramón Serrano Suñer. Fundaciones que, además, hacen apología del fascismo, practican el negacionismo histórico, justifican a los criminales e insultan impunemente a las víctimas. Solo aquí puede haber partidos que miran para otro lado o incluso critican que se retiren todos los símbolos que quedan de aquella tiranía, censuran que se pretenda sacar al dictador de su sepulcro dorado o rechazan que se quiera convertir un sitio tan repugnante como es el Valle de los Caídos en un lugar de homenaje a quienes sufrieron y murieron bajo las garras de los militares golpistas. En ningún otro lugar del planeta se discutirían estas medidas, salvo para preguntarse… eso: ¿Cómo es posible que no se hayan aplicado hace muchos, muchos años?

Si fuera la primera vez que el PSOE gobernara en este país, aquí podría acabar este artículo. Con un cerrado aplauso a Dolores Delgado y con una apelación a que vaya todavía más allá, hasta acabar de una puñetera vez con la alargada sombra de Franco. Si fuera la primera vez… pero no lo es. “Hasta que no vea las medidas publicadas en el BOE…”, me decía Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, tras la comparecencia de la ministra. No le faltan razones para su desconfianza… que es la de muchos, yo diría que de la mayoría de quienes nos ocupamos y preocupamos de estos temas.

Este país sabe que otros presidentes y ministros socialistas también realizaron grandes promesas en esta materia. Cuando Felipe González llegó al poder, los españoles creyeron que había acabado por fin la llamada Transición y que tocaba por fin ajustar cuentas con la dictadura. No sé si es justificable, pero puede ser entendible que no se hiciera en los primeros años, debido a la fragilidad del sistema y a la amenaza permanente de golpe de Estado. Lo que no es ni justificable, ni entendible, ni decente, es que González y los suyos pasaran quince años en el poder sin hacer lo mismo que Alemania o Italia habían llevado a cabo siete décadas antes. O lo que harían en tiempos más recientes las democracias chilena y argentina que, tras la impunidad inicial, acabaron sentando en el banquillo y siguen sentando hoy en día a golpistas, represores y asesinos.

Este país también sabe lo que ocurrió con la bienintencionada Ley de Memoria Histórica de la era Zapatero. Los sectores más conservadores del PSOE, con supuestos análisis sociológicos en la mano, acabaron convenciendo al presidente de que convenía descafeinar la medida. “Este tema no da ni un solo voto y permite a la derecha fidelizar a su electorado”, solía escucharse en los despachos de Moncloa y de la calle Ferraz. Había que aprobar una Ley de Memoria sin cabrear a nadie, ni siquiera a los nostálgicos del régimen. Manos a la obra se puso la vicepresidenta Mª Teresa Fernández de la Vega que igual que se colocó la mantilla negra para ir al Vaticano, consensuó la ley hasta con el abad franquista del Valle de los Caídos.

Es cierto que la ministra Delgado utilizó este miércoles ante la Comisión de Justicia un tono, una sensibilidad y una contundencia inéditos hasta ahora. Por primera vez, un Gobierno habló claramente de anular las sentencias de los tribunales franquistas, superando el brindis al sol que supone la mera declaración de ilegitimidad que establecía la actual Ley de Memoria. Es verdad que también hemos sabido recientemente que el Ministerio del Interior ha empezado a estudiar la forma de retirar las medallas que atesora ese torturador llamado Billy el Niño.

Es verdad que la música suena bien y suena diferente a la de González o Zapatero, pero nadie puede olvidar que si Franco sigue enterrado como si fuera un faraón; si los asesinos están en La Macarena y sus víctimas en las cunetas; si los torturadores en lugar de estar entre rejas están disfrutando de sus medallas; si sigue habiendo plazas del Generalísimo y colegios José Antonio… es porque el PSOE lo ha permitido. Estamos como estamos 43 años después de la muerte del dictador; y no podemos ni queremos olvidar que 23 de esos 43 años este país ha estado gobernado por políticos que se decían socialistas.

Emilio Silva me decía también que antes de ver las medidas publicadas en el BOE, se pueden hacer muchas cosas con la urgencia que exige la avanzada edad de muchos familiares de los desaparecidos. Coincido con él. Yo, particularmente, no me creo nada de todas estas promesas y, a la vez, quiero creer… deseo creer. Señor Sánchez, no se quede a medias y sitúe a nuestro país en la normalidad democrática que disfruta Europa desde 1945. Señor Sánchez, cumpla su palabra y pase a la Historia como el presidente que sacó a Franco del Valle de los Caídos, que dio el portazo final a la dictadura y que en el verano de 2018 inició el proceso para que España dejara de estar, por fin, cara al sol.