La verdad es que el resultado que Junts per Catalunya y Esquerra Republicana obtuvieron en las urnas no refrenda las dos exigencias: amnistía y referéndum que están marcando al gobierno en funciones para la negociación de una nueva investidura. Los partidos independentistas, además de aquellos sin representación parlamentaria (CUP, PDCAT), apenas sumaron un millón de votos en las últimas elecciones, mientras que los no independentistas superaron los dos millones y medio. Es cierto que Els Comuns suscribirían una amnistía amplia, que incluyera a jóvenes encarcelados por cantar o manifestarse, y por tanto no restringida al grupo de políticos, contables, ideólogos y acólitos de Junts y Esquerra. Y también está ese 35% de abstención, cuyas voluntades desconocemos. En todo caso, su no-voto es activo y/o de cansancio. Sobre el referéndum, muchos, muchísimos en Cataluña sospechamos que esa petición de los políticos que declararon la independencia es sobre todo una justificación para lograr lo otro: quedar limpios, rehabilitarse, poder seguir en política y controlar las instituciones como una logia, es decir, con el máximo elitismo, sigilo y opacidad que habitualmente han practicado. En cuanto al bienestar de la gente, el resultado de sus políticas sociales es suficiente testimonio. Su lema se resumiría en un “que no ens vinguin amb punyetes”, hablando claro. Por eso, precisamente porque sabemos que esos políticos se creen tan especiales que hasta subiendo al autobús tienen más swing que el resto de los mortales y que, por tanto, se merecen lo mejor, sería imperdonable que un gobierno progresista ignorara ese declarado pecado de soberbia negociando una amnistía a la carta y no inclusiva.