Rastreadores de colegio en la nueva anormalidad (II)

Soy una madre de dos niños de 8 y 7 años que van a un colegio público de Madrid. Al pequeño le pusieron en cuarentena el jueves 24 de septiembre por un positivo de COVID-19 en su clase y al mayor 5 días después por lo mismo: era la tercera aula confinada de nuestro centro antes de terminar septiembre.

Por si alguien se lo está preguntando la respuesta es no: no vivimos en una de esas zonas del sur de Madrid que en aquel momento tenían la movilidad restringida. Nuestro pequeño colegio público se encuentra en un barrio de clase media-alta en el acomodado distrito de Moncloa-Aravaca. A fecha de hoy, si no me fallan las cuentas, llevamos ya siete positivos confirmados entre los alumnos del centro con un total de cinco aulas cerradas. Con esta incidencia no hace falta ser estadístico ni epidemiólogo para entender que el maldito virus también campa a sus anchas por nuestro barrio.

Desde que se confirmó en nuestro CEIP el primer positivo por COVID-19 el 10 de septiembre (a tan solo tres días de arrancar el curso), el protocolo contenido en la Guía de actuación ante la aparición de casos COVID-19 en centros educativos ha cambiado ya 2 veces. La primera fue el 25 de septiembre, cuando se redujo la cuarentena de 14 a 10 días y se dejó de hacer prueba PCR a los “contactos estrechos” de los alumnos positivos a no ser que desarrollaran síntomas, renunciándose de facto a rastrear los casos asintomáticos en los colegios. Y la segunda actualización del protocolo tuvo lugar el 2 de octubre, cuando se descargó oficialmente en los centros educativos la responsabilidad de ser ellos quienes indiquen de forma preventiva la cuarentena de un aula en cuanto tengan conocimiento de un positivo por COVID-19. Es lo que en realidad venían haciendo desde principios de curso sin tener competencias sanitarias para ello, porque ese ente llamado Sanidad Pública no coge el teléfono ni contesta a todos los correos electrónicos de los colegios. 

Pese a mi indignación he de reconocer que al menos ambas actualizaciones del protocolo han sido consecuentes con la realidad de los hechos. La promesa de la propia presidenta madrileña de hacer PCR a todos los alumnos el mismo día que se confirmara un positivo en un aula jamás se cumplió, seguramente por ser imposible dada la saturación de los centros de Atención Primaria. Y ante la sobrecarga de la Dirección General de Salud Pública de Madrid cada vez que se informa de un positivo en una clase, han sido los responsables COVID de los centros escolares quienes han tenido que “recomendar” (o no) a las familias afectadas no llevar a sus hijos al cole y hacer la cuarentena correspondiente, apelando a su responsabilidad individual.

En resumen: sin noticias ni indicaciones oficiales de los técnicos de Salud Pública, en Madrid hemos sido las propias familias y los equipos directivos de los colegios quienes hemos tenido que asumir la importante labor de los famosos rastreadores. Una función que sin pruebas PCR a los contactos estrechos de los positivos pierde bastante su sentido, la verdad. Suena irónico, pero según el actual protocolo lo único que podemos hacer es confinar en casa a nuestros hijos: justo lo que el gobierno de Madrid no quiere para su Comunidad.

Mi hijo pequeño volvió al colegio el pasado 2 de octubre sin que nadie de la Dirección General de Salud Pública de Madrid contactara ni con el colegio ni con ninguna de las familias de nuestra clase. La directora-responsable COVID jamás consiguió que le cogieran el teléfono ni tan siquiera recibió respuesta a sus correos electrónicos.

En el caso de mi hijo mayor, su cuarentena vence el viernes 9 de octubre. Con su clase parece que hemos tenido más suerte porque esta vez el centro sí ha recibido un correo electrónico remitido por una rastreadora de Salud Pública y fechado el 6 de octubre. Teniendo en cuenta que nuestro colegio notificó ese positivo el 29 de septiembre, no se han dado mucha prisa o quizás es que son muy pocos para tanto trabajo. Pero es sencillamente increíble que llevemos una semana con los niños encerrados en casa por responsabilidad individual y que a tres días de volver al cole en esa carta recibamos instrucciones como ésta:

“Deben limitar el contacto entre convivientes, y cuando compartan espacios comunes, usar mascarilla. El resto de convivientes del hogar puede seguir realizando sus actividades habituales, extremando las medidas de prevención y vigilando la aparición de síntomas”.

Esto significa que debemos usar mascarilla también en casa mientras estamos con nuestros hijos menores confinados y que podemos salir a trabajar, ya que al ser simplemente “contactos estrechos de un positivo” no tenemos derecho a baja laboral para quedarnos con ellos. Y por si alguien se lo está preguntando la respuesta es no: no me he puesto mascarilla dentro de casa mientras mis hijos encadenan cuarentenas. Lo ignoraba.