Estos días se han producido dos hechos no relacionados, en principio, con nuestra seguridad. Primero en Barcelona: Juan Andrés Benítez murió a manos de los Mossos d’Esquadra. Segundo en Madrid: en menos de dos años, el Director General de la Policía, Ignacio Cosidó, ha cambiado 4 veces a los Comisarios encargados de investigar los grandes casos de corrupción, entre otras cosas. En principio, estos dos eventos no estarían relacionados: la Policía Nacional y los Mossos tienen sus competencias delimitadas y mientras los Mossos trabajan en Cataluña, la Policía lo hace en toda España. Y sin embargo lo están y nos afectan más de lo que en principio pensaríamos. ¿Cómo? Primero, los hechos.
Según la autopsia, Juan Andrés Benítez falleció por un fallo cardíaco provocado por múltiples contusiones “cráneo-faciales”. El consejero de Interior de la Generalitat, Ramon Espadaler, niega “extralimitación” o “mala praxis” policial, pero tanto el testimonio de los vecinos como el video hacen que pongamos en duda su palabra. No solo eso: los Mossos niegan haber agredido a Benítez pero el vídeo lo desmiente. La jueza ha imputado a los 8 Mossos implicados por delito contra la vida, tortura, coacciones y obstrucción a la justicia. Sólo entonces, el Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña ha decidido apartar a los Mossos de sus funciones de forma temporal. Lamentablemente, esta no es la única actuación equivocada de los Mossos. Muchos ya conocen el caso de Ester Quintana: perdió un ojo al recibir un impacto de bala de goma. Meses antes, Nicola Tanno también perdió un ojo. Las explicaciones, cuando han habido, han sido insuficientes. Por último, como nos contaba este periódico el pasado 3 de septiembre, el gobierno, decidió indultar a Luis Fuentes Chanes, que había sido condenado por detención ilegal. Un muerto, dos ojos perdidos y una detención ilegal después, nada les ha sucedido a esos Mossos que, obviamente, no son representativos de las fuerzas del orden.
Pasemos a la Dirección General de la Policía. En menos de dos años, llevamos cuatro Jefes de la Comisaría General de Policía Judicial. Esta comisaría cuenta con cinco unidades -y cada una con su respectivas brigadas-, algunas conocidas por su presencia en la prensa como la UDYICO (droga y crimen organizado) y la UDEF (Delincuencia y Económica y Fiscal). Cada una de estas unidades tiene funciones diferenciadas. Así, por ejemplo, la UDEF se encarga de investigar y perseguir los delitos económicos y fiscales, como blanqueo de capitales, la corrupción o la falsificación de moneda. ¿Cómo es posible que llevemos cuatro Comisarios principales en dos años? El primer cambio fue en enero de 2012, apenas llegó el PP al gobierno: se sustituyeron a 10 de los 13 mandos de la cúpula policial. Eso ni está bien, ni está mal: es España y tal vez podría ser un fiel reflejo de la 'monocracia' que nos contaba Víctor Lapuente hace unas semanas. Hacer una segunda lectura- fue con el comisario general Juan Antonio González con quien se investigó la Gürtel- sería demasiado simple. Otra posibilidad es que al llegar el nuevo gobierno, 'trae a su gente', con la que tiene confianza y no hay más que hablar. A González le sustituye, José Enrique Rodríguez Ulla que consigue un récord: ser el comisario general más breve de la policía, menos de siete meses. Ulla pierde la confianza del ministro por investigar el ático que tiene Ignacio González (Presidente de la Comunidad de Madrid) en Marbella. El nuevo en plaza era José García Losada, quien ingresó en la policía en 1973. Duró hasta mediados de octubre, como nos lo contó Ignacio Escolar y según el Sindicato Unificado de la Policía (SUP), “El cese de Losada no tiene una finalidad operativa ni policial”. El último en llegar ha sido Santiago Sánchez Aparicio, 'el chati', siendo jefe de DNI fue cesado por llevar miles de ellos en una maleta a una reunión privada.
Si comparamos los dos párrafos anteriores, observamos algo curioso. Tanto Mossos como Policía nacional responden a políticos, como debe ser en una sociedad democrática. Pero estos políticos parece que tienen el sistema de incentivos inverso al de los ciudadanos: deciden castigar a los que hacen su trabajo y premiar a los que lo hacen mal. No vale decir que todos los políticos son iguales porque no es verdad: cuando en 2007 se demostró que habían malos tratos en la Comisaría de las Corts de Barcelona, la solución de Joan Saura (consejero de interior del anterior tripartito), fue poner cámaras en las salas para que esto no sucediera. ¿La primera sugerencia de Felip Puig como consejero de Interior en 2010? Quitarlas.
