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La Fiscalía rechaza que se deje de investigar a un exasesor de Cifuentes en el caso Teatro

Miguel Garzón saltó desde el gabinete de Juan Soler al de Cifuentes, que tuvo que cesarle a los pocos días por estar imputado

Esta acusado de un delito de prevaricación por mediar para devolver favores a un empresario que ayudo a amañar un contrato público

La Fiscalía también rechaza archivar las actuaciones contra la antigua responsable de Urbanismo del Ayuntamiento de Getafe

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Cristina Cifuentes y Juan Soler. Fuente: Partido Popular

Cristina Cifuentes y Juan Soler. Fuente: Partido Popular

La Fiscalía insiste en que se cometieron varios delitos durante las licitaciones de Juan Soler al frente de la alcaldía de Getafe y rechaza excluir de esas acusaciones a Miguel Garzón, a quien  Cristina Cifuentes fichó para la Comunidad de Madrid pero tuvo que despedir a los pocos días después de que el juez del caso Teatro le imputase. El Ministerio Público le acusa de un delito de prevaricación.

En un escrito dirigido al juzgado de Instrucción Número 4 de Getafe, la Fiscalía responde a la petición que efectuó Garzón para que su acusaciones en el caso Teatro fuese archivadas. También lo solicitó la exconcejal de Urbanismo, y ambos se llevan la misma respuesta. La Fiscalía se remite al informe que presentó a finales de julio en el que concretaba las acusaciones para los más de treinta implicados en este caso.

La investigación se abrió por las irregularidades en la licitación para construir un teatro en Getafe bajo el mandato de Juan Soler, y posteriormente se han ido descubriendo nuevos indicios de delito en otros contratos públicos. En el informe que concretaba las acusaciones, la Fiscalía solicitó al juez del caso que pidiese al Supremo la imputación de Soler, aforado porque aún conserva su acta de senador.

En ese documento, la Fiscalía reseña que Garzón envió un correo a Álvarez, entonces titular de Urbanismo, informando de que iban a convocar plazas en la empresa municipal de limpieza de Getafe (LYMA). En ese correo le preguntó "si tenía compromisos de los de, presumiblemente,  Francisco Felipe González Gervaso, presidente del Grupo de empresas González Gervaso".

En ese grupo de empresas se encuentra Promogonsa, una sociedad que según la Fiscalía participó en el amaño de contratos del Ayuntamiento. En uno de ellos, los responsables de esa empresa indicaron al consistorio a quiénes debían invitar a presentar ofertas, garantizándose el control del proceso de adjudicación. El escrito acusa al dueño de esa sociedad, el empresario Felipe González Gervaso, de un delito de alteración de precios en concurso público y fraude entre particulares.

Según la Fiscalía, el mail que envió Garzón preguntando por los compromisos con este empresario podría referirse a "compromisos adquiridos por el ayuntamiento/concejalía en contraprestación a favores realizados por este u otros empresarios, como aportar empresas para un concurso aun a sabiendas de que no sería adjudicatario". De esos favores estarían enterados "el personal de la corporación local".

El escrito en manos del juez del caso Teatro señala que Garzón "era también conocedor de la tramitación irregular que se estaba llevando a cabo, para construir dos escuelas infantiles y rehabilitar el antiguo mercado municipal". Por todo ello, le consideran responsable de un delito de prevaricación.

Tras su paso por el Ayuntamiento de Getafe, Garzón dio el salto a la Comunidad de Madrid. Cristina Cifuentes le fichó como asesor el pasado 2 de enero. El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicó que se incorporaba como asesor técnico del gabinete de la ya expresidenta regional, pero la Comunidad no concretó qué funciones iba a realizar y sólo dijo que haría el trabajo que se le encomendase en cada momento.

Cuando Cifuentes le fichó, la Policía ya le había incluido en un informe sobre las irregularidades de los contratos del Ayuntamiento. Pocos días después de incorporarse a su puesto, el 20 de enero, el juez decidía llamarle como imputado. Cuatro días después Cifuentes se veía obligada a cesarle de su puesto en el gabinete de Presidencia.

En el caso de la exconcejal de Urbanismo, la Fiscalía señala en su informe que asistió a negociaciones previas con Juan Soler "mediante las que se adjudicó a  la empresa A-Cero la construcción de tales escuelas, por lo que se considera la posible comisión de un delito de prevaricación".

El Ministerio Público considera que hay pruebas suficientes de que Álvarez estaba al tanto de las irregularidades en las licitaciones, como máxima responsable de Urbanismo y por su puesto en la empresa pública GISA, a través de la que se hicieron los contratos públicos. Varios testigos la sitúan en reuniones claves y le dan un papel fundamental en los hechos.

Es ella quien firma la propuesta para la contratación del proyecto de derribo del antiguo teatro y quien decide esquivar a la Intervención General, que había puesto pegas, encomendando a GISA la licitación: "Esa encomienda no era una vía más rápida para la gestión de los contratos, sino más laxa al evitar la intervención de los órganos de fiscalización del ayuntamiento, Interventora, mesa de contratación, etc".

La Fiscalía también le otorga un papel fundamental en las irregularidades para la adjudicación del contrato, que fue a parar a una empresa sin arquitectos contratados, sin el seguro económico necesario y que no había presentado pruebas de su viabilidad financiera. El informe cree probado que conoció que esta empresa era la ganadora a pesar de sus deficiencias porque fue a la única a la que no envió una carta de agradecimiento por haber participado en la licitación.

Además, un asesor del Ayuntamiento imputado en el caso confesó que la exconcejal estuvo en una reunión en la que, antes de iniciar siquiera el concurso, comunican a una de las empresas que será la ganadora.

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