Miles de personas desoyen la prohibición policial en una nueva protesta en Hong Kong

Miles de ciudadanos se han congregado este sábado en Hong Kong para una nueva protesta pese a haber sido prohibida por la Policía, que utilizó gases lacrimógenos para tratar de dispersarlos. En esta ocasión, el acto ha tenido lugar en el distrito de Yuen Long -donde el domingo 45 manifestantes resultaron heridos por hombres con cañas de bambú y barras metálicas.

“La Policía pide a los ciudadanos que mantengan la calma y se marchen de la zona lo antes posible ya que podrían suceder escenas caóticas en un corto período de tiempo”. La Policía de Hong Kong ha exigido la disolución de los manifestantes en un comunicado, en el que les ha acusado de “alterar el orden público”. “Como algunos de los manifestantes sujetaban barras de hierro y escudos artesanales, y también arrancaban vallas de las carreteras, se teme un posible deterioro de la situación”.

En otro comunicado emitido media hora después, la Policía ha confirmado que estaba llevando a cabo una “operación de dispersión” después de que un “nutrido grupo” de manifestantes rodease la comisaría del distrito, lo que obligó a suspender el servicio de la oficina de denuncias.

La protesta de este sábado también ha tenido como objetivo poner de relieve el descontento de buena parte de la ciudadanía con la forma de proceder de la Policía, a la que acusan de negligencia a la hora de actuar contra el grupo de hombres vestidos de blanco que atacaron a los manifestantes en la estación de metro de este barrio del extrarradio, de los que tan solo doce fueron detenidos.

De acuerdo con las leyes hongkonesas, participar en una manifestación ilegal puede conllevar penas de entre tres y cinco años de prisión y una multa de 5.000 dólares de Hong Kong (639 dólares, 574 euros).

Esta manifestación es un nuevo capítulo de las que comenzaron a principios de junio en Hong Kong contra una controvertida propuesta de ley de extradición que, según abogados y activistas defensores de los derechos humanos, podría traducirse en un acceso del régimen de Pekín a “fugitivos” refugiados en suelo hongkonés.

Para sus detractores, se trata de una ley que intimidará y penalizará a críticos y disidentes del régimen chino, mientras que sus defensores aseguran que busca llenar un vacío legal, ya que no existen fórmulas legales de extradición entre Taiwán, Hong Kong y la China continental.

No obstante, las protestas han mutado hacia demandas más amplias sobre mejoras de los mecanismos democráticos de la ciudad, cuya soberanía recuperó China en 1997 con el compromiso de mantener hasta 2047 las estructuras dejadas allí por los británicos.