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Así puede complicar el PP la vida al Gobierno de Pedro Sánchez con su mayoría absoluta en el Senado

La Cámara Alta veta o enmienda las leyes aprobadas en el Congreso de los Diputados, aunque en ambos casos decide finalmente la Cámara Baja 

Con su superioridad, los populares pueden retrasar y aplazar las pretensiones del Ejecutivo, que deberá lograr permanentemente acuerdos con otros grupos para garantizarse el apoyo a sus propuestas una vez vuelvan al Congreso

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El Senado rechazará el martes las enmiendas a los Presupuestos y PP y PSOE garantizan aprobar las cuentas

Pleno del Senado.

Siempre en un segundo plano, permanentemente cuestionado y con multitud de propuestas y planes para reformarlo que nunca llegan a buen puerto. A diferencia de otros países, el Senado español no juega un papel decisivo en la función legislativa del Parlamento, pero sí puede retrasar o dificultar la aprobación de las leyes que le lleguen del Congreso de los Diputados, introduciendo enmiendas o vetos a los textos originales.

En un momento en el que el Gobierno está en manos de un PSOE en minoría en ambas cámaras, y en el que el PP tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta, los populares pueden echar mano de esa superioridad para complicar y aplazar las pretensiones del Ejecutivo de Pedro Sánchez, como ya ha sucedido con la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, que el partido que dirige Mariano Rajoy ha aplazado con la intención de incluir enmiendas. 

El sistema español se caracteriza por un bicameralismo asimétrico. El Congreso es el protagonista en la función legislativa. Allí se inicia la tramitación de las proposiciones de ley planteadas por el Gobierno o por los distintos grupos políticos, y es donde se produce su aprobación inicial. El Senado ocupa una posición de segunda lectura, es decir, los proyectos se presentan y tramitan en la Cámara Baja y, una vez aprobados, la Cámara Alta puede vetarlos o enmendarlos, aunque tanto sobre el veto como sobre las enmiendas decide finalmente el Congreso. 

En el caso concreto de los Presupuestos de 2018, aprobados por el Congreso hace dos semanas con el apoyo de PP, Ciudadanos y PNV y que Pedro Sánchez se ha comprometido respetar, sucederá también así: los populares pueden presentar enmiendas en el Senado, pero estas volverán al Congreso, que es donde podrán ser definitivamente aprobadas o rechazadas.

El problema para los socialistas es que los cambios planteados por el PP en la Cámara Alta –por ejemplo los referidos a las inversiones en Euskadi negociadas con el PNV– podrían hacer que el nuevo Ejecutivo tuviera que iniciar una nueva negociación para asegurarse el rechazo a los mismos en el Congreso y mantener así el texto que se han comprometido a respetar y que paradójicamente rechazaron. El PSOE tendrá que luchar por unos Presupuestos a los que votó 'no' y lograr para ello el apoyo de grupos como Unidos Podemos, que también criticó con dureza las cuentas del anterior Ejecutivo.

El Senado, protagonista

Previsiblemente, los populares darán así un protagonismo inusual al Senado en la recta final de la legislatura enmendando todos los textos legislativos que traten de apoyar el equipo de Sánchez y sus socios. Emplearán como nunca antes la función de reflexión o de reconsideración de la Cámara Alta examinando y, en su caso, retrasando, oponiéndose o modificando las decisiones del Congreso, también gracias a su mayoría en la Mesa del Senado. Tratarán de poner zancadillas a la acción de gobierno de los socialistas, pero siempre teniendo en cuenta que la decisión final será del Congreso, en el que el PSOE tendrá que acostumbrarse así a estar continuamente conformando mayorías para echar atrás las pretensiones del PP. 

El Senado español se diferencia de los de otros países en que aquí no se puede iniciar la tramitación de ningún texto legislativo. Solamente en un caso interviene con prioridad, que es en lo referido a los proyectos del Fondo de Compensación Interterritorial. También es decisivo, por ejemplo, en la aprobación del artículo 155 de la Constitución –dado su carácter de cámara territorial– o en las reformas de la Carta Magna. En el resto de casos, la Cámara Alta debe deliberar sobre textos ya aprobados en el Congreso en un tiempo acotado y breve: dos meses normalmente y 20 días cuando se haya declarado la tramitación de urgencia.

Para oponer su veto o introducir enmiendas a esos textos, las votaciones deberán lograr mayoría absoluta en el caso del primero y mayoría simple para las segundas. El PP tiene mayoría absoluta, por lo que no tendrá ningún problema en sacar adelante ambas iniciativas. A continuación, el Congreso puede levantar el veto ratificando con mayoría absoluta el texto que remitió al Senado, o por mayoría simple una vez transcurridos dos meses desde la interposición del mismo. La Cámara Baja se debe pronunciar asimismo sobre las enmiendas del Senado aceptándolas o no por mayoría simple. En ambos casos, el PSOE deberá pactar con otros grupos para sacar adelante sus iniciativas.

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