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MINUTO POLÍTICO Un año del caso Cifuentes

Preguntas y respuestas sobre el uso del avión presidencial con el que la oposición ataca a Sánchez

El presidente del Gobierno vuelve a utilizar una aeronave que el Estado pone a su disposición para irse unos días de vacaciones con su familia a Lanzarote

La falta de regulación mantiene oculto el coste de estos viajes a pesar de las demandas de la oposición, mientras la Moncloa alega razones de seguridad

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El Gobierno alega motivos de seguridad para justificar el traslado en avión de Sánchez y su Gobierno a Valladolid

Sánchez, de camino al Falcón.

Todos los gobiernos han afrontado alguna crisis de comunicación como consecuencia del uso de recursos públicos para asuntos personales o de partido. Y el de Pedro Sánchez no es una excepción. El último episodio es el desplazamiento a bordo del avión oficial que el Estado pone a su disposición a Lanzarote, donde está pasando unos días de descanso con su familia. El Partido Popular, cuyo exlíder hizo un uso parecido de estos recursos, ha utilizado este viaje para lanzarse en tromba a criticar a Sánchez en las redes sociales. 

En todo caso, no es la única polémica similar en la que se ha visto envuelto el actual presidente. En junio ya fue criticado por utilizar un helicóptero oficial para asistir en La Rioja a la boda de su cuñado tras dos días con una agenda muy completa en Europa y en julio por hacer uso de otra aeronave del Ejército para viajar a la Comunitat Valenciana, donde acudió a actos oficiales y después asistió a un concierto junto a su mujer. Al igual que esta Navidad, en verano también utilizó un avión oficial para trasladarse a Doñana para pasar unas vacaciones familiares. En noviembre, lo utilizó para desplazarse a una cumbre bilateral con Portugal que se celebró en Valladolid, desde donde luego viajó hacia Cuba.

¿Es legal que el presidente use medios públicos para acudir a eventos personales?

A pesar de que la utilización de estos recursos suele convertirse a menudo en campo de batalla política, no hay una regulación específica sobre para qué pueden utilizarse los aviones oficiales que el Estado pone a disposición del jefe del Ejecutivo y de otros altos cargos. Lo único que existe es un Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado, que es muy poco concreto. Ese texto, aprobado en 2005 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), se limita a establecer que los responsables públicos "se abstendrán de realizar un uso impropio de los bienes y servicios que la Administración General del Estado pone a su disposición por razón del cargo".

¿Cómo ha justificado el Gobierno de Sánchez estos viajes?

El propio Sánchez tildó de "falsa y artificial" la polémica sobre su viaje a la Comunitat Valenciana, donde además de mantener una reunión informal con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, acudió con su mujer al concierto de The Killers. Y explicó que desde 2015 el Departamento de Seguridad de Moncloa recomienda medios aéreos para los viajes del presidente. En una respuesta posterior a un asesor del PP que solicitó la información a través de la Ley de Transparencia, Presidencia del Gobierno respondió que el coste fue de 282,92 euros, sin aclarar si la cifra incluye solo los vuelos o es el gasto del viaje completo.

Además, portavoces oficiales han reiterado que viajar en línea comercial no solo tendría un coste más elevado para las arcas públicas por el coste de los billetes de su personal de seguridad, sino que dificultaría la agenda presidencial y podría causar molestias al resto de usuarios de los vuelos regulares.

¿Es obligatorio hacer público el gasto?

No. Lo único que señala el citado código es que "anualmente el Consejo de Ministros conocerá un informe elevado por el Ministro de Administraciones Públicas" y que "en el supuesto de que hubiera incumplimientos de los principios del código, adoptará las medidas oportunas". Algunos diputados de la oposición han intentado conocer el coste de esos viajes, pero el Gobierno se ha escudado en un Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, es decir, de hace más de treinta años, para justificar que los informes sobre movimientos de aeronaves militares "tienen la consideración de materia clasificada". Ese acuerdo se basa en la Ley de Secretos Oficiales, aprobada en 1968 y modificada diez años después. 

No obstante, en 2014 el Ejecutivo de Mariano Rajoy sí accedió a detallar el gasto que había supuesto para las arcas públicas la utilización por parte del presidente de un avión Falcon del Ejército del Aire para asistir a un congreso del PP europeo en Dublín y volver después a España: 14.500 euros. Lo hizo en respuesta a una pregunta parlamentaria del diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares. 

¿Qué ocurre con los familiares y otros invitados a esos viajes?

Tampoco existe una regulación específica sobre quién puede utilizar esos recursos. Una sentencia de la Audiencia Nacional del 23 de octubre de 2017 instó al Ministerio de Defensa a informar del listado de pasajeros que acompañaron a altos cargos en aviones oficiales en los últimos tres años, aunque limitando la información a los vuelos posteriores al 10 de diciembre de 2014, cuando entró en vigor la Ley de Transparencia, y excluyendo los viajes de la Casa Real y los clasificados como secretos por la Presidencia del Gobierno. Ese fallo fue consecuencia de un procedimiento judicial iniciado por la Fundación Civio, que presentó un recurso ante el Supremo para tener una información más completa que todavía no ha sido resuelto. 

Con la causa todavía tramitándose en los tribunales, el diario El País publicó hace un año la lista de los 220 viajes realizados por las autoridades españolas, donde estuvieron acompañados por 1.400 pasajeros entre los que se incluían diplomáticos, asesores, periodistas, parlamentarios y familiares. Entre ellos, el marido de la entonces ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, que la acompañó en su avión de Estado en un viaje a Australia en 2017; o la hija del extitular de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, que fue en vuelo oficial con su padre a Bruselas en 2016. 

¿Es Sánchez el único presidente envuelto en este tipo de polémicas?

No. En 2009 José Luis Rodríguez Zapatero usó el avión presidencial para acudir a un mitin de su partido en Asturias. A pesar de que Rajoy, todavía en la oposición, criticó ese hecho y aseguró que no tenía "ningún derecho" a utilizar "los medios de todos" para hacer campaña, tres años después usó ese mismo avión Falcon para acudir a sendos mítines electorales en Vigo y en Ourense en el cierre de campaña de las elecciones gallegas tras asistir en Bruselas al Consejo Europeo. En 2014 también lo utilizó para el citado viaje a Dublín. 

¿Cómo está regulada esta cuestión en otros países?

Otros países tienen regulaciones más concretas sobre el uso de recursos públicos para asuntos personales o de partido. En Estados Unidos sus presidentes están autorizados a usar el Air Force One para sus viajes de placer, aunque tienen la obligación de hacer público el coste de esos desplazamientos. Por ejemplo, en sus ocho años en la Casa Blanca, Barack Obama gastó 97 millones de dólares en viajes. En Alemania, por otro lado, el marido de la canciller Angela Merkel paga de su bolsillo el coste del vuelo cuando viaja con su mujer en el avión oficial y en ocasiones prefiere hacerlo en línea regular porque le resulta más económico. 

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