Los barones van por libre en el PP de Casado

La estrategia del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, de cuestionar y rechazar todas las medidas que plantea el Gobierno para hacer frente a la segunda oleada de la pandemia no está siendo secundada por la mayoría de los barones del partido con responsabilidades institucionales. Tan solo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mantiene una perfecta sintonía con la dirección del PP tratando de presentar la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez frente al virus como un contradictorio ejercicio entre la “dejación de funciones” y el “autoritarismo”.

El resto de presidentes autonómicos populares ha decidido ir por libre, actuando al margen de las directrices de Génova 13 y, en ocasiones, contradiciendo incluso el criterio marcado por la dirección de su partido. El ejemplo más significativo lo representa el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que gobierna la región en coalición con Ciudadanos. Desde hace dos semanas, su Gobierno aplica los cierres perimetrales de las ciudades con mayor incidencia de casos de coronavirus propuestos por el Ejecutivo central y que fueron aprobados por mayoría en el Consejo Interterritorial de Salud del pasado 30 de septiembre que reunió a los consejeros de Sanidad de las 17 comunidades autónomas, aunque con el rechazo del PP.

Castilla y León fue de hecho la única comunidad autónoma gobernada por los populares que en el citado Consejo Interterritorial respaldó esos cierres perimetrales que la dirección de Casado considera “autoritarios”, que fueron creados ad hoc para la Comunidad de Madrid a la que asegura que el Ejecutivo “discrimina” o que carecen de base científica. Desde entonces, la Junta castellano y leonesa ha decretado el cierre de tres capitales de provincia.

El 5 de octubre Fernández Mañueco confinó León y Palencia y este viernes cerró también Salamanca, tras ver avaladas estas restricciones por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCL), algo que no sucedió en el caso de las diez ciudades madrileñas confinadas por el Gobierno la primera semana de octubre –el TSJ de Madrid consideró los cierres ilegales–. En el Ejecutivo de Pedro Sánchez sostienen que la Comunidad de Madrid no incluyó en sus alegaciones la ley de medidas de salud pública de 1986, como en las ocasiones anteriores, en las que la justicia sí avaló las restricciones. El varapalo judicial, sumado al enfrentamiento total del Gobierno regional, llevaron al Consejo de Ministros a aplicar el pasado viernes 9 el estado de alarma en los municipios madrileños más afectados por la segunda oleada. Este gesto provocó que Ayuso y Casado elevaran el tono contra el Gabinete de Pedro Sánchez, al que acusan de querer instaurar una dictadura.

La colaboración de Moreno Bonilla

En aplicación de esos mismos cierres perimetrales rechazados por la dirección del PP, la Junta de Andalucía que preside el popular Juan Manuel Moreno Bonilla –que también votó en contra de las medidas durante el Consejo Interterritorial de septiembre, pero que se negó a recurrirlos ante los tribunales como marcaba la doctrina de la dirección de Casado– mantiene confinados cinco municipios. Casariche (Sevilla), Linares (Jaén) y Almodóvar del Río (Córdoba) fueron cerrados la primera semana de octubre y Écija (Sevilla) y Sierra de Yeguas (Málaga), el pasado martes.

Moreno Bonilla ha sido uno de los barones del PP que más ha insistido en la necesidad del diálogo y el acuerdo con el Gobierno durante la pandemia, huyendo de la estrategia frentista que ha caracterizado la actitud de Casado y de Díaz Ayuso, que se han quedado, no obstante, solos en su partido en la primera línea de la guerra contra el Ejecutivo progresista. La presidenta madrileña es una de las apuestas personales del líder de los populares, cuyas políticas siempre cita como ejemplo de lo que él haría en España en el caso de llegar a la Moncloa –Casado considera que Madrid es el “laboratorio” en el que el PP aplica sus postulados ultraliberales– y a la que defiende en cada una de sus intervenciones públicas.

También actúa por libre, al margen de las directrices de la dirección nacional de su partido, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, al que dentro de las propias filas del PP consideran como el contrapeso “moderado” frente al giro a la derecha que emprendió Casado nada más ganar las primarias, en 2018. Feijóo, fortalecido internamente desde que en julio lograra su cuarta mayoría absoluta consecutiva en las elecciones gallegas, con el mayor apoyo registrado nunca por el presidente autonómico y desmarcándose de la dirección nacional –durante la campaña escondió las siglas del PP–, mantiene un perfil propio en la gestión de la pandemia que busca desmarcarse de los argumentarios de Génova 13.

Sin consensuar la iniciativa con Casado –así lo explican dirigentes de la cúpula del PP–, el líder gallego envió el pasado 7 de octubre a Pedro Sánchez una “propuesta” de reforma de la Ley Orgánica de Salud un “catálogo de medidas y los requisitos para poder adoptarlas” de siete páginas que le permitió entrar en el debate político estatal al margen de la dirección nacional de su partido, enfrentado al Gobierno central por la situación en Madrid.

Casado critica la “soberbia” de Sánchez

Además de Ayuso, el otro barón autonómico más próximo a la dirección de Casado es el presidente murciano, Fernando López Miras, principalmente por el peso que mantiene el secretario general del PP, Teodoro García Egea, en su comunidad de origen. López Miras, no obstante, también ha actuado por libre durante la pandemia, aplicando restricciones en localidades de su autonomía mucho más duras que las que la dirección del PP considera como un ejemplo de “autoritarismo” del Gobierno central.

En la Región de Murcia, el Ejecutivo autonómico –el PP gobierna en coalición con Ciudadanos y con el apoyo de Vox– aprobó esta semana restricciones en locales de hostelería y comercios hasta el próximo 8 de noviembre y en la segunda oleada se han producido cierres y limitaciones de movimientos en Lorca, Totana, Jumilla y en varios barrios de la capital.

Mientras sus barones autonómicos aprueban medidas restrictivas y proponen planes para hacer frente a la segunda oleada de la pandemia, Casado está centrado en acusar al Gobierno de “no hacer nada” para evitar nuevos contagios y fallecidos y, a la vez, tildando de “autoritarias” y “dictatoriales” sus medidas en la Comunidad de Madrid. “Usted ha mentido todo el tiempo, miente con los 60.000 fallecidos”, le espetó el líder del PP a Pedro Sánchez el miércoles, durante la bronca sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados. Casado también pide a Sánchez que retire el estado de alarma en Madrid. “Si no su soberbia, que es la expresión de lo que le falta y no de lo que tiene, le jugará una mala pasada”, le dijo el miércoles.