Un juzgado obliga al Ayuntamiento de València a readmitir a un trabajador que denunció una “purga” ideológica pero no reconoce desviación de poder

El Ayuntamiento de València tendrá que readmitir a un funcionario despedido del área de fallas tras el cambio de gobierno. El juzgado de lo Contencioso número 7 obliga al consistorio a readmitir al que fuera jefe de la sección de los museos de Cultura Festiva con Compromís, Gil Manuel Hernández, y asignarle un puesto acorde a su rango de funcionario. Hernández alegó una “purga” en departamento de Cultura Festiva, a cargo del PP en el nuevo equipo de gobierno y denunció desviación de poder, una consideración que no se da por probada.

El equipo de gobierno de PP y de Vox, dirigido por la alcaldesa de València, María José Catalá, aprobó en septiembre de 2024 la salida de Hernández y otro trabajador de la misma área, suprimiendo la sección que encabezaba. El juzgado ya obligó al consistorio de forma cautelar a readmitirlo hasta que hubiera sentencia firme, alegando perjuicios irreparables en la carrera del trabajador. Tomó posesión, junto a otro funcionario, mediante concurso de méritos abierto a funcionarios de carrera de otras administraciones públicas. Hernández tenía la plaza en la Universidad de València como profesor titular y el consistorio argumentó el despido “por no ser funcionario de carrera del Ayuntamiento de València y no existir en la actualidad otro puesto de trabajo a proveer por concurso que exija la plaza de Profesor Titular Universidad de Valencia que ostenta, abierto a personal de otras administraciones”.

El funcionario recurrió la resolución alegando desviación de poder, dado que “bajo la apariencia de la potestad de autoorganización se está realizando la purga deliberada de un funcionario de carrera”. Para ello se basó en una entrevista del edil de Fallas, Santiago Ballester, en el diario Levante. El periodista preguntó al concejal si ambos funcionarios seguirían en su puesto de trabajo, y éste respondió: “Son funcionarios y están en sus cargos y en sus sitios. Igual que continúa todo el equipo de Cultura Festiva, ahora Fiestas y Tradiciones. Se decía que iba a llegar y a arrasar y tirar a todo el mundo. Yo valoro a las personas por el trabajo que hacen y no por su ideología. También digo que si por su ideología retrasan o entorpecieran el trabajo, dejarán de estar, también lo diré”. El funcionario alegó que el consistorio entorpeció una conferencia en la universidad mostrando su condición de funcionario municipal.

Sin embargo, el juzgado, según el escrito al que ha tenido acceso elDiario.es, no considera probado el desvío de poder. Apunta el fallo que no se puede entender que unas declaraciones en un momento determinado expresen la voluntad del Pleno municipal, y que tampoco puede probarse que tales declaraciones “pudieran estar referidas al actor ni de que, en definitiva, este haya sido castigado por su ideología o por haber sido nombrado por el anterior equipo de gobierno”.

Sí reconoce, en cambio, que el trabajador tiene la condición de funcionario municipal y que debe ser readmitido, con un lugar acorde a su categoría y compensado con el salario y cotizaciones que dejó de percibir. Esta es la tercera ocasión en la que el Ayuntamiento es condenado por vulneración de derechos, dos de ellos funcionarios en Cultura Festiva y un tercero en Agricultura, que se encontraba en idéntica situación.

Compromís pide el cese de la concejala de Personal

El concejal de Compromís Ferran Puchades ya denunció en su momento los despidos y advirtió a la edil de Personal, Júlia Climent, que era una situación inédita y vinculaba las salidas forzadas a motivaciones políticas por su incorporación durante el mandato de Joan Ribó. Los valencianistas piden su cese con la tercera resolución judicial.

Para Puchades, “esta nueva sentencia confirma aquello que denunciamos. Estamos ante una persecución de origen político que solo se ha producido contra funcionarios que se incorporaron con el gobierno de Compromís, a pesar de que estas personas tienen una calificación y reconocimiento profesionales fuera de todo duda confirmada por su trabajo y entrega en el ejercicio de sus competencias durante los pasados años.”

El edil valencianista considera que “la resolución judicial pone de manifiesto de manera clara y rotunda que la desaparición de los puestos de trabajo que vendían ocupando no tenía ninguna justificación, así como la arbitrariedad del gobierno municipal, incumpliendo su obligación de haberlos ofrecido un lugar dentro de la administración municipal de la que formaban parte de pleno derecho, tal como acredita de forma clara la sentencia”.

Sobre la sentencia y la valoración de Compromís, fuentes municipales han señalado que se han seguido criterios “estrictamente jurídicos y técnicos” y que esta sentencia se recurrirá en apelación. El consistorio considera que tanto en este caso como en los dos anteriores, eran funcionarios de otras Administraciones Públicas que no llegaron a integrarse en la plantilla municipal, es decir, que “no eran funcionarios propios del Ayuntamiento de Valencia, según la normativa de Función Pública que les era de aplicación”.