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Ciudadanos elige al PP como socio en todas partes, también en Castilla y León

Teodoro García-Egea (PP) y el secretario de Acción Institucional de Ciudadanos, José María Espejo.

Carmen Moraga / Sofía Pérez Mendoza / Fátima Caballero

Una mesa redonda, rostros sonrientes y “buena sintonía”. Es el resumen de la fotografía que han protagonizado este miércoles PP y Ciudadanos en Castilla y León. Una instantánea que es más que eso: demuestra a través de hechos consumados, lo que ya anticipaba Ciudadanos en los últimos días. Que el PP es el “socio preferente” para formar gobiernos.

La dirección nacional de Ciudadanos marcó sus cartas el lunes. El secretario general, José Manuel Villegas, dejó la puerta abierta a excepciones que en Castilla y León, la comunidad en la que la formación ha bailado más en cuestión de alianzas en las últimas jornadas, se interpretaron como una apuesta clara por negociar un pacto en la Junta con los socialistas para hacer presidente a Luis Tudanca. El PSOE también confiaba que 32 años de gobiernos conservadores salpicados por varios casos de corrupción inclinarían la balanza a su favor por la incompatibilidad de esta realidad con el discurso regenerador de Ciudadanos.

El posado del secretario general del PP, Teodoro García-Egea, y el secretario de Acción Institucional de Ciudadanos, José María Espejo, matiza relativamente esa expectativa. El candidato naranja, Francisco Igea –un verso suelto para el partido de Rivera– ha asegurado que “habrá cambio” y “ningún imputado” en el Gobierno. Unas horas después, un juzgado anunciaba que empieza a investigar las primarias del PP de Castilla y León que convirtieron en líder a Alfonso Fernández Mañueco por presunta financiación ilegal.

“La voluntad de acuerdo” manifestada por Ciudadanos se matizaba, sin embargo, a renglón seguido en las mismas declaraciones. “Si no fructifica el acuerdo, y esperemos que no sea así, se negociará con otras fuerzas”. Una advertencia que casa mal con la tendencia en todos los territorios: priorizar los pactos con el PP.

Madrid

En algunos territorios sagrados, como Madrid, no solo se ha favorecido la alianza con los conservadores sino que se ha vetado expresamente a los socialistas, pese a que fueron la fuerza más votada el 26M. El líder autonómico y candidato, Ignacio Aguado, descartó el domingo un pacto con Ángel Gabilondo tras el ofrecimiento del PSOE de alianzas alternativas para aislar a Vox de las instituciones. Tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento los votos del partido de extrema derecha son necesarios para que el pacto de derechas salga adelante.

José Luis Martínez-Almeida (PP) y Begoña Villacís (Ciudadanos) se han reunido por primera vez este miércoles para sentar las bases de un acuerdo para el Ayuntamiento. En el encuentro se ha producido “un intercambio de documentos programáticos” y ha habido “buena sintonía”, según el candidato del PP, que asegura que ha intercambiado llamadas con Vox y se citará con el candidato Javier Ortega-Smith próximamente.

En el Partido Popular son optimistas hasta el punto de que calculan que habrá un acuerdo cerrado entre el domingo y el lunes de la semana que viene. “Todo apunta a que entre el 9 y el 10 de junio estará todo liquidado”, aseguran desde fuentes del grupo municipal del PP, que enmarcan los acuerdos para la Mesa de la Asamblea como parte del entendimiento para un Gobierno en el Ayuntamiento de Madrid presidido por Almeida en coalición con Ciudadanos. La sesión de investidura en el Ayuntamiento está programada para el 15 de junio.

En el partido de Villacís recuerdan que las líneas generales de las negociaciones se marcan desde el comité nacional, que se negó este lunes a sentarse a negociar en una mesa a tres como reclama Vox y trasladan la presión al PP para que logre que la formación de extrema derecha se conforme con acuerdos a la andaluza. A día de hoy, Vox mantiene que si no hay negociación a tres, Carmena será investida alcaldesa.

Las conversaciones en la Comunidad de Madrid aún están en una fase muy prematura y van con retraso respecto a otros territorios. Todavía no ha habido ningún encuentro formal entre comités negociadores, pero el PP se encuentra aquí en la misma encrucijada que en el Ayuntamiento: Ciudadanos no quiere negociar nada con Vox, pero la extrema derecha exige sentarse en la mesa como un partido más. Los conservadores se muestran “dispuestos a todo” para poder gobernar pero admiten las dificultades. “Si digo algo en favor de Vox puede que Ciudadanos se irrite, y al revés”, ha admitido Díaz Ayuso este miércoles.

De momento, el primer escollo que resolver es negociar los puestos en la Mesa de la Asamblea de Madrid. Tendrá que estar resuelto antes del día 11, cuando se constituye el órgano de gobierno de la institución y, según coinciden todos los partidos, de este pacto emanará lo que venga después: negociar un gobierno. Que Vox tenga una silla dependerá de PP y Ciudadanos.

Murcia

En Murcia, los comités negociadores se reúnen por primera vez de forma “oficial” este jueves para abordar el futuro gobierno de la Región de Murcia que, según las últimas declaraciones que han hecho los dirigentes de uno y otro partido, seguirá estando presidido por el PP, pero en coalición con la formación naranja. El propio Albert Rivera se manifestó el pasado martes en el programa 'Espejo Público' sobre esta cuestión y avanzó que “el cambio” que se producirá en la Región de Murcia es que “no va a gobernar el PP en solitario”, para luego añadir que “cambio habrá porque va a gobernar Ciudadanos”, afirmó ante las cámaras de Antena 3.

A pesar de que tanto Isabel Franco, líder de Ciudadanos en Murcia, como algunos dirigentes del partido a nivel nacional realizaran en campaña llamamientos a la “regeneración” tras 24 años de hegemonía del PP, los movimientos poselectorales y la agenda del partido han evidenciado que los populares son el “socio preferente”. Los socialistas murcianos, que fueron la fuerza más votada el 26M, saben que tendrán muy difícil gobernar la Comunidad, aunque podrán sentarse con la formación naranja el próximo 10 de junio, solo un día antes de la constitución del parlamento murciano.

La Mesa de la Asamblea de Murcia se forma el mismo día que la de Madrid y, por tanto, el deadline es idéntico en los dos casos. Aquí también el PP necesita los cuatro escaños de Vox para superar la investidura y la formación de extrema derecha transmite la misma exigencia que en el resto de territorios: ser parte activa de una “mesa a tres”, con la que pretenden conseguir notoriedad y visibilidad en la política murciana.

¿Un plan B con el PSOE?

Pese a que la realidad desmiente, de momento, posibles pactos alternativos de Ciudadanos, al modo de la bisagra que fueron en 2015, en la dirección aclararon el pasado lunes que hay una puerta abierta a intentar entenderse con el PSOE en el caso de que fallen las negociaciones con el PP si Vox impide un pacto bilateral o bien si los populares ceden y admiten la presencia del partido de extrema derecha en las negociaciones, una línea roja para la formación naranja.

Los de Rivera entonces harían recaer el peso de toda la responsabilidad de esos posibles fracasos sobre los de Abascal, a los que culparían de haber impedido un pacto de la derecha con el “centro liberal”, espacio donde se encuadra Cs. De momento, esperarán a ver cómo evolucionan las conversaciones, que se prevén largas y complejas, para optar por cualquier plan B.

Aunque lo cierto es que ese plan B es factible en pocos sitios, además de Castilla y León. Rivera hizo un llamamiento al PP para que evitara un gobierno “separatista” en Barcelona con una propuesta de respaldar al candidato del PSC, Jaume Collboni (tercera fuerza por detrás de ERC y Ada Colau). Valls, por su parte, ofreció los votos de su Plataforma a Ada Colau en un nuevo choque con el líder de Ciudadanos, que se desmarcaron de la oferta.

Navarra

En donde el escenario ha dado un giro inesperado es en Navarra ante la posibilidad de que UPN facilite la investidura de Pedro Sánchez gracias a la abstención de los dos diputados que lograron en el Congreso con la coalición Navarra Suma - de la que forma parte también Cs y PP-, con el fin de evitar que dependa de los independentistas. A cambio, el PSN tendría que facilitar que Javier Esparza, el candidato de UPN, presida el Gobierno foral.

Ciudadanos se ha desmarcado de inmediato de esta posible operación. Los de Rivera han respondido que “es un criterio de UPN que nosotros no compartimos”. “El PSOE debería permitir que los constitucionalistas, que hemos ganado las elecciones, gobernemos sin pedir nada a cambio. Ciudadanos, desde luego mantendrá el compromiso con sus votantes y votará ‘no’ a Sánchez”, zanjan en el partido naranja.

Esparza se reunió ayer, miércoles, con el rey y no quiso confirmar ni tampoco desmentir esta oferta, pero dejó caer que estaba “dispuesto a explorar acuerdos con los socialistas para que el independentismo catalán no tome las decisiones”. El obstáculo principal es que la candidata del PSN, María Chivite, está buscando con las fuerzas de izquierda, Geroa Bai, Podemos e IU- un pacto para gobernar, que necesitaría en cualquier caso la abstención de Bildu en el Parlamento navarro. Ferraz la ha desautorizado.

Un hecho que avala que las negociaciones con el PSOE no están completamente cerradas es que aunque en un principio Villegas incluyó entre las exigencias para pactar con los de Sánchez que se comprometieran a la aplicación del 155 en Catalunya, además de renegar de su política territorial, en el documento programático no se plasmó esa condición. Ese detalle no es baladí ya que allana el camino para que los candidatos del PSOE se avengan a algún tipo de acuerdo con Ciudadanos en el remoto caso de que se abra ese escenario.

Esta pieza se ha elaborado con información de Laura Cornejo y Víctor Peñalver.

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