Una jueza da la razón a los vecinos a los que se impidió grabar plenos de un Ayuntamiento madrileño
Los vecinos de Ambite, una localidad madrileña de la Vega del Tajuña con un censo de 586 habitantes, llevan meses en guerra con su alcalde, Antonio Villarta, del PP. Ahora han ganado. Desde primeros de septiembre ya nadie les impide grabar los plenos municipales, como ha ocurrido hasta ahora. Una sentencia favorable del Juzgado número 6 de Arganda, así como sendas resoluciones del Defensor del Pueblo y de la Agencia de Protección de Datos les ha dado la razón.
El levantamiento de tal prohibición, que legalmente no se sostenía, ha sido fruto de la resistencia de los vecinos contra el regidor, cuyo partido tiene en este Ayuntamiento madrileño con mayoría absoluta: 4 concejales del PP frente a 3 de IU. Ciudadanos por Ambite, un grupo pequeño pero con gran actividad en este municipio, lleva años denunciando “falta de transparencia” en la gestión de Villarta y “abuso de autoridad”.
La sentencia, favorable a Óscar Osuna, uno de los vecinos denunciados por el alcalde por intentar grabar una reunión plenaria, le absuelve de un “delito de faltas por desobediencia a un agente de la autoridad”. La magistrada deja claro el derecho a grabar los plenos “para su difusión entre los ciudadanos como ejercicio de transparencia”. Además, contradice la versión ofrecida por el edil de Ambite y afirma que Osuna “no provocó altercado alguno” en su intento por grabar el pleno.
Los hechos se remontan a diciembre de 2013 cuando Osuna, un exconcejal de IU, pidió a través del Registro Municipal permiso para grabar una sesión. Al llegar a la sala el alcalde no le dejó y decidió suspender el pleno. Aquel día la Guardia Civil expulsó al exedil pero otros vecinos tomaron el relevo y siguieron grabando. Por orden de Villarta corrieron la misma suerte mientras los propios agentes les explicaron que tenía derecho a presentar una denuncia por los hechos.
Sin embargo, el detonante de la guerra entre el alcalde y los vecinos de Ambite hay que situarlo al inicio de la legislatura, en 2011, cuando, a los pocos meses de iniciar su mandato, Villarta decidió asignarse un sueldo de 39.000 euros anuales brutos “pese a que ningún otro alcalde había cobrado nunca”, afirma un portavoz de Ciudadanos por Ambite. Los vecinos recogieron entonces 354 firmas -casi la mitad del censo del pueblo- en contra de la decisión. “A raíz de aquello empezó una caza de brujas mediante denuncias y multas municipales absurdas, por lo que decidimos grabar los plenos”, explican.
“Para dificultar nuestra asistencia a las reuniones Villarta las fijó a las 9.30 de la mañana a sabiendas de que es hora de trabajo”, lamentan los vecinos. El resultado de estos intentos por grabar las sesiones se saldaba sistemáticamente con el desalojo de la sala por parte de la Guardia Civil y denuncias ante la policía por parte del alcalde.
Según recoge la Plataforma Graba tu Pleno, dedicada a denunciar estos casos, la primera persona que decidió grabar un pleno en Ambite y sufrió las consecuencias por ello es Peter Adrie, un ciudadano ecologista holandés afincado en ese municipio madrileño.
En declaraciones a eldiario.es, Villarta achaca la prohibición de grabar a “prácticas inadecuadas” y a un “uso indebido” de las imágenes de las reuniones. Además, afirma haber recibido ataques e insultos personales por parte de miembros de este colectivo vecinal. En concreto, explica que uno de ellos, Francisco Carmona, que fue número dos de la candidatura municipal de Falange Española, fue condenado por insultarle a la salida de un acto. Incluso afirma haber sido víctima de un montaje de una de sus entrevistas en la que se le tildan de “gay”, extremo que niega rotundamente el portavoz de la citada asociación.
Sobre su sueldo, el alcalde reconoce que cobró durante más de dos años 2.100 euros mensuales en 14 pagas tras pedir una excedencia en el banco donde trabajaba “para poder dedicarme en exclusiva a la tarea municipal”. A finales de 2013 decidió volver al banco y renunció a ese cobro, sin abandonar sus tareas en el Ayuntamiento. “Renunció cinco minutos antes de que el Gobierno aprobara modificaciones en la ley de las Corporaciones Locales que impide cobrar sueldos a los miembros de las corporaciones de los municipios de menos de 1.000 habitantes”, puntualiza el portavoz de Ciudadanos por Ambite. Ahora Villarta, al igual que el resto de los concejales, sólo percibe las dietas por asistencia a los plenos, establecidas en 125 euros.
