El Congreso da el primer paso para reforzar el uso de las lenguas oficiales en todos los ámbitos de la administración

El Congreso dará luz verde este martes a la tramitación de una ley sobre plurilingüismo, que busca reforzar el uso de las lenguas oficiales en todos los ámbitos de la administración, también en la Justicia. Todos los partidos del bloque de investidura han avanzado que la apoyarán, incluido Junts. PP y Vox votarán en contra.

El texto nace por iniciativa de la mayoría de los grupos independentistas, nacionalistas o soberanistas de la Cámara Baja: Esquerra Republicana, EH Bildu, Partido Nacionalista Vasco (PNV), Bloque Nacionalista Galego (BNG), y los partidos integrados en Sumar Comuns, Compromís y Més per Mallorca. Pero sorprendentemente no firmaba la iniciativa Junts, que sí ha terminado votando en contra. 

“Asistimos al arrinconamiento de la lengua propia de los gobiernos del PP con los ultras de Vox, a una discriminación de la cultura desde las instituciones con total impunidad”, ha defendido el diputado de ERC, Francesc-Marc Álvaro, encargado de presentar la iniciativa este martes ante el hemiciclo. Se trata de un proyecto “histórico”, ha dicho, que busca que el adjetivo “plurinacional” sea más que un enunciado vacío. “Se trata de que los hablantes de catalán, euskera y gallego dejen de ser ciudadanos de segunda ante la administración central”, ha añadido, en una intervención que ha leído en las tres lenguas oficiales. 

La ley, de carácter orgánico, introduce una miríada de modificaciones legales en otros textos con la idea de reforzar el uso de las lenguas oficial en las instituciones del Estado central. Por ejemplo, introduce “obligaciones claras de capacitación lingüística en justicia, función pública y contratación”. 

El texto que se ha tomado este martes en consideración y que inicia así su camino parlamentario instala por ejemplo el requisito “de conocimiento de la lengua propia para acceder a plazas en comunidades con lengua oficial distinta del castellano” y también da validez plena a los documentos judiciales en catalán, euskera o gallego sin necesidad de traducción al castellano. 

Además, según han trasladado los grupos proponentes, “incorpora criterios lingüísticos transversales en la contratación pública y regula ámbitos sectoriales clave como consumo, seguridad, transporte o comunicación audiovisual”, “donde se refuerza de manera significativa la presencia y uso de las lenguas oficiales distintas del castellano”. 

La iniciativa busca reforzar asimismo el uso de las lenguas en la educación, en pleno debate sobre la vigencia del catalán, el euskera y el gallego como lengua vehicular en las clases. La ley establece “que la lengua propia de cada comunidad autónoma será normalmente vehicular, con el objetivo de garantizar que el alumnado domine tanto esa lengua como el castellano al finalizar la educación básica”. Según los grupos promotores, esta medida “refuerza la igualdad de oportunidades y certifica una competencia lingüística equilibrada en todo el territorio”. 

“Queremos garantizar el plurilingüismo real y lo hacemos corrigiendo el sesgo monolingüe de las administraciones”, ha defendido Álvaro, que ha recordado al PSOE que se comprometieron a una ley como esta en los acuerdos que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez en 2023. 

“No es una concesión ni un privilegio sino un desarrollo del mandato constitucional”, ha defendido la diputada de los Comuns y portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal. “Esta proposición busca que podamos utilizar nuestras lenguas con normalidad, en especial cuando hablamos con la administración y los poderes públicos”, ha defendido. Por parte de Sumar han intervenido varios diputados en las diferentes lenguas, también los diputados Jorge Pueyo en aragonés y Rafael Cofiño en asturiano.

“Esta iniciativa es importante. Importante para la sociedad vasca e importante para el euskera, importante para Euskal Herria Bildu. Y lo es porque ante la ofensiva generalizada política y judicial que está sufriendo nuestra lengua, anulando el euskera de los criterios de contrataciones públicas, es totalmente necesario aumentar la protección jurídica de nuestra lengua”, ha defendido la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua. “Todo lo que se modifica tiene que ver con que las instituciones del Estado garanticen a la ciudadanía el derecho a ser atendida en la propia lengua oficial, porque ahora mismo no lo hacen, incluso lo impiden”, ha dicho.

Muchos diputados han alertado de la amenaza de las lenguas oficiales ante el auge de las derechas y los gobiernos con la extrema derecha en las autonomías. “La cultura y la lengua ha sido lo primero que ustedes han vendido en sus pactos con Vox. La lengua catalana para ustedes es una mercancía de segunda que pueden sacrificar en el altar de la extrema derecha cuando pueden gobernar a cualquier precio”, le ha dicho el diputado del PSOE Marc Lamuà al PP durante su intervención.

Junts la apoya pero la enmendará 

Junts, a pesar de sus resistencias, ha anunciado que tomará en consideración la ley, aunque ha aclarado que la enmendará si logra avanzar en su tramitación. La diputada Pilar Calvo ha expresado las reticencias de su grupo a la ley, que creen que se equivoca en el marco, el del “constitucionalismo lingüístico español”. “No necesitamos que el Estado garantice nada, necesitamos que se deje de ahogar al catalán y Catalunya tenga soberanía para garantizarlo”, ha dicho. 

Calvo ha recriminado que el cuerpo de la norma “estataliza la normativa lingüística” y “la reordena sobre un modelo que sigue pivotando sobre la primacía del castellano”. Por eso, ha avanzado que si su tramitación avanza la enmendarán. 

“Si hoy se toma en consideración, ¿van a priorizar su tramitación o la van a dejar colgada?”, ha preguntado a los socialistas.