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Constitucional y Tribunal de Cuentas, dos fortines conservadores caducados y envueltos en polémica

Una persona camina por las inmediaciones del Tribunal Constitucional.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ostenta el récord de interinidad institucional, con casi tres años con el mandato caducado, pero no es el único órgano pendiente de renovación. Este jueves, el PSOE y el Partido Popular anunciaron un acuerdo para desatascar las negociaciones en torno al Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas, dos organismos que tienen entre manos asuntos de máxima relevancia pública como los recursos contra el segundo estado de alarma o la ley del aborto o el embargo millonario a los líderes del procés.

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El primero tiene a un tercio de sus integrantes con el mandato caducado desde hace casi dos años y en los últimos meses se ha convertido en un campo de victorias políticas para Vox, que ha encontrado en el Constitucional el triunfo que no ha conseguido con su arsenal de querellas en la justicia ordinaria. El segundo, provocó el enésimo choque entre PP y PSOE por la renovación de los órganos constitucionales: los de Casado se negaron a sentarse a hablar después de que llegara a ese tribunal la causa sobre la factura económica del procés. Con mayoría conservadora y años de polémicas sobre sus contrataciones, está a punto de cumplir tres meses en funciones. 

El Tribunal Constitucional tiene un sistema de renovación por bloques que impide cambiar de golpe toda su composición como sucede en el CGPJ o el Tribunal de Cuentas. Cada uno de sus doce miembros tiene un mandato de nueve años y se renuevan de tres en tres cada tres años. Además, si una de estas renovaciones se retrasa, el tiempo que un magistrado ha estado de más se resta del tiempo que estará su sucesor. A falta de conocer los detalles del acuerdo alcanzado entre PP y PSOE, como mínimo tendrán que renovar a cuatro magistrados que siguen en la prórroga desde el 7 de noviembre de 2019. 

Son cuatro pesos pesados del pleno. El presidente Juan José González Rivas, la vicepresidenta Encarnación Roca y los magistrados Andrés Ollero y Fernando Valdés. Dos magistrados de perfil conservador y dos de perfil progresista, teniendo en cuenta que Valdés ya no forma parte del Constitucional desde hace meses aunque no ha sido sustituido: está pendiente de ser juzgado acusado de agredir a su esposa en un episodio de violencia machista en su domicilio el pasado mes de agosto. 

La renovación, por tanto, no alcanza a todo el pleno pero sí tendrá implicaciones importantes en las deliberaciones y decisiones que tome el tribunal de garantías. En primer lugar porque la renovación de González Rivas implica también un cambio de presidencia, que requiere de mayoría simple si no se alcanza la mayoría absoluta en una primera votación. Aquí el Partido Popular, que conservaría la mayoría, puede elegir entre perfiles conservadores como Pedro García-Trevijano o Ricardo Enríquez, ambos nombrados a propuesta del PP. El primero dejará el tribunal en menos de un año y el segundo en 2026. La presidencia no sólo permite deshacer empates en deliberaciones complicadas sino también marcar el paso de las decisiones y deliberaciones. 

En segundo lugar, la renovación de estos cuatro miembros tendrá implicaciones porque, si se mantienen las proporciones actuales, significa la incorporación a los plenos de un perfil progresista ahora perdido tras la dimisión de Fernando Valdés. El Partido Popular conservaría una mayoría de siete magistrados propuestos según su criterio contra cinco del PSOE, pero las votaciones podrían resultar más apretadas en un momento en que asuntos tan relevantes como la constitucionalidad del primer confinamiento se han decidido por un voto de diferencia. El magistrado conservador Alfredo Montoya también está pendiente de reincorporarse tras un grave problema de salud. 

Decisiones pendientes, decisiones en funciones

En los últimos dos años el Tribunal Constitucional ha tomado decisiones de gran calado con un tercio de sus miembros en funciones y muy alejados de la unanimidad. Desde avalar las condenas de los líderes del procés independentista hasta avalar la Ley de Seguridad Ciudadana pasando por el nombramiento de Rosa María Mateo al frente de RTVE. Sus decisiones más relevantes sobre la gestión del Gobierno en la pandemia han llegado en los últimos meses, estimando recursos de Vox contra el primer confinamiento y contra el cierre del Congreso durante las primeras semanas y avalando la prisión permanente revisable.

Está por ver cómo afecta esta renovación a uno de los asuntos más importantes pendientes de deliberación y sentencia por el Constitucional desde hace más de una década: la Ley del Aborto de 2010 recurrida entonces por el Partido Popular. El encargado de la ponencia es Andrés Ollero, uno de los magistrados que será renovado en el pleno del Congreso de finales de este mes de octubre, lo que hace casi imposible que pueda defender su ponencia, que tendrá que cambiar de manos. 

La siguiente renovación

El acuerdo anunciado por PSOE y PP, a la espera de su materialización, entierra el hacha de guerra en el Tribunal de Cuentas hasta dentro de nueve años, pero supone un preludio del siguiente capítulo en el Tribunal Constitucional. El mandato de otros cuatro magistrados vence en junio de 2022: son los conservadores Pedro García-Trevijano, Santiago Martínez-Vares y Antonio Narváez junto con el progresista Juan Antonio Xiol. Las siguientes renovaciones ya están previstas para dentro de casi un lustro y para entonces, si no hay cambios en el calendario electoral, se habrán celebrado unas nuevas elecciones generales con una nueva correlación de fuerzas políticas.

Los magistrados recién llegados tras la próxima renovación, según la ley, tendrán el mandato más corto y duraría poco más de siete años por el tiempo en que los cuatro salientes han estado de más en el puesto. Una renovación con dos magistrados conservadores y dos progresistas también supondría un buen negocio institucional para el Partido Popular: mantendrían una mayoría conservadora en el Constitucional existiendo una mayoría progresista en el Congreso respaldando al actual ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos. 

La mayoría conservadora del Tribunal de Cuentas 

En el Tribunal de Cuentas, el último proceso de renovación de sus miembros tuvo lugar en julio de 2012, cuando Mariano Rajoy gobernaba con mayoría absoluta. Ni siquiera existían entonces partidos como Podemos, Vox o Ciudadanos. El PP, con 186 diputados, logró imponer una mayoría conservadora acrecentada en 2018 por la renuncia del exsenador del PSC Lluís Amet, que no ha sido sustituido. El PP, a pesar de tener ahora 89 de los 350 escaños del Congreso, cuenta con una holgada mayoría heredada de aquella época: siete consejeros frente a cuatro elegidos a propuesta del PSOE, uno de ellos consensuado con IU. Entre ellos, la exministra del PP Margarita Mariscal de Gante —que dictará en primera instancia la sentencia sobre la acción exterior y el procés— o Manuel Aznar, hermano del expresidente del Gobierno.

Los doce consejeros del Tribunal de Cuentas son elegidos por el Congreso y el Senado –seis cada uno– por mayoría de tres quintos entre censores jurados de cuentas, magistrados, abogados o economistas con más de 15 años de ejercicio. En la práctica, sin embargo, se trata de una institución muy influenciada por los dos grandes partidos, PP y PSOE, que han venido poniéndose de acuerdo para repartirse los puestos y colocar en este organismo a profesionales de su órbita.

A pesar de su denominación, el Tribunal de Cuentas no es ningún juzgado y tampoco está sometido al Poder Judicial. No está formado por magistrados sino por consejeros de designación política y no puede decretar penas de cárcel pero sí exigir multas millonarias aunque los condenados no se hayan sentado en el banquillo de los tribunales ordinarios por malversación.

Desde 2018 la presidencia ha estado en manos de María José de la Fuente, sobrina del exministro franquista Licinio de la Fuente, nombrada a propuesta del PP. Su predecesor en el cargo, el exdiputado de UCD Ramón Álvarez de Miranda, es hijo del que fuera presidente del Congreso y Defensor del Pueblo. Aunque el órgano se renueva cada nueve años, Álvarez de Miranda lleva en la institución treinta años, los últimos veinte como consejero. No fue el único miembro que repitió mandato en la última renovación. Felipe García Ortiz, propuesto por el PSOE, también es consejero desde 2001; al igual que el conservador Javier Medina Guijarro, que es funcionario del Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas y ha desarrollado toda su carrera profesional en la institución, donde ha ocupado diferentes puestos desde 1979. 

En Tribunal de Cuentas tiene encomendadas dos funciones: la fiscalización de los fondos públicos, con auditorías de la contabilidad de las formaciones políticas, de sus fundaciones y de los organismos públicos, que no pasan por la lupa de la Agencia Tributaria salvo que medie la intervención de un juez si hay sospechas de delito; y una jurisdicción contable para el enjuiciamiento de quienes causen menoscabo en los caudales públicos. 

Dentro de esta tarea de enjuiciamiento, los asuntos más relevantes que tiene ahora mismo entre manos son dos juicios contables relacionados con el procés. El más antiguo es sobre los gastos efectuados para cartelería, sobres y papeletas del referéndum del 1-O, por el que exigió fianzas de 4,1 millones de euros a 26 exdirigentes y funcionarios del Govern de Carles Puigdemont. El otro procedimiento versa sobre los fondos dedicados a la promoción internacional de esa consulta. Este mismo jueves, la delegada instructora rechazó el aval de la Generalitat a los encausados por estos hechos e inició el embargo de sus bienes. También está pendiente de juicio un expediente de responsabilidad contable contra el sindicato UGT que deriva del caso de los ERE, en el que se ha exigido a la organización sindical una fianza de 9,7 millones de euros. 

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Publicado el
14 de octubre de 2021 - 22:03 h

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