El cordón que une a España con Israel más allá de las armas: constructoras, control de presos, tecnología y competiciones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció hace dos lunes el embargo de armas a Israel como medida de presión por la masacre de Gaza, un decreto a la espera aún de ser aprobado por el Consejo de Ministros tras un retraso por “motivos técnicos”, según alega Moncloa. Defensa ya había anunciado hace unos meses una “desconexión” militar, ya que las empresas israelíes de armas están detrás de importantes licitaciones de tecnología bélica, misiles o vehículos para las fuerzas armadas españolas. Las últimas más conocidas, misiles contra carro Spike o el proyecto Silam (sistema lanzacohetes de alta movilidad). Ambos programas suman mil millones de euros y fueron adjudicados con la modalidad de negociado sin publicidad –es decir, sin concurrencia de diversas empresas– a filiales de empresas israelíes, al entender que son las “únicas capacitadas técnicamente para el desarrollo del proyecto desde el punto de vista técnico”, según consta en el Portal de la Contratación del Estado. Defensa afirmó en junio que revocará ambas licencias y ha anulado el anuncio de los contratos sin aclarar la situación de ambos programas. La dependencia de la tecnología israelí, considerada una de las más avanzadas del mundo, ha sido el argumento esgrimido para justificar que esa “desconexión” esté siendo progresiva, además de que afecta también a empresas españolas como Escribano, que construye parte de ese armamento.

Pero, más allá de los gigantes de la industria militar israelí que han provisto de material al ejército español –Pap Tecnos, Guardian Homeland Security o Elbit Systems– y para los que ahora Defensa tendrá que ir buscando una alternativa, los intereses de Israel y España están entretejidos en otros ámbitos.

Por ejemplo, en la prestación de importantes servicios públicos, como el control telemático de presos de tercer grado y en libertad vigilada. Todas las pulseras y tobilleras que llevan cerca de 4.000 presos en España están hechas con tecnología de Attenti, una empresa “con sede en Tel Aviv y que proporciona herramientas de seguimiento por GPS, control de abuso de sustancias, vigilancia tras el toque de queda en domicilio y disuasión de violencia doméstica”, como la definía la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, cuando autorizó su fusión con otro gigante de la televigilancia, Allied.

Adjudicado por 25 millones de euros en 2021 para tres años prorrogables, el contrato de las pulseras se ha ido ampliando y estará en vigor hasta el 31 de agosto de 2026 por otros 8 millones de euros anuales. Fuentes de Instituciones Penitenciarias han precisado a elDiario.es que en unos meses se iniciará un nuevo proceso de licitación para contratar el servicio, que caduca en un año. Un concurso abierto al que se podrá volver a presentar la misma empresa si quiere –que también llevó las pulseras para maltratadores hasta que ganó la licitación Telefónica y ahora Vodafone/Securitas– si no incurre en ninguna causa de las que contempla la ley.

“Te puede gustar más o menos una empresa, pero la ley de contratos del sector público es muy clara”, señala una fuente del sector público experta en grandes licitaciones. “El artículo 71 explica qué empresas no se pueden presentar”, y los motivos no incluyen el país de origen per se, sino haber sido condenada por corrupción o terrorismo, no estar al día de pago en la Agencia Tributaria o por infracción medioambiental, entre muchos otros puntos. Defensa quiere echar el freno –simbólicamente impidió a Israel participar en la feria de armamento de mayo en Madrid–, pero estas empresas siguen presentándose y ganando concursos cuando presentan una buena oferta. Por ejemplo, Guardian Homeland Security ha sido adjudicataria este año de barreras antiembestida en el Ayuntamiento de Torrelavega, según el Portal de Contratación.

El caso del comercio de armas es diferente y sí se puede limitar con mayor respaldo legal, ya que el Tratado Internacional sobre Comercio de Armas prohíbe las transferencias de material militar a destinatarios que puedan usarlo para cometer crímenes de guerra como ataques a civiles, crímenes de lesa humanidad o genocidio. Otra cosa es que sea tecnología sustituible, que se quiera sustituir y cómo hacerlo.

Empresas españolas en Israel

Pero también hay empresas españolas presentándose a concursos públicos en Israel. Por ejemplo, DAN Public Transportation Ltd, el mayor operador privado de transportes, adjudicó en mayo de 2022 y por diez años a la empresa española Indra un sistema de peaje con inteligencia artificial por 24 millones de euros en la autovía que conecta Tel Aviv con el resto del país.

El caso de la empresa vasca CAF, con participación del gobierno vasco, va más allá. El nombre del gigante ferroviario está en entredicho porque es parte en la ampliación de la línea roja de tren ligero y la construcción de la línea verde, trazados que unen colonias con Jerusalén Este. Un informe de la relatora especial de la ONU retrató, entre muchas otras, a la compañía vasca como una de las que estaba haciendo negocio con la ocupación ilegal de Israel en Cisjordania y “la destrucción de la vida palestina” mientras “que otras empresas se habían retirado debido a la presión internacional”. También como una de las que “contribuyeron al desarrollo de carreteras e infraestructuras de transporte público, fundamentales para el establecimiento y expansión de las colonias, y para conectarlas con Israel mientras se excluía y segregaba a los palestinos”. Hace unos días el Gobierno vasco, que tiene un 3% de CAF, viró su posición e instó a la empresa a hacer “una reflexión ética”.

En su informe, la relatora de la ONU Francesca Albanese recordaba que la Corte Internacional de Justicia solicitó en julio de 2024 a los Estados que impidan “relaciones comerciales y de inversión” que contribuyan a la ocupación israelí, y así lo aprobó la Asamblea de la ONU. También lamentaba que “la compleja red de estructuras corporativas –y los vínculos a menudo ocultos entre matrices y filiales, franquicias, empresas conjuntas, licenciatarias, etc.– que demuestra hasta qué punto las corporaciones están dispuestas a llegar para ocultar su complicidad”.

Otro sector estratégico donde hay apetito inversor de empresas de Israel es la energía renovable. La empresa Enligh es una de las que el centro de investigación independiente Who Profits señala por lucrarse con la ocupación en Palestina y Siria. Entre sus activos está Gecama, en Atalaya de Cañavate, Tébar y Cañada Juncosa (Cuenca). Acaba de recibir el visto bueno de Transición Ecológica para convertirse “en el mayor complejo híbrido de su categoría”, según anunció Enlight y publicó elDiario.es el pasado 4 de septiembre. Nofar Energy, cuyo presidente está alineado con Benjamín Netanyahu, tiene 407 MW instalados y 40 en desarrollo. Varias empresas más están en el negocio energético, como Ellomay Capital, cuyo presidente hasta noviembre y principal accionista era Shlomo Nehama, ex presidente del mayor banco de Israel.

Según datos del Icex, organismo público de exportación, España vende a Israel productos por valor de unos 2.000 millones de euros al año e importa unos 1.000 millones. El pico se alcanzó en 2022 y la cifra ha caído moderadamente desde los atentados del 7 de octubre y la posterior ofensiva de Netanyahu. Sobre todo las exportaciones españolas, ya que en Israel han bajado los niveles de consumo. El déficit del país ha crecido casi un 5% y la deuda ha alcanzado el 70%, pero la bolsa está en alza y los inversores siguen invirtiendo, al margen de la guerra o las reprobaciones internacionales a Netanyahu. Las empresas españolas venden allí sobre todo vehículos y componentes de coches, aparatos eléctricos y mecánicos o cerámica. Entre los bienes que más importamos está –además de la tecnología e industria militar– maquinaria, plásticos o combustibles, fertilizantes y mucha tecnología relacionada con la agricultura o el riego por goteo, una innovación con origen israelí.

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Desde la Cámara de Comercio e Industria Hispano Israelí, entidad privada que promueve los negocios entre empresas de ambos países, señalan que las transacciones comerciales no se han resentido, especialmente “si se trata de componentes o tecnología, porque no es algo de lo que puedas prescindir de un día para otro”, señalan fuentes oficiales. De hecho, muchos productos cotidianos de marcas como Apple o HP, los USB o los firewall tienen I+D del país. “Sí hemos visto cierta preocupación en empresas con contratos con el sector público, por ejemplo en el ámbito de empresas de ciberseguridad”, señalan las mismas fuentes, que especifican que no conocen ninguna cancelación de contrato.

En el deporte, las protestas en la Vuelta ciclista a España han obligado a tomar posición a deportistas y a dirigentes políticos sobre la participación del equipo israelí. El ministro de Exteriores español se mostró “partidario” de expulsar al equipo, algo que la organización, una empresa privada, se negó a favorecer o pedir al entender que el equipo israelí no ha contravenido ninguna norma. Sí se eliminó de las camisetas la palabra “Israel”. Aun así, las protestas en Madrid llevaron a la organización a suspender la última etapa, generando un enfrentamiento político.

Las citas deportivas más relevantes están siendo un escaparate para ciudadanos y organizaciones para presionar para el fin de los bombardeos y del uso del hambre como arma de guerra. En alguna ocasión, las propias organizadoras lanzan algún mensaje, como el de la UEFA en la Supercopa, que pidió con sendas pancartas que se dejara de matar niños y civiles, aunque sin citar a Israel.

No es la única competición en la que se prevén tensiones y manifestaciones. El Eurobasket, los partidos de la UEFA de este otoño, el Mundial de Clubes o el mundial Sub-17 son eventos de gran repercusión en los que se prevén protestas, pancartas o banderas, que están siendo retiradas en muchos estadios. En febrero se celebran los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán y las Dolomitas, con participación de Israel. El Comité Olímpico Internacional vivió muchas presiones por la participación del país en los Juegos de París de 2024, mientras los ataques de Netanyahu habían matado a miles de palestinos y se había atacado hospitales y escuelas. Les permitió participar, que es lo que se prevé para esta cita de invierno.

Fuentes oficiales del COI consultadas por elDiario.es han eludido contestar si se tomará alguna medida, aunque sea simbólica, pero señalan que “existen Comités Olímpicos de Israel y de Palestina, que tienen derechos iguales. El COI continúa trabajando junto con ambos para tratar de mitigar el impacto del conflicto actual en sus atletas y brindarles apoyo. Participaron en los recientes Juegos Olímpicos de París 2024, y sus atletas convivieron pacíficamente bajo un mismo techo en la Villa Olímpica”.

En el ámbito musical, el apoyo a los civiles de Gaza y el boicot o no a Israel cristalizará en Eurovisión, donde el último ganador, de Austria, fue muy crítico con el hecho de que pudiera participar Israel. Desde la institución organizadora, Martin Green, director del festival, ha señalado que están consultando con los miembros y recopilando opiniones “sobre cómo gestionar la participación y las tensiones geopolíticas en torno al Festival de la Canción de Eurovisión”, aunque, preguntado por este medio si eso abre la puerta a tomar medidas contra Israel, ha eludido especificar detalles: “Las emisoras tienen hasta mediados de diciembre para confirmar si desean participar en el evento del próximo año en Viena. Depende de cada miembro decidir si quiere participar en el concurso, y respetaremos cualquier decisión”, ha concluido Green en una respuesta por escrito. RTVE anunció este martes que no va a participar si lo hace Israel: Precisamente una empresa cosmética de este país, Moroccanoil, es la principal patrocinadora del concurso.

Otros ámbitos de la cultura y de la música no han permanecido ajenas a los bombardeos y muertes de casi 70.000 civiles. Además de posicionamientos de artistas y comunicados conjuntos, como el de 1.200 cineastas y actores, varios de ellos españoles, que rechazan trabajar con empresas vinculadas a Israel o la lectura de nombres de niños asesinados en la Puerta del Sol, en España ha habido boicots en festivales como el Sónar, que abandonaron 70 artistas por la vinculación de su promotora con el fondo con intereses en Israel KKR o el FIB de Benicàssim, donde también hubo varias cancelaciones de artistas en apoyo a Palestina por la presencia del mismo fondo.