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El empresario Ulibarri niega conocer a Granados ni a "nadie" de la Púnica

El empresario Ulibarri niega conocer a Granados ni a "nadie" de la Púnica

El empresario leonés José Luis Ulibarri (c) a su salida de la cárcel de Soto del Real, en septiembre de 2018. EFE

El empresario José Luis Ulibarri, implicado en los casos Gürtel y Enredadera, ha negado este jueves ante el juez de Púnica conocer a Francisco Granados ni a ningún otro imputado en esta causa, y se ha desvinculado del supuesto pago de 109.733 euros a cambio de adjudicaciones.

Ulibarri ha comparecido ante el juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal en calidad de investigado en el marco de la pieza número 8 de Púnica, en la que se investigan las actividades de Francisco Granados, principal imputado, en su etapa al frente de la Consejería de Transportes y de la de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid.

El socio de Granados, David Marjaliza -que lleva tiempo colaborando con la Justicia- declaró ante el juez que medió con autoridades públicas a favor de Begar, sociedad administrada por Ulibarri, en licitaciones públicas, según refleja el juez en su último auto sobre esta pieza.

Pero este jueves, según indican a Efe fuentes jurídicas, Ulibarri ha negado conocer a Marjaliza, a Granados o a cualquier otra persona vinculada a la trama Púnica.

Como también ha rechazado cualquier participación en adjudicaciones públicas, contratos o en el pago de comisiones investigadas en este caso. Su empresa, ha dicho -según las fuentes-, en ese momento tenía 5.000 empleados.

Según el juez, dos facturas localizadas en el registro a las empresas de Marjaliza "constatan" que fue Aruba -mercantil del entonces socio de Granados- quien "materializó" el pago de 109.733,68 euros en comisiones por parte de Begar a cambio de una adjudicación de un contrato firmado con la empresa pública Madrid Infraestructuras del Transporte (Mintra) el 18 de mayo de 2004.

Algo de lo que se ha desvinculado de plano el empresario investigado.

Ulibarri pasó dos meses en prisión preventiva el año pasado por su supuesta relación con el caso Enredadera, una trama que supuestamente manipuló licitaciones para adjudicar aplicaciones informáticas de gestión del tráfico rodado, bases de datos policiales y radares.

En el marco de esta causa salieron a la luz grabaciones de la UDEF de varias conversaciones suyas con políticos como el exalcalde de León, Antonio Silván, y el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en las que presuntamente se le facilitaba información sobre diferentes ofertas.

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