Los filipinos rechazan la postura pasiva de Duterte en la disputa marítima con China

En el tercer aniversario del fallo favorable a Filipinas en su disputa marítima con China, el Gobierno de Rodrigo Duterte mantiene una actitud pasiva sin reclamar esos derechos, una postura que disgusta al 93% de los filipinos, cientos de los cuales se manifestaron hoy para mostrar su rechazo.

La Corte Permanente de Arbitraje (CAP) de La Haya atribuyó en 2016 a Filipinas la titularidad de varios territorios del Mar de China Meridional, el atolón Scarborough y parte del archipiélago Spratly, donde China ha construido bases militares en islas artificiales levantadas sobre atolones y arrecifes para apropiárselas de facto.

Cientos de filipinos salieron hoy a las calles a protestar frente al consulado chino en Manila contra las “concesiones” de Duterte a China, su gran aliado en la región que ha comprometido una generosa inyección de préstamos e inversión en Filipinas.

“Duterte está vendiendo nuestro país a China, lo que viola la Constitución y nuestra soberanía territorial”, clamó en la protesta el excongresista Neri Colmenares, que lidera la plataforma “P1nas”, integrada por organizaciones de defensa de los derechos humanos, sindicatos, grupos ecologistas y partidos de la oposición que reivindica los derechos de Filipinas en el área.

China, que apela a derechos históricos sobre la zona que se remontan al siglo XVI, nunca reconoció el fallo de la CAP y continúa con sus actividades militares y pesqueras dentro de la zona exclusiva económica de Filipinas, es decir en las 200 millas náuticas desde su costa.

En los últimos meses se han detectado hasta 500 buques chinos en la zona, “una milicia paramilitar que cumple funciones coercitivas y de vigilancia”, advirtió el Pentágono en un informe en mayo.

El mandatario filipino esgrime que no puede exigir a China que abandone esos territorios ni que cese sus actividades militares en la zona ante el “riesgo de guerra”, aunque para muchos se trata de un argumento desproporcionado, ya que puede recurrir a las protestas diplomáticas y a los mecanismos de negociación internacionales.

Las últimas encuestas revelan que la sociedad rechaza ampliamente la estrategia de Duterte para lidiar con la disputa del Mar de China Meridional, de vital importancia geoestratégica ya que por él circula un tercio del comercio global -unos 5,3 billones de dólares anuales- y alberga el 12% de la pesca mundial, además de los posibles yacimientos de petróleo y gas.

La Agencia de Información sobre Energía de EEUU estima que esos depósitos acumulan 11.000 millones de barriles de crudo y 190 billones de pies cúbicos de gas natural, cantidad superior a las reservas actuales de los principales exportadores de energía.

Un 93% de los filipinos considera “importante” que Filipinas recupere el control de esos territorios, mientras que un 87% cree que el Gobierno debería hacer valer sus derechos reconocidos en la sentencia, según refleja un sondeo divulgado hoy por la encuestadora privada Social Weather Survey.

También un 87% de los encuestados consideró que Filipinas debe arrestar y procesar a los pescadores chinos que están causando la destrucción de los recursos marinos y pesqueros de esas aguas.

La tensión ha aflorado en los últimos meses, especialmente después de que el pasado 9 de junio un buque pesquero chino chocara con un bote filipino en aguas filipinas, a 85 millas náuticas de la isla de Palawan.

Pescadores vietnamitas acudieron al rescate de 22 pescadores filipinos que quedaron a la deriva, episodio que causó indignación en Filipinas, donde la investigación de la Guarda Costera concluyó que los chinos violaron las leyes marítimas al no evitar el riesgo de colisión -sugieren que fue intencionado- y no prestar ayuda.

Sin embargo, Duterte restó importancia al suceso que consideró un “simple incidente marítimo” y aseguró que, en virtud de un acuerdo verbal con el mandatario chino Xi Jinping, China seguirá faenando en esas aguas, declaraciones que han indignado a expertos en derecho marítimo e internacional y políticos de la oposición.

En un foro celebrado hoy en la Universidad de Filipinas (UP), el magistrado del Tribunal Supremo, Antonio Carpio, señaló que ese acuerdo verbal es “altamente dañino para intereses filipinos” y acusó al gobierno de “sucumbir a amenazas de fuerza”.

“El argumento de que hacer cumplir el laudo arbitral implica ir a la guerra con China es una falsedad diseñada para intimidar al pueblo filipino y someterse a la voluntad de China”, recriminó.

Jay Batongbacal, director del Instituto de Derecho Marítimo de la Universidad de Filipinas, alertó de la “intrusión masiva” de barcos chinos en aguas filipinas, responsables de agotar los caladeros y destruir sus corales, que han mermado un 16 % en una década.

“Se trata de la invasión de China más exitosa sin disparar un solo tiro”, lamentó el exministro de Exteriores, Albert del Rosario, uno de los firmantes de una demanda interpuesta en marzo contra Xi Jinping ante la Corte Pena Internacional por crímenes de lesa humanidad y daño medioambiental en esas aguas.

La ex Defensora del Pueblo, Conchita Carpio-Morales -quien también firmó esa queja- instó a los filipinos a buscar formas “creativas y viables” para hacer cumplir la sentencia ante la “falta de liderazgo” del gobierno.

En represalia por esa demanda, tanto Carpio-Morales como Rosario estuvieron horas retenidos en el aeropuerto de Hong Kong, en mayo y junio respectivamente, y se les prohibió la entrada a China por ser una “amenaza para la seguridad del país”.

Sara Gómez Armas