La Fiscalía denuncia por homicidio imprudente a la directora y dos doctoras de una residencia madrileña

Llegada del camión de la Unidad Militar de Emergencias (UME) a las inmediaciones de la residencia de ancianos Adolfo Suárez, en Madrid (España), el 3 de abril de 2020.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha denunciado por homicidio imprudente y omisión del deber de socorro a tres doctoras —una de ellas ejercía como directora— de la residencia pública Adolfo Suárez por privar a dos de sus usuarios contagiados por COVID-19 en la primera ola de la pandemia de una “adecuada” atención sanitaria, lo que influyó “razonablemente” su su fallecimiento. El Ministerio Público sostiene que, en ambos casos, la ausencia de un seguimiento “estricto” de enfermería y médico en la residencia, así como la falta de activación del protocolo de derivación a centro hospitalario tuvieron efectos sobre el “fatal desenlace”. 

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La denuncia, la tercera de la Fiscalía por estos delitos en la región, pone de manifiesto que entre el 1 de marzo y el 18 de junio de 2020 se produjeron en esa residencia de gestión pública adscrita a la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) 91 defunciones, de las que 80 estuvieron relacionadas con el COVID-19. A fecha 3 de marzo de 2020, el centro contaba con un total de 274 residentes, de los cuales sólo trece eran autónomos, mientras que 38 tenían una dependencia leve y 223, una dependencia moderada o severa.

En la residencia, con su directora al frente, se pusieron en marcha entre mayo y junio de 2020 medidas de prevención y organización para tratar de paliar los efectos de la enfermedad COVID-19 “incluyendo el refuerzo de la atención sanitaria y el desarrollo de un sistema de comunicación diario” con una geriatra del Hospital Universitario Ramón y Cajal. 

Sin embargo, la Fiscalía sostiene que ninguna de las doctoras llegó activar el citado mecanismo de coordinación “a pesar de que concurrían los presupuestos para hacerlo, y sin que conste razón justificada” en relación a citados dos usuarios, que fallecieron en la residencia los días 6 y 1 de abril de 2020, respectivamente, “habiendo provocado con su actuación que no pudieran ser valorados por la unidad de geriatría del hospital de referencia, e incluso trasladados a sus instalaciones, al tiempo que tampoco les proveyeron en la residencia un adecuado seguimiento y control médico, de todo lo cual era conocedora la directora del centro, que tampoco realizó acción alguna para solventar la situación”.

E. G. P., de 69 años de edad, fue atendido la primera vez por la doctora el 4 de abril, tres días después de comenzar con los síntomas que indicaban que podía estar contagiado por la COVID-19. Así, durante una visita rutinaria la médica pautó antibiótico de amplio espectro, al tiempo que pidió que se hiciera un seguimiento del paciente. A pesar de ello el usuario no pudo superar el cuadro y falleció dos días más tarde. “En ningún momento se realizó interconsulta con el hospital de referencia, ni para sugerir una posible derivación ni para pedir pautas de tratamiento”, sostiene la Fiscalía sobre este caso.

Además,  precisa que de la documentación sanitaria se desprende que “inmediatamente” después de que la doctora viera al usuario, fue cuando percibió la gravedad de la situación “pautando una mascarilla especial y un tratamiento sintomático que, lamentablemente, en este momento no surtió ya efecto”. Para la Fiscalía el tiempo que se tardó en prestar asistencia médica, así como la falta de un seguimiento “estricto” para evitar que el usuario se quitara el sistema de oxigenoterapia, unido a la ausencia de cualquier interconsulta pudieron incidir “razonablemente” en el resultado final, que le es “directamente imputable” a la responsable de la situación sanitaria del paciente.

El caso del otro paciente es similar.  J. R. B. tenía numerosos antecedentes de broncoaspiración y el 25 de marzo sufrió uno de estos episodios sin que recibiera ningún tipo de atención médica “hasta el punto de que el usuario no fue revisado por una doctora hasta dos días después del incidente”. El 26 de marzo, sin embargo, el hombre comenzó a tener fiebre y vio disminuido su nivel de conciencia. Durante esos cincos días previos a su fallecimiento, ocurrido el 1 de abril,  “no consta ningún tratamiento de enfermería ni que fuera trasladado para seguimiento y control a dicho departamento”. 

Tampoco consta que las doctoras realizaran interconsulta alguna con los responsables de la unidad de geriatría del hospital de referencia o que solicitaran ayuda en la propia residencia, “y todo ello a pesar de que no estaban sometiendo al usuario a un control exhaustivo como el que conocían, en base a su experiencia previa, que requería en estas ocasiones”. Es más, ni siquiera valoraron la posibilidad de que el usuario estuviera contagiado de coronavirus, una circunstancia que sólo valoraron el  mismo día que falleció.

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17 de mayo de 2021 - 13:13 h

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