Ha llegado el momento en que los políticos no se pueden esconder detrás de los expertos

Las autoridades irlandesas han cancelado los desfiles del Día de San Patricio, previstos para dentro de una semana, a causa del riesgo causado por el coronavirus –hay 21 personas contagiadas allí–. Quien piense que la decisión no es políticamente sensible en ese país no sabe nada de Irlanda. Cada año asisten al de Dublín medio millón de personas y decenas de miles en otras ciudades. Es también una cita turística de gran tradición que genera mucho dinero a las economías locales.

En España, los gobiernos implicados continúan moviéndose con cautela en relación a los pasos necesarios, más allá de los que tienen que ver con el sistema sanitario. Siempre es difícil compatibilizar las llamadas a la tranquilidad con medidas excepcionales que alteran la vida cotidiana. Todas tienen un coste social de algún tipo –y, por tanto, político– y algunas suponen claras repercusiones para la población. Este lunes se han tomado las primeras con la cancelación de las clases en los colegios de Madrid y Vitoria.

Un baremo recomendable es sin duda 'lo contrario de lo que haga Donald Trump'. El presidente de EEUU volvió este martes a restar importancia a la gravedad de la crisis sacando en Twitter la cifra de los estadounidenses muertos el año pasado por la gripe común (37.000). Por la misma razón, habría que pensar que hasta que los fallecidos por el coronavirus no lleguen a miles o decenas de miles en ese país, no habrá motivos para preocuparse. Ningún gobernante cuerdo debería ponerse en ese nivel argumental.

Angela Merkel ha aportado otra línea argumental. La razón de las medidas más drásticas, como las cuarentenas o la suspensión de actos públicos, es ganar tiempo, es decir, contener el avance de los contagios para que el sistema sanitario pueda afrontar la situación, cada día más grave, y que no se vea desbordado.

La crisis impacta directamente en la responsabilidad del Gobierno central del PSOE y Unidas Podemos y también en los gobiernos autonómicos del PP y Ciudadanos. Ninguno de esos partidos puede lavarse las manos (para este caso concreto, sí está contraindicado). Anteriores crisis sanitarias en España han revelado un adecuado nivel de coordinación entre gobiernos dirigidos por partidos de signo diferente. Eso no ha impedido que Pablo Casado haya decidido utilizar la crisis del coronavirus –en concreto, sobre las medidas económicas de respuesta– para hacer oposición al Gobierno. Casi para lanzarle un ultimátum.

Ante el hundimiento de las bolsas en toda Europa en buena parte por las medidas de emergencia tomadas en Italia, el líder del PP tiene la medicina perfecta: aplicar el programa económico de su partido que, como es sabido, perdió las últimas elecciones. El lunes, se presentó en una rueda de prensa para reclamar una reducción fiscal en el impuesto de Sociedades para las empresas que se vean afectadas, así como “cancelar la contrarreforma laboral”. También, pidió que el Gobierno se olvide de los nuevos impuestos a las entidades financieras y tecnológicas y que entregue los 2.500 millones que le exigen varias autonomías.

Es complicado saber qué tiene que ver la llamada 'tasa Google' con el coronavirus. Aquí alguien ha confundido el concepto de viralidad.

Dio la impresión de que Casado quería ajustar cuentas con el PSOE. Se refirió a un tuit de Pedro Sánchez en 2014 criticando a Rajoy por su respuesta en los días del ébola (se supone que es este: “Tras reunirme con los profesionales de la salud, exigimos a Rajoy que ponga fin al desgobierno en la crisis de ébola”). Hay cosas que no se olvidan.

En un momento en que los gobiernos se verán obligados a aumentar el gasto público, es lógico que le preguntaran cómo se va a pagar eso. “¿Cómo se financian estas medidas? No subiendo los impuestos”, respondió. Una vez más, es difícil entender esta lógica económica por la que financias algo que te costará más caro recaudando menos.

Una respuesta económica pendiente

En un discurso por la mañana mientras las bolsas se despeñaban, Pedro Sánchez había anunciado un inminente “plan de choque”, del que no dio ningún detalle concreto: “Hace ya un par de semanas el Gobierno de España se ha puesto a elaborar un plan de choque que vamos a poner en marcha cuanto antes y, sobre todo, lo vamos a hacer en colaboración y coordinación con los agentes sociales”. Posteriormente, Moncloa dijo que se presentará en unos días.

Otros gobiernos europeos ya han empezado a anunciar decisiones. Cuando se habla de gastar dinero de forma excepcional, todas las miradas se dirigen a Berlín, el patrón oro de la austeridad como forma de vida económica. Democristianos y socialdemócratas ya han pactado este fin de semana un paquete de estímulo con un sustancial aumento de gasto público que puede quedarse corto antes de que entre en vigor. El Gobierno alemán dice que ayudará a las empresas con problemas de liquidez por esta crisis y gastará un extra anual de 3.100 millones de euros en los próximos cuatro años. Además, se emplearán 8.000 millones en ese periodo de tiempo en carreteras y ferrocarriles.

Para poner estas cifras en contexto y saber hasta qué punto son significativas, Alemania tuvo en 2019 un superávit en sus cuentas públicas de casi 50.000 millones.

Alemania y la eurozona se encontraban en una posición económica vulnerable antes del coronavirus. La posibilidad de una reacción en cadena que lleve a los países de la UE a la recesión es muy real si, como está ocurriendo, afecta a la producción industrial y al sector de servicios.

En relación a la emergencia sanitaria, los políticos europeos han dicho con buen criterio que sus medidas están respaldadas por los expertos en salud que trabajan en las administraciones. Han dicho que hay que confiar en el sistema sanitario y en sus profesionales y no dejarse llevar por el pánico, que es algo que siempre se recomienda en épocas de crisis.

Pero al final tienen que asumir ciertas responsabilidades en asuntos en los que los expertos sólo pueden dar recomendaciones. Por ejemplo, hay unas elecciones pendientes en abril en Euskadi y Galicia cuyas campañas electorales exigen la organización de actos públicos, en algunos casos con miles de personas. ¿Pueden celebrarse en estas circunstancias?

En unos días tienen lugar las Fallas de Valencia, tan importantes en esa comunidad como el Día de San Patricio en Irlanda. ¿Tiene sentido que se montara el lunes una paella para 2.000 personas en Valencia, entre las que había numerosas personas mayores que son un grupo de riesgo? ¿Hay que celebrar esas fiestas cruzando los dedos para que esos actos no pongan en peligro la vida de algunos de los asistentes?

Todo eso conlleva el riesgo de que las medidas drásticas de contención generen algún rechazo popular o de que la oposición las aproveche para desgastar al Gobierno. Este miércoles, está previsto que en la sesión de control Casado pregunte a Sánchez por el impacto económico del coronavirus. Es un buen momento para que ambos midan bien sus palabras.