Interior se niega a detallar el dispositivo del rey emérito en Emiratos por tratarse de un asunto reservado

El rey emérito Juan Carlos I

El Ministerio del Interior se niega a dar cualquier detalle sobre el dispositivo de seguridad que acompaña el rey emérito desde su salida de España con destino a Abu Dabi el pasado 3 de agosto. Rechaza incluso hacer pública la información sobre el número de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) que están destinados en Emiratos Árabes Unidos con ese u otros propósitos. En el caso del dispositivo concreto de seguridad de Juan Carlos I en el golfo Pérsico, Interior argumenta que dar datos sobre "el número de personas que acompañan al rey para garantizar su seguridad" dejaría "en evidencia las vulnerabilidades o fortalezas" del despliegue afectando "a la integridad de dicha persona y de los encargados de su protección". Otro de los argumentos es que los planes de protección de las autoridades tienen un carácter reservado.

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"En lo que concierne al número de personas que acompañan al rey emérito para garantizar su seguridad, dicha información implicaría conocer el dispositivo de seguridad del rey emérito dejando con ello en evidencia las fortalezas o vulnerabilidades derivadas de dicha información, lo que afectaría a la integridad de dicha persona y de los encargados de su protección; sin que la vida o integridad física de una persona esté subordinado al derecho de conocer una determinada información, de la cual pueden derivarse dichos perjuicios", es la respuesta que da la Secretaría de Estado de Seguridad a la pregunta de cuántos efectivos de las FCSE están desplegados en Emiratos Árabes Unidos con motivo de la presencia del exjefe del Estado formulada a través del Portal de Transparencia.

El Gobierno considera que la Ley de Transparencia justifica la ocultación de dichos datos en las limitaciones que establece en su artículo 14 y cita los apartados que se refieren a "la seguridad pública" y a "la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios".

Interior también esgrime que se trata de una información clasificada con carácter reservado bajo la que se circunscriben asuntos como "los planes de protección de todas aquellas personas sometidas a la misma, específicamente los de las autoridades y de los miembros de las Fuerzas Armadas" y "las plantillas de personal y de medios y de equipo de las Unidades" así como los documentos "para el planeamiento, preparación o ejecución" de esos asuntos a los que se otorga la calificación de secreto o reservado.

"La divulgación puede afectar a la seguridad y las relaciones exteriores"

No obstante, Interior también rechaza dar cualquier tipo de información relativa a los agentes que se encuentran en el golfo Pérsico, independientemente de cuál sea su misión. Así lo traslada el departamento que dirige Fernando Grande Marlaska al Portal de Transparencia ante la solicitud genérica del número de efectivos de las FCSE en servicio en Emiratos Árabes Unidos. "Es el necesario para el adecuado cumplimiento de los fines para los cuales han sido desplazados, sean diplomáticos, de seguridad, administrativos, etc.", reza la respuesta.

"No se facilita el número de los mismos por la propia seguridad de los efectivos desplazados", explica la Secretaría de Estado de Seguridad, que cita también en este caso la seguridad pública y las relaciones exteriores como limitaciones avaladas por la Ley de Transparencia. "Su divulgación puede afectar a la seguridad pública y a las relaciones exteriores", argumenta la resolución.

La salida del rey emérito de España el pasado 3 de agosto ha estado sepultada desde el inicio bajo la más absoluta opacidad. La Casa Real dio a conocer la decisión, adoptada en pleno escándalo por las investigaciones judiciales a las finanzas de Juan Carlos de Borbón, a través de un comunicado en el que transcribían una carta del exjefe del Estado a Felipe VI: "Guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, a sus instituciones y a ti como Rey, te comunico mi meditada decisión de trasladarme, en estos momentos, fuera de España". El rey emérito se apartaba, según decía, para "facilitar" a su hijo el desempeño de sus funciones.

En esa misiva también hacía mención a que un año antes le había pedido dejar las actividades institucionales. En marzo de este año, la Zarzuela usó ese abandono como argumento para marcar distancias con Juan Carlos I tras revelarse la existencia de fundaciones en paraísos fiscales a su nombre y que tenían a Felipe VI como beneficiario. El actual monarca conoció esa información un año antes y procedió a renunciar a su herencia a través de un notario. Dos meses después Juan Carlos I dejó de tener actividad institucional, pero no se le retiró la asignación presupuestaria del Estado hasta que trascendió la existencia de esas fundaciones a la opinión pública.

El paradero del rey emérito tampoco se dio a conocer de manera inmediata sino que pasaron 14 días. A través de un nuevo comunicado, la Casa Real confirmó el 17 de agosto que Juan Carlos I permanecía desde su salida de España en Emiratos Árabes Unidos, un país opaco y autoritario con cuya monarquía el exjefe del Estado mantiene unas excelentes relaciones.

Los escándalos económicos del anterior monarca han reabierto el debate sobre la regulación que debe tener la Casa del Rey, un tema que de momento es tabú para la Moncloa, que sostiene que tiene que ser el propio Felipe VI el que decida si se establece un estatuto que regule el funcionamiento de la monarquía. En una entrevista en elDiario.es en el mes de julio, Pedro Sánchez reabrió el debate sobre la inviolabilidad del rey y defendió que se circunscriba exclusivamente a su actividad. Sin embargo, nada se ha movido desde entonces.

Otro de los debates que han surgido a raíz de la regularización fiscal de Juan Carlos I del dinero que gastó él, pero también la reina Sofía y algunos de sus nietos, es el mantenimiento de los honores de Estado que recoge el decreto de abdicación. La Moncloa apela a la presunción de inocencia del rey emérito —que no está siquiera imputado, aunque la Fiscalía del Tribunal Supremo tiene abiertas tres líneas de investigación por su fortuna opaca— y niega cualquier tipo de negociación con la Zarzuela en esa dirección.

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