IU de Madrid cerró su comisión sobre las tarjetas 'black' sin investigar cómo las usaron sus representantes
Izquierda Unida de Madrid creó a principios de octubre una comisión interna tras el escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid. Contaba con el apoyo de la dirección federal para dirimir responsabilidades políticas “hasta las últimas consecuencias”. Dos semanas después, el órgano concluyó sus pesquisas sin investigar cómo, en qué y por qué sus representantes se gastaron centenares de miles de euros a cargo de la entidad. El temor a un cierre en falso ha desatado las críticas de las federaciones, que piden a la dirección de Cayo Lara que tome cartas en el asunto.
La comisión de IUCM ya determinó en el momento de su creación cuál sería el objeto de su investigación. O más bien, cuál no sería. Según publica este jueves InfoLibre, el acta de la primera reunión fijó que “no se centrará en las tarjetas black, cuya investigación ya está en vía judicial, sino en lo aparecido en los medios de comunicación, el 6 de octubre”. Esto es, si un recurso judicial en el marco de la guerra política por el control de Caja Madrid en 2009 fue interpuesto por IUCM y pagado por el que era entonces la mano derecha de Miguel Blesa, el secretario del Consejo de Administración de la entidad, Enrique de la Torre.
La comisión, que realizó entrevistas a una veintena de dirigentes y exdirigentes de IU, elevó sus conclusiones a la Presidencia regional del pasado viernes. El órgano, a propuesta del coordinador regional, Eddy Sánchez, pidió la dimisión del diputado regional Antero Ruiz por sus responsabilidades políticas en la época, cuando ocupaba la Secretaría de Área Interna.
Ahí se zanjó el asunto. La comisión dio por finalizados sus trabajos y sus conclusiones no recogen qué declararon las personas que desfilaron ante sus integrantes, no determina si el recurso judicial fue interpuesto o no por por IU ni quién lo pagó y reconoce el daño público que hizo su participación en Caja Madrid sin apuntar responsabilidades.
El resultado de la comisión se conoció el pasado viernes. Desde entonces, un reguero de resoluciones de federaciones regionales y del propio PCE advierten contra un cierre en falso de la investigación. Con más o menos dureza, todos los documentos constatan el riesgo real para IU si la sociedad cree que no se ha ido al fondo del asunto. A las primeras resoluciones se han sumado la de Murcia, pendiente de ratificarse, y se prevé que en las próximas horas o días sigan llegando informes en el mismo sentido.
Estas resoluciones confluyen en una idea: que la dirección federal tome las riendas para revertir las consecuencias políticas del escándalo. En la última Presidencia federal se aprobó un texto que aseguraba que “IU Federal en el marco de sus competencias y junto a IU Madrid, velará por que en ningún caso se frustre la investigación de la Comisión de Investigación de IU Madrid y mandata a la Comisión Ejecutiva Federal para hacer efectivo este acuerdo”.
La Ejecutiva que dirige Cayo Lara aprobó la creación de una Comisión de Transparencia que debería ayudar a IU de Madrid en su investigación. Este órgano se ha reunido esta semana por primera vez.
