Pedro Sánchez no quiere una derrota parlamentaria más: solo aprobará decretos que tengan garantizada la mayoría

Pedro Sánchez anunció la convocatoria de elecciones para el 28 de abril con el convencimiento de que el Gobierno seguiría “trabajando” hasta el último minuto. Los miembros de su Ejecutivo han asegurado desde entonces que seguirían “gobernando” hasta el final. ¿Cómo? Utilizando la vía del decreto ley, una figura legislativa que solo requiere la convalidación del Congreso y al que ha recurrido en numerosas ocasiones durante sus ocho meses de presidencia.

El calendario ofrece todavía esa posibilidad para que el Gobierno logre poner en marcha iniciativas in extremis. La disolución de las Cortes el próximo 5 de marzo supondría que todo lo que el Ejecutivo apruebe con ese instrumento tendrá que convalidarse en la Diputación Permanente, el órgano que se hace cargo de la actividad parlamentaria en periodos inhábiles. 

El Ejecutivo quiere llegar a las elecciones con el mayor número de proyectos sociales en marcha y el adelanto electoral dejó algunos planes en el aire. El gabinete presidencial debate sobre qué iniciativas pueden todavía sacar adelante en los minutos de descuento de la legislatura. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha fijado líneas rojas: llevar al Parlamento solo aquellos proyectos que cuenten con los apoyos necesarios para ser aprobados. 

El PSOE no quiere llevarse más derrotas parlamentarias a las puertas de los comicios y en un momento en el que sus rivales le acusan de hacer “electoralismo” por pretender sacar adelante iniciativas en plena precampaña. En toda la democracia, solo se han aprobado una treintena de decretos ley en la Diputación Permanente con las Cortes ya disueltas para la celebración de elecciones.

Esa figura legislativa se reserva para cuestiones de “extraordinaria y urgente necesidad”, aunque todos los gobiernos han abusado de su utilización, ya que simplifica la tramitación parlamentaria. 

Con la convocatoria de elecciones, todas las proposiciones de ley que están en tramitación decaen en el momento en el que se disuelven las Cortes. El Gobierno aprovechará, no obstante, el fin de mandato para salvar algunas iniciativas por la vía rápida. “El Gobierno está hablando ya con los grupos parlamentarios”, aseguran fuentes socialistas. 

Sánchez anunció su intención de recuperar el subsidio para desempleados mayores de 52 años así como la cotización para las cuidadoras de personas dependientes antes de las elecciones. “Hay que explicar todo lo que se ha paralizado por el PP y Ciudadanos. Quienes votaron no a los presupuestos, que se lleven la vergüenza de que su rechazo conlleva, por ejemplo, que los parados de larga duración no tengan reconocido ese derecho”, anticipó en el mitin donde realizó el anuncio y que fue el primero tras su comparecencia para convocar elecciones. 

Blindar la igualdad antes del 8M

El Gobierno también ha acelerado la aprobación de medidas en materia de igualdad ante la cercanía del 8 de marzo. Vicepresidencia del Gobierno, que aglutina la cartera de Igualdad, trabaja contra reloj en un decreto con las medidas de igualdad laboral que prometió el PSOE hace un año: la obligatoriedad de que las empresas publiquen los salarios por sexos o los planes de igualdad en empresas de más de 50 trabajadores. 

Fuentes del Ejecutivo explican que la idea es llevar el decreto al Consejo de Ministros del 1 de marzo, pero admiten que depende de contar con el mayor consenso posible de los agentes sociales, de quienes esperan aportaciones al borrador, y del apoyo de los grupos parlamentarios de forma mayoritaria. Si no dan los números, el Gobierno no quiere jugársela, según confirman a eldiario.es varias fuentes gubernamentales. 

Otro de los objetivos del Ejecutivo de Sánchez es eliminar los aspectos más dañinos de la reforma laboral del PP. “Este Gobierno en el tiempo que tenga va a seguir, aunque sea por la vía del real decreto ley, recuperando derechos”, apuntó la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio. 

Valerio apuntó unos días después cuatro medidas en las que el Gobierno llegó a acuerdos con las organizaciones de trabajadores en la mesa de diálogo social hace meses, aunque sin que se sumaran los empresarios: la recuperación de la supremacía del convenio del sector sobre el de empresa –“en algunos aspectos”, según dijo–, el restablecimiento de la ultraactividad de los convenios colectivos (su prórroga cuando concluye su vigencia sin que haya acuerdo sobre uno nuevo), la reforma de la subcontratación y, además, un registro obligatorio de la jornada laboral.

La previsión del Ejecutivo es aprobar esas iniciativas en el Consejo de Ministros para que las ratifique el Congreso siempre y cuando tenga el respaldo de la Diputación Permanente. En estos ocho meses, buena parte del departamento de Trabajo y de la negociación de Rafael Simancas con el PDeCAT ha perseguido lograr puntos de entendimiento en esa materia. A pesar del avance, el acuerdo todavía no estaba cerrado. 

Otra de las medidas en las que se está trabajando es en la regulación del mercado del alquiler. Las negociaciones continúan con Unidos Podemos, con quien el Ejecutivo mantuvo una reunión este miércoles para intentar avanzar. La formación de Pablo Iglesias rechazó en el Congreso un decreto con el que el Ministerio de Fomento aumentaba los contratos de alquiler de tres a cinco años (siete en el caso de personas jurídicas) para proteger a los inquilinos, pero no contemplaba una limitación de los precios, que es una exigencia del grupo confederal. En los últimos días se han producido avances, pero ese sigue siendo un escollo y José Luis Ábalos tiene claro que no planteará una nueva normativa si no cuenta con los apoyos suficientes. 

El temor de los socialistas es que Unidos Podemos vaya a un planteamiento de máximos ante la cercanía de las elecciones y recuerdan que las dos formaciones no gozan de la mayoría suficiente para sacar iniciativas en solitario, por lo que deben contar con la connivencia de otros grupos –generalmente ERC, pero también PDeCAT y PNV, fuerzas conservadoras–. El PSOE apuesta por llegar, al menos, a acuerdos intermedios incluso en la recta final de la legislatura.