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El Gobierno y Unidos Podemos acercan posturas para aprobar una reforma del alquiler antes de acabar la legislatura

Este miércoles se ha celebrado una reunión de cargos políticos para hablar del alquiler, el tercer encuentro desde que el primer decreto fuera derogado en el Congreso por no incluir límites a la subida de precios 

Este punto del control de rentas sigue dificultando el acuerdo, aunque ha habido avances en otras materias

Comunes: levantarse de la mesa solo beneficiaría a la derecha reaccionaria

La portavoz de Vivienda de Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea, Lucía Martín EFE

El Gobierno y Unidos Podemos continúan su acercamiento para tratar de salvar las medidas de reforma del mercado del alquiler antes del inminente fin de la legislatura. Este miércoles ha habido una reunión de cargos políticos en la sede del Congreso de los Diputados. Se trata del tercer encuentro desde que se retomaron las conversaciones tras el fiasco de la convalidación del primer decreto. Ha habido avances, pero el control de las subidas de precios continúa siendo un escollo.

El primer decreto fracasó por la negativa del grupo confederal a dar su apoyo a un texto que incluía el alargamiento de los contratos y daba más facilidades a los ayuntamientos para invertir en vivienda, pero no contenía los límites de subida de precios del alquiler. En aquel momento, el Ministerio advirtió de que renunciaba a aprobar un nuevo decreto y que prefería el desarrollo de las medidas a través de un proyecto de ley. La posterior convocatoria anticipada de elecciones podría haber cambiado este criterio. 

Las negociaciones entre las partes se retomaron hace dos semanas. La idea que surgió de estas reuniones, y que aceptaba Unidos Podemos, era que los límites de precios se incluyeran en los Presupuestos de 2019. Pero este camino está cerrado una vez que las cuentas para el año que viene han sido rechazadas ya en el trámite de votación de las enmiendas a la totalidad. 

El Ministerio estaría ahora abierto a la opción de que se aprobase otro decreto siempre que se garantizase su convalidación en la diputación permanente (el órgano de representación parlamentaria que sustituye al pleno del Congreso en periodos inhábiles, como el que comienza en breve cuando se disuelvan las Cortes el día 5 de marzo).  

Esta semana, el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, explicaba que no descartaba la aprobación de este nuevo decreto. "El presidente del Gobierno y el ministro han dicho que vamos a gobernar hasta el último minuto porque hay urgencias sociales y miles de ciudadanos que necesitan de una política social", afirmó.

En cuanto a los índices de precios, Saura señaló que es una decisión que debería depender de ayuntamientos y autonomías. En el pacto presupuestario que firmaron en octubre el Gobierno y Unidos Podemos, se especificaba que esta medida se desarrollaría a lo largo de 2019.

Pero en todo caso, el Gobierno insiste en que la regulación de precios no puede incluirse en un real decreto porque afecta al derecho a la propiedad, y que solo se puede desarrollar vía proyecto de ley. Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea no comparte este criterio y cree que debe introducirse ya.

Con la competencia de regulación de precios de alquiler en manos de los gobiernos locales y regionales, Fomento defiende un planteamiento similar al que mantiene en relación a la regulación de los vehículos de alquiler con conductor (VTC). Este esquema competencial exigió la aprobación de un decreto específico, que es lo que reclama Unidos Podemos para el alquiler.

Vuelta a la ley de 2013

El Gobierno aprobó en Consejo de Ministros el pasado diciembre un real decreto que no incluía la potestad para CCAA y ayuntamientos de limitar las subidas de precios del alquiler, motivo por el que Unidos Podemos, así como ERC, votaron en contra del texto. El rechazo de PP y Ciudadanos, por otros motivos, supuso su caída. Votaron a favor PSOE, Coalición Canaria, Compromís, PDeCAT y PNV.

La derogación del decreto supuso la vuelta a las condiciones de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 2013, tras poco más de un mes en el que estuvieron en vigor contratos de cinco o siete años (frente a los tres actuales) o la limitación de las fianzas. Los contratos que se firmaron en ese periodo sí han quedado sujetos a las condiciones ahora revocadas. 

Desde el primer momento, la voluntad de Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea ha sido redactar junto al Gobierno un nuevo decreto con el que se sientan más cómodos. Su relato es que el anterior lo aprobaron sin avisarles, cuando estaban aún abiertas las negociaciones. "Su Gobierno ha decidido sentarse a hablar seriamente con nosotros en los últimos días. Hemos avanzado más en dos tardes que en dos meses", dijo Lucia Martín a José Luis Ábalos desde la tribuna el día de la derogación. "Hoy votaremos en contra, y sin embargo nuestro voto no busca humillarles, ni hacerles daño ni deshacer la mayoría de progreso de la moción de censura", añadió.

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