El PP tendrá que decidir si Soria da explicaciones por la adjudicación del estand de Paradores en Fitur
El Partido Popular tiene en sus manos decidir si el máximo responsable político de Paradores, el ministro de Industria y Turismo, José Manuel Soria, da explicaciones o no por la adjudicación del estand que la empresa pública colocó en Fitur. eldiario.es reveló que el contrato, valorado en 120.000 euros, se concedió a la compañía de la esposa del director general de Paradores, Juan José Zaballa.
Los socialistas, cuya solicitud de comparecencia del ministro se debatirá en la Diputación Permanente, consideran que Soria no debería haber esperado a que un grupo político pidiera explicaciones, ya que es un asunto de “una enorme gravedad”. No obstante, la diputada Carmela Silva señala que no tiene “ninguna duda de que el PP rechazará esta iniciativa”: “Siempre miran a otro lado en temas de corrupción”, ha apuntado. En ese caso, llevarán a cabo más iniciativas para evitar que el tema caiga en el “olvido”, aunque para esto habría que esperar hasta mediados de febrero, cuando el Parlamento retome su actividad habitual.
Paradores adjudicó a la empresa de la que es propietaria la esposa del número dos de la entidad pública el estand de Fitur, que costó 120.000 euros, un 46% más que en la edición anterior. El director general, Juan José Zaballa, niega haber participado directamente en la decisión. Sin embargo, Zaballa dirige la mesa de contratación que benefició a su esposa y la candidatura pasó por sus manos en dos ocasiones antes de que ganara el concurso, pese a que había otras ofertas más baratas.
“Suena mucho a lo del Jaguar en casa de Ana Mato, que ella no sabía nada. Él es director general y tampoco sabía nada”, expresa la diputada socialista. “Es una muestra más de la corrupción del PP”, añade. El PSOE también ha pedido las comparecencias de la secretaria de Estado de Turismo, Isabel María Borrego, y de la presidenta de Paradores, Ángeles Alarcó, “responsables políticas” del director general, “un hombre de confianza del PP y de Montoro”. Izquierda Unida ha pedido que el Gobierno explique por escrito cómo fue el procedimiento de adjudicación.
Postura de la Fiscalía en el caso Blesa
Entre las 20 peticiones que se debatirán en la Diputación Permanente, destaca el intento de la Izquierda Plural de que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, comparezca en la comisión de Justicia para rendir cuentas por la actuación del Ministerio Público en los casos de corrupción. El líder de IU, Cayo Lara, ha señalado que el grupo parlamentario pide explicaciones por la postura de la Fiscalía en el caso Blesa y en el de la infanta Cristina. “No entendemos que se ponga del lado de los imputados en vez de parte de los jueces”, ha señalado Lara, que ha recordado que la institución debe velar por el interés ciudadano.
PSOE e Izquierda Unida pidieron a Torres-Dulce que actuara de oficio por los correos de Blesa al considerar que algunos contenidos podían incurrir en presuntos delitos. La Fiscalía sólo ha tomado una medida al respecto y ha sido pedir que se investigue la filtración de los mensajes, así como señalar la posibilidad de que su “mera difusión” pueda tener “encaje penal”.
En el caso de la investigación que afecta al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, por el crédito a Gerardo Díaz Ferrán y la supuesta compra irregular del City Bank of Florida, la Fiscalía impulsó una querella contra el juez instructor de la causa, Elpidio José Silva, al considerar que había prevaricado, es decir, que había adoptado decisiones injustas a sabiendas, entre ellas, enviar en dos ocasiones al exbanquero a la cárcel. Silva se enfrenta a la expulsión de la carrera judicial y a 20 años de prisión.
En el caso de la infanta Cristina, el fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach, se opuso a la imputación de la hija del rey incluso antes de que el juez José Castro preguntara a las partes. El fiscal acusó al magistrado de “conspirar” contra la infanta.
El PP tendrá que postularse sobre las peticiones de comparecencia de otros nueve ministros, entre ellos, Ana Pastor –por la decisión de Fomento de recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto antidesahucios aprobado en Andalucía– y José Ignacio Wert, para que informe de la reducción a seis meses de la duración de las estancias del programa Erasmus para los becarios españoles.
