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PSOE y Unidas Podemos pugnan por la autoría de las medidas más sociales de los Presupuestos

Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en una reunión previa al Consejo de Ministros este jueves.

Una vez sorteados los últimos escollos de la negociación presupuestaria y de la ley de vivienda, de tener listos los Presupuestos para la recuperación, los primeros que gestionarán ya ayudas europeas, los socios de la coalición se han lanzado a la batalla del relato. Más allá de la "sintonía" dentro del Gobierno que ha destacado la vicepresidenta, Yolanda Díaz, o el fortalecimiento que supone para el Ejecutivo aprobar las cuentas públicas con mayores inversiones de la historia, PSOE y Unidas Podemos pugnan por atribuirse el mérito de las medidas más sociales que incluyen las cuentas. 

Los Presupuestos de 2022 contemplan un récord histórico de inversiones y de gasto social

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Pedro Sánchez golpeó primero. Tras anunciar el acuerdo, se fue al Foro Urbano celebrado en Sevilla y avanzó la creación de un bono joven de 250 euros mensuales durante dos años para vivienda en alquiler. La medida no la conocían en Unidas Podemos, que incluso ha dudado de su efectividad. "Estudiaremos la medida y le trasladaremos al PSOE lo que consideremos. Me preocupa que las ayudas en el fondo sean una vía para que los arrendadores suban el precio y no solo no ayudemos a los jóvenes sino que, además, todo el mundo se vea perjudicado porque el conjunto de los alquileres del país puedan subir como consecuencia de esas ayudas", dudó en voz alta la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra.  

Fuentes de la parte socialista del Gobierno admiten que sus socios no conocen todo el proyecto de presupuestos. "No tienen toda la información. Tienen la de sus ministerios y si se interesan por alguna cuestión", explican.

Unidas Podemos también había pisado el acelerador para sacar pecho en materia de vivienda atribuyéndose sus logros finales: la fijación de un tope a los precios del alquiler de viviendas de grandes propietarios, el recargo del 150% del IBI para pisos vacíos, la congelación de precios y los incentivos fiscales para los pequeños propietarios que bajen los precios –una propuesta aceptada a los socialistas– o la reserva del 30% de todas las promociones para vivienda protegida, que Belarra dio por hecho que será obligatoria mientras que el Ministerio de Transportes lo maneja como posibilidad. 

Algunas de esas medidas, en realidad, quedan a merced de lo que decidan las comunidades autónomas y los ayuntamientos que tienen las competencias para aplicarlas. Isabel Díaz Ayuso, José Luis Martínez-Almeida e incluso Begoña Villacís ya han dicho que con ellos no cuenten para adoptar desde sus administraciones medida que pueda molestar a los grandes propietarios.

En la tarde del miércoles, un día después del acuerdo, desde Unidas Podemos se aseguraba que habían logrado "incluir en la Ley de Vivienda la prohibición de la venta de vivienda pública, que no podrá ser recalificada en ningún caso". El PSOE se revolvió y defendió que esa medida la había anunciado José Luis Ábalos el pasado junio, cuando aún estaba al frente del Ministerio. "Es uno de los presupuestos fundamentales que nos motivó a trabajar el proyecto de ley de vivienda, que es garantizar la función social de la vivienda y muy especialmente impedir la enajenación del parque público", afirmó entonces Ábalos una entrevista en la Cadena SER. Fuentes socialistas aseguran que la idea la puso sobre la mesa "hace meses" el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, que ha sido uno de los principales negociadores hasta que entró en la jugada el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. 

La vivienda no ha sido el único logro que se disputan las dos alas de la coalición. La pugna por llegar a los jóvenes y al mundo de la cultura la protagonizaron Sánchez y Díaz. La vicepresidenta segunda anunció en un acto coincidiendo con el día del cine la aprobación de un bono de 400 euros para los jóvenes de 18 años que podrán consumir en industrias culturales. Sus palabras pasaron casi desapercibidas y los titulares los acaparó el presidente que formuló el mismo anuncio en una rueda de prensa en Eslovenia poco después. 

El Ministerio de Trabajo, posteriormente, publicó las declaraciones de Díaz en Twitter. Y Belarra remató. "El acuerdo de presupuestos incluirá un bono cultural joven a propuesta de Unidas Podemos", expresó en la misma red social. En un par de ocasiones desde Unidas Podemos han insistido en que esa medida era una de sus iniciativas, a pesar de que fuentes socialistas aseguran que la idea se la planteó la responsable de Hacienda, María Jesús Montero, a Miquel Iceta. En la misma línea, estas fuentes sostienen que el bono cultural era una de las cuestiones que sí conocía el socio minoritario.

Precisamente, en el bono cultural se ha registrado la primera rectificación del Gobierno sobre los presupuestos. El Ministerio de Cultura aseguró que la tauromaquia estaría incluida en los sectores que los jóvenes podrían disfrutar del bono al tratarse en España de una actividad cultural. Uno de cada 10 jóvenes de 15 a 19 años iban antes de la pandemia a los toros, según los últimos datos disponibles de la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales 2018-2019 del Ministerio de Cultura, recogidos por Europa Press.

Para Unidas Podemos era "prioritario" que la tauromaquia se desvinculase de esa medida, indican fuentes de la coalición. Iceta explicó que se tiene que desarrollar la iniciativa para establecer los productos o servicios en los que se podrá realizar la inversión, pero Montero ha cerrado la puerta a que sea en los toros. "El sector de la tauromaquia se queda fuera", ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario. 

Esta decisión no solo ha generado tensión en la coalición, también puede abocar al Gobierno a un conflicto judicial, después de que la Fundación Toro de Lidia haya anunciado que llevará esta medida a los tribunales porque consideran que se ha cometido "una discriminación sectaria, una censura cultural y una falta a la libertad".

No ha sido la única corrección que ha acompañado la presentación de los Presupuestos. Montero ha asegurado que la ayuda para la emancipación "va a estar acotada también por el precio del alquiler en torno a los 600 euros", pero el Gobierno ha reculado posteriormente. Fuentes del Ejecutivo han matizado las palabras de la ministra de Hacienda y han explicado que el bono no tendrá esa limitación de precios. Esos 600 euros a los que se ha referido la ministra, señalan, hacen referencia a las ayudas al alquiler que se incluyen en el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda para 2022-2025. Ese límite puede ampliarse, en función de las circunstancias, hasta 900 euros. Los límites para el bono de vivienda serán la edad (18-35 años), que los beneficiarios tengan trabajo y una renta inferior a 23.725 euros al año.

En un acto celebrado junto a militantes este jueves, Belarra ha puesto nombre a alguna de las cesiones de su formación durante las últimas semanas de negociaciones con los socialistas. "Hemos tenido que renunciar a objetivos que eran importantes para nosotras, la prestación universal por hijo a cargo, los permisos de paternidad y maternidad de seis meses, la eliminación de las tasa morada, la reducción del IVA de las peluquerías y el desbloqueo inmediato de la derogación de la ley mordaza", ha expuesto en la inauguración de la Universidad de Otoño de Podemos, que se celebrará hasta el próximo domingo en Rivas Vaciamadrid.

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Publicado el
7 de octubre de 2021 - 22:05 h

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