Las relaciones que Hacienda no ve entre las donaciones al PP y las adjudicaciones de contratos

La Intervención General del Estado (IGE), dependiente de Hacienda, ha remitido un informe al juez Pablo Ruz en el que asegura que no es posible establecer una relación directa entre las donaciones anotadas en la supuesta contabilidad B del PP, los conocidos como papeles de Bárcenas, y las adjudicaciones realizadas por administraciones gobernadas por los conservadores a las empresas que constan en dichos papeles.

El informe había sido encargado por el juez hace más de un año, al inicio de la investigación, para estudiar la posible “existencia de una posible correlación temporal” entre los donativos al Partido Popular y las adjudicaciones de hechas por administraciones de ese partido.

“En relación a adjudicaciones de contratos concretos no existen informaciones suficientes en el expediente que permitan pronunciarse sobre la existencia o no de estas correlaciones o vinculaciones” sentencia la IGE, que ha analizado las donaciones que 15 empresas constructoras y de servicios que aparecían en los manuscritos del extesorero Luis Bárcenas realizaron entre los años 2002 y 2009.

Hace un año y medio, en febrero de 2013, la redacción de eldiario.es cruzó los apuntes de las donaciones de los papeles de Bárcenas con las adjudicaciones realizadas por administraciones gobernadas por los conservadores a empresas que constaban en las anotaciones, por un montante total de de 6.600 millones de euros.

El 25 de mayo de 2003, durante el Gobierno de Aznar, Luis Bárcenas apuntó en sus papeles un supuesto donativo de 18.000 euros a nombre de Juan Manuel Fernández Rubio, vicepresidente de la constructora Adelsa. Al día siguiente, Adelsa recibió una adjudicación de 1,3 millones de euros firmada por el Ministerio de Medio Ambiente.

El 15 de octubre de 2004, el Ayuntamiento de Madrid adjudicó a OHL la construcción de una nueva salida a la M-30. Fueron 25 millones de euros. Cuatro días después, el 19 de octubre, aparece en los papeles de Bárcenas el nombre del presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, con un donativo de 100.000 euros.

El 17 de noviembre de 2003, el nombre de José Luis Sánchez aparece como donante de 100.000 euros al PP, según los papeles de Bárcenas. Sánchez es el presidente de la constructora Sando. Tres días después, su empresa logró un tramo de la A-42 por valor de 691.685 euros.

Son solo tres ejemplos, pero los hay por decenas: gran parte de los donativos que supuestamente recibió el PP –según aparecen en los papeles atribuidos a Luis Bárcenas por el diario El País– coinciden en las fechas de forma casi milimétrica con adjudicaciones públicas de administraciones gobernadas por el Partido Popular.

La redacción de eldiario.es cruzó las fechas de los supuestos pagos al PP con la información relativa a los contratos públicos que recibieron las empresas citadas en los papeles del extesorero Luis Bárcenas. Los gráficos que acompañan este informe utilizan como fuente esos papeles, publicados por El País, y los distintos boletines de la administración donde se recogen las adjudicaciones públicas. Según la ley electoral, ninguna empresa que contrate con la Administración puede realizar donación alguna a un partido político.

Dos nombres propios de constructores brillan por sí mismos en los papeles de Bárcenas. Según los documentos publicados por El País, los empresarios Luis del Rivero y Juan Miguel Villar Mir habrían dado diversos donativos al extesorero popular. A diferencia de otros apuntes realizados por Bárcenas, en este caso las anotaciones están recogidas con nombre propio (aunque Villar Mir tiene una empresa homónima).

En el caso de Villar Mir, los pagos sobrepasan el medio millón de euros en tres anotaciones. El primero, siempre según estos papeles, tuvo lugar el 19 de octubre, apenas cuatro días después de quedarse con uno de los accesos de la M-30 en Madrid, valorado en 25 millones de euros.

Los otros dos abonos no tienen una relación en el espacio-tiempo tan definida. El tercer pago es el más elevado, 250.000 euros, y se realiza en un momento en el que OHL se queda con la construcción de líneas ferroviarias del cercanías de Madrid.

La aportación total de Luis del Rivero, que hace ya más de un año que abandonó la dirección de Sacyr, es de 380.000 euros, según los supuestos apuntes de Bárcenas. El primer donativo, del 15 de septiembre de 2004, tiene un importe de 120.000 euros y se realiza una semana después de la adjudicación de las obras de prolongación del Metro de Madrid. El contrato de Sacyr supera los 150 millones de euros.

Los otros pagos están fechados en 2006 y 2007. Solo en 2006, los contratos en obra pública adjudicados a Sacyr superaban los 1.220 millones de euros en España.

La redacción de eldiario.es se puso en contacto con estas empresas, que negaron tajantemente la veracidad de estos pagos.

Otra de las empresas que figuran en los papeles es Rubau, a priori desconocida para el gran público. Esta constructora tiene su origen en Girona y tiene ya una cartera considerable en el extranjero. Junto a su nombre aparece el de Antonio Vilella, un empresario que ha tenido relación con la constructora, aunque ésta no aclara el cargo que ocupó en la época de los abonos. Bajo la rúbrica de Vilella hay apuntados dos pagos de 50.000 euros muy próximos en el tiempo, el 1 y el 11 de marzo. En esa fecha la empresa gerundense se llevó una adjudicación (en colaboración con otra empresa) de un tramo de la Autovía A-23 por valor de 52 millones de euros. Desde la empresa niegan también cualquier relación con estos donativos.

Entre 2000 y 2004, Constructora Hispánica recibió 703 millones de euros en contratos públicos adjudicados por administraciones en manos del PP. En los estadillos de cuentas atribuidos a Bárcenas figuran constantes entradas de dinero procedentes de Alfonso García Pozuelo, entonces consejero delegado de la constructora. García Pozuelo, imputado en la Operación Gürtel, ha vuelto recientemente a las portadas de los diarios tras saberse que se trata de uno de los beneficiados de la amnistía fiscal impulsada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

En este caso, llama la atención la cercanía de fechas entre los supuestos pagos a Bárcenas y las adjudicaciones recibidas por las administraciones gobernadas por el PP. Constructora Hispánica fue la encargada de construir la estación del AVE en Zaragoza. La licitación de esa obra data de noviembre de 2000. Según la documentación que refleja la supuesta contabilidad B en el PP, en esas mismas fechas García Pozuelo entregó a Bárcenas 30.000 euros. En junio de 2000, Hispánica consiguió la adjudicación de la plataforma de un tramo de AVE entre Lleida y Barcelona. Es un gran contrato: 28 millones a repartir con otra empresa, Copisa. Sólo un mes después, según los papeles del extesorero del PP, Alfonso García Pozuelo entregó 12.000 euros al PP.

La concatenación de presuntos pagos al PP y suculentos contratos públicos es constante en el caso de esta compañía. La mayor parte de las adjudicaciones de Hispánica proceden del ministerio de Fomento, en la época en la que Francisco Álvarez Cascos estaba al frente de esa cartera. Alfonso García Pozuelo es viejo amigo de Cascos: estudiaron juntos la carrera de Ingeniería de Caminos. Las cantidades que Hispánica entrega presuntamente a Bárcenas parecen ridículas comparadas con la cuantía de los contratos obtenidos, pero son constantes en los alrededores de las fechas de adjudicación. Sin embargo, algo cambia en 2003: las cantidades empiezan a aumentar. Ese año, Hispánica resulta adjudicataria de numerosos contratos públicos en UTE con otra empresa llamada Copisa. Según los papeles de Bárcenas, publicados por El País, solo entre marzo y mayo de 2003 Copisa habría entregado al PP un total de 200.000 euros.

Alfonso García Pozuelo fue también, hasta noviembre de 2009, administrador único de EOC de Obras y Servicios. Esta empresa, con domicilio fiscal en Málaga, ha recibido múltiples adjudicaciones en el Ayuntamiento de Pozuelo, en los años en los que Jesús Sepúlveda, exmarido de la ministra Ana Mato, era el alcalde de la ciudad.

En Pozuelo, la constructora Hispánica también recibió contratos superiores a los 4,5 millones de euros de la Sociedad Urbanística Municipal (Sumpasa). Juan Carlos Bárcenas, hermano de Luis Bárcenas, era por entonces uno de los consejeros de esa empresa municipal.

Antonio Fernández Rubio, consejero delegado de Aldesa Construcciones, figura con reiteración en los estadillos supuestamente elaborados por Luis Bárcenas. Sus adjudicaciones también coinciden en el tiempo con esas presuntas aportaciones a las cuentas del PP que figuran en los papeles de Bárcenas.

El 20 de febrero de 2003, Aldesa recibe una adjudicación de varias remodelaciones urbanas en el Ayuntamiento de Madrid por más de 11 millones de euros. Unos días antes, el 6 de febrero, el máximo responsable de esta compañía habría ingresado 18.000 euros en las cuentas de Bárcenas.

Un mes después la historia se repite: es 7 de abril y Aldesa recibe una adjudicación dependiente del Gobierno de Aznar por valor de 343.103 euros. Solo dos semanas después, el 24 de abril de 2003, Bárcenas vuelve a recibir un ingreso de 18.000 euros que abona el consejero delegado de la compañía, siempre según figura en los papeles difundidos por El País.

Seguimos en 2003. El 25 de mayo de ese año, Rubio realiza otro ingreso de 18.000 euros. Al día siguiente, su empresa recibe una nueva adjudicación: 1.334.766 euros del Ministerio de Medio Ambiente para la remodelación del paseo marítimo de Pineda de Mar.

El 2 de julio de 2003, Rubio entrega 30.000 euros a Bárcenas; seis días después, Aldesa recibe 2.436.008 euros de la Confederación Hidrográfica del Sur.

El 10 de diciembre de 2003 Aldesa resulta adjudicataria, junto con otras dos compañías para la construcción de varias obras ferroviarias por un importe de 47.267.958 euros. Ese mismo día Bárcenas recibe de Rubio otros 24.000 euros.

Poco antes de las elecciones de marzo de 2004 las aportaciones económicas entregadas por el consejero delegado de Aldesa al PP aumentan considerablemente y continúan estando relacionadas con adjudicaciones públicas. El 8 de enero, Aldesa decide formar UTE con Begar, una empresa vinculada a la trama Gürtel. Ambas compañías ganan el concurso para la realización de obras en la cuenca del Duero por importe de 18.290.174 euros. Cuatro días después, Bárcenas recibe su ingreso: 24.000 euros. El remitente vuelve a ser Aldesa.

A partir de esa fecha, las anotaciones atribuidas al extesorero del PP registran nuevos ingresos. 48.000 euros a principios de febrero y otros 48.000 euros el 8 de marzo, a las puertas de las elecciones que volvió a perder Mariano Rajoy frente a José Luis Rodríguez Zapatero.

El año 2002, bajo la presidencia de Manuel Contreras Ramos, la empresa de construcción ferroviaria fundada en 1925 por Manuel Contreras Graciani se transforma en Grupo Azvi. Como consecuencia, explican en su propia página web, “de la evolución de Azvi hacia la diversificación” a “todas las áreas de construcción en general, especialmente autovías y carreteras, alta velocidad, hidráulicas y medioambientales, puertos y aeropuertos”. Un año después aparecen los primeros apuntes en el “Debe” de los papeles de Bárcenas a nombre de M. Contreras, y que el propio diario El País, que publicó la lista, atribuye a Manuel Contreras Ramos y a su hijo Manuel Contreras Caro. Curiosamente, las fechas de dichos apuntes coinciden con diversas adjudicaciones de obra pública al entonces recién diversificado Grupo Azvi: obras de autovías, alta velocidad, medioambientales…

Desde Azvi aseguran que “no tienen nada que contestar” a la coincidencia de los apuntes con las adjudicaciones de obras, ya que no tienen “nada que ver, ni con los papeles de Bárcenas, ni con los pagos, ni con los cobros. No podemos hablar sobre temas que no nos incumben”. Como por ejemplo que el 17 de marzo de 2003 resulte adjudicataria de un tramo de autovía entre Castellón y Teruel por casi 71,6 millones de euros y aparezca un pago de 60.000 euros justo dos semanas después, el 2 de abril. Lo mismo ocurre en junio de ese año, con la construcción del tramo del AVE León-Asturias y, en octubre, con los proyectos de obra de depuradoras en el entorno del Parque Nacional de Doñana. Los dos años siguientes vuelven a coincidir pagos y concesiones. En 2004, Azvi se hace con la construcción y explotación de tres aparcamientos en Jerez de la Frontera, base política del tesorero del PP andaluz, Aurelio Romero. Y en 2005 consigue en Madrid la infraestructura de la línea de metro ligero de Colonia Jardín a Boadilla del Monte.

Hay más coincidencias. Los dos empresarios que suman las mayores aportaciones a las listas manuscritas de Bárcenas son andaluces. El otro es el promotor malagueño y presidente de Sando, José Luis Sánchez.

Sando Proyectos Inmobiliarios supone otro caso donde las supuestas donaciones y las adjudicaciones se solapan de forma más evidente. Según los papeles de Bárcenas, esta empresa, a través de su presidente José Luis Sánchez, realizó varias donaciones de 100.000 euros. Cada uno de estos ingresos coincide en el tiempo con una adjudicación pública.

José Luis Sánchez entregó 100.000 euros al PP en junio de 2003. Un mes después, el 25 de julio, recibió una adjudicación ferroviaria por valor de 125.423.073 euros. El 17 de noviembre de ese mismo año, el presidente de Sando entrega otros 100.000 euros; tres días después logra un tramo de la A-42 por valor de 691.685.

La historia se repite en febrero de 2004. El 9 de ese mes, Sando resulta ganadora en la adjudicación de otro tramo de la A-42. Solo 15 días más tarde, Bárcenas recibe otro ingreso de 100.000.

Siempre según los papeles de Bárcenas, en junio de 2004 Sando vuelve a ingresar 100.000 euros en las cuentas controladas por el extesorero. Al mes siguiente, el Ayuntamiento de Madrid le adjudica trabajos en la M-30 por valor superior a los 24 millones de euros.

Esta relación causa efecto se sigue repitiendo hasta 2007. A finales de mayo de ese año se produce un nuevo envío de 100.000 euros a la cuenta de Bárcenas. El 12 de junio, nuevo contrato público: Reformas y acondicionamiento de parques en Madrid por importe de 306.300 euros.

Desde eldiario.es intentamos recabar la versión de la constructora Sando Proyectos Inmobiliarios. Tampoco responde. La compañía se remite a su comunicado emitido el día en que se publicaron las listas: “Ni el señor Sánchez Domínguez, ni representante alguno de Sando, ha entregado cantidad alguna al Partido Popular ni al señor Bárcenas”.