145 millones de recetas menos es un motivo de orgullo para Sanidad

Casi 145 millones de recetas facturadas menos, un ahorro de 1.976,4 millones de euros y un descenso medio del gasto mensual del 18%. Este es el balance que el Ministerio de Sanidad ha hecho tras cumplirse un año de la implantación del copago farmacéutico, que se puso en marcha en junio de 2012. Un balance “positivo”, según declaró la ministra Ana Mato el martes a su salida del Consejo Interterritorial, pero que esconde diferentes interpretaciones.

De esos casi 2.000 millones de ahorro en el gasto farmacéutico, Mato no ha sabido precisar qué cantidad ha corrido a cargo de los consumidores. El consejero de Sanidad de Asturias, precisamente una de las comunidades que más ha ahorrado, un 21,69%, Faustino Blanco, lo tiene claro: “La reducción del gasto de farmacia se ha producido a costa de trasladar una parte mayor del gasto sanitario a los ciudadanos, de modo que las medidas implantadas han podido provocar que algunos pacientes se hayan visto obligados a prescindir de medicación por carecer de medios económicos”.

Entre esas medidas se encuentra otra que podría haber repercutido en el descenso del número de recetas. Según la Consejería asturiana, en junio de 2012 Sanidad retiró a los médicos la capacidad de recetar un total de 425 medicamentos, lo que impide cuantificar “cuánto se paga por los fármacos que se han dejado de prescribir”.

En la misma línea se ha manifestado el portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, quien asegura no poder hacer una valoración positiva porque “el perjuicio para la población no compensa el ahorro”. En ese sentido, la organización de defensa de los derechos de los consumidores explica que “que el Ministerio haya pagado menos no significa que ahorremos, ya que el ciudadano paga de su bolsillo”. Además, “quitando lo público, siempre se ahorra, pero el sistema está pensado para dar una serie de prestaciones”.

“Muchísimas quejas”

Sánchez denuncia también las “muchísimas quejas” que ha recibido FACUA, sobre todo, “de muchos pensionistas que no compran los medicamentos porque no tienen para pagarlos, aunque los necesitan”. Una situación que tiene otras consecuencias negativas: “Muchos van al médico a que les receten y en muchos casos en la consulta les detectan otras dolencias. Si dejan de ir, esas dolencias no se detectan, por lo que todo revierte en negativo”.

En cuanto a la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), su presidente, Fernando Móner, propone que se ahorre de otras maneras, como encaminando a los usuarios hacia los medicamentos más baratos de entre los que tienen la misma utilidad. “El copago debe ser la última posibilidad. Hay que crear un sistema de salud eficaz y, una vez que se hayan tomado las medidas oportunas, si hace falta que el ciudadano pague uno, dos o diez euros lo valoraremos, pero primero que se haga”, sostiene.

El presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), Fernando Redondo, ha reconocido que “los datos son indiscutibles, porque quien los recaba es el Ministerio”. Sin embargo, ha asegurado que, desde el punto de vista sanitario, lo interesante sería establecer una comparativa entre las recetas prescritas, las que el médico entrega a sus pacientes, y las facturadas, las que se venden en las farmacias. Solo así podría saberse cuántas personas que necesitaban un medicamento no lo han comprado.

“Habrá que ver qué cantidad de ahorro corresponde a los ciudadanos, cuántos ciudadanos no compran los medicamentos recetados y cuántos prefieren comprarlos directamente porque la diferencia entre hacerlo con o sin receta es muy pequeña y así no pierden la mañana en el médico”, ha dicho Redondo, que asegura que con las rebajas de márgenes y las distintas órdenes de precios de referencia, el sector farmacéutico “está tocando fondo”.

Las menos ahorradoras

Entre las comunidades menos ahorradoras en este sentido Sanidad apunta directamente a dos: Andalucía, con una reducción del 13%, y País Vasco, con el 4,49%. El Ministerio omite en su balance que esta última comunidad no ha aplicado el copago hasta este 1 de julio, obligada por un auto del Tribunal Constitucional que anuló el decreto del Gobierno autonómico, con el que pretendían esquivarlo. “Nosotros no hemos tenido copago y, aún así, hemos ahorrado”, señalan desde la consejería vasca.

Pese a todo, Mato reconoce el esfuerzo que el copago ha supuesto para muchas familias, pero se ha felicitado porque “unos 850.000 parados y sus familias no han tenido que pagar nada cuando antes pagaban el 40%”. Además, la ministra ha indicado que se ha cumplido el objetivo de acabar con la práctica de “acumular medicamentos que no se consumen”.