Los aliados del Gobierno critican el acuerdo para el Poder Judicial pactado por PSOE y PP

El debate sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía pactada por PSOE y PP ha evidenciado la enorme división entre los socialistas y los aliados que permitieron que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa. La portavoz parlamentaria de Junts, Míriam Nogueras, ha sido muy crítica con un acuerdo que, a su juicio, permite que siga habiendo “jueces justicieros constituidos en una mafia togada” y ha pedido “mecanismos de protección contra Marchenas, Llarenas y Aguirres”, en alusión a los magistrados que se han opuesto a la aplicación de la amnistía.

A otro magistrado ha aludido su homólogo en ERC, Gabriel Rufián, que ha citado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. “Salvó a [María Dolores de] Cospedal de la Kitchen, a [Esperanza] Aguirre de la Púnica, sacó a Ignacio González de la cárcel, archivó las causas contra el rey, todavía no sabe quién es M.Rajoy (...). El único problema que hay en este país es cuando los jueces no son suyos”, ha sostenido en referencia al PP.

Por otro lado, la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha declarado que el acuerdo suscrito entre los dos grandes partidos “no garantiza que no se repita inaceptable bloqueo [del CGPJ]” y “no va a terminar con el lawfare y va hacer que su carácter antidemocrático perdure en el tiempo”. Por su parte, el diputado del PNV Mikel Legarda ha afirmado que la reforma “no afronta el problema de fondo” y ha reclamado que los cargos gubernativos de los tribunales los decidan los jueces, tal y como ha propuesto el actual presidente interino del órgano de gobierno de los jueces, Vicente Guilarte.

Por Elena Herrera